El artículo 18 del Título III de los Estatutos del Real Murcia está quitando el sueño en los últimos días a los integrantes del consejo de administración del club grana. Según ese punto, la ampliación de capital que se quiere aprobar en la junta que se celebrará este domingo solo podrá someterse a votación si en la sala está representado el 35% del capital social (525.000 euros), y las expectativas de asistencia son poco halagüeñas. Apenas han llegado inscripciones a las oficinas de Nueva Condomina, por lo que se teme que la cifra incluso sea más baja que en la última junta, cuando se quedó en el 29%.
Si no hay quórum, no se podrán someter a votación los puntos del orden del día, entre los que destaca una propuesta para lanzar una ampliación de capital mixta. Por un lado se convertirían en acciones los 800.000 euros que varios empresarios prestaron en diciembre al club para salvar pagos a acreedores del concurso y por otro, se lanzarán títulos por valor de 2,2 millones de euros.
Las alarmas llevan varios días sonando en Nueva Condomina, donde saben la importancia de sacar adelante los distintos puntos del orden del día en la cita del domingo. Además de la mencionada ampliación de capital, el consejo de administración también quiere llevar a cabo distintos cambios en los estatutos para impedir la entrada de un accionista que pueda reunir más del 50% del capital social.
El principal problema está en el dinero que recibió el consejo de administración en el mes de diciembre. Esas aportaciones, entre las que destacan las realizadas por Enrique Roca y el KBussines, suman un total de 800.000 euros. El club, que necesitaba liquidez urgentemente para poder cerrar los últimos acuerdos con los acreedores, se comprometió a que ese dinero sería convertido en acciones en una ampliación de capital que se llevaría en el primer trimestre de este año 2020.
Esa promesa está ahora en el alambre, lo que hace que hayan surgido los nervios en las oficinas de Nueva Condomina, donde saben que si ese dinero no puede ser convertido en acciones, los implicados podrían reclamar sus aportaciones. De no pagarse, pasarían a engordar la deuda de la entidad.
Para buscar una solución, varios integrantes del consejo de administración trabajan ya varias semanas en buscar soluciones. A simple vista la primera opción sería escuchar la petición de Mauricio García de la Vega. El mexicano, con una representación de 178.000 euros dentro del capital social, ha vuelto a solicitar que se inscriban sus acciones. De no atenderle, amenaza con volver a impugnar la Junta, lo que echaría más leña al fuego de una batalla judicial que parece no tener fin.
Entre las acciones de Francisco Tornel (200.000 euros) y las de De la Vega (178.000 euros), a las que se sumarían las de las empresas controladas por el KBussines, llegar al 35% de quórum sería mucho más sencillo. Además, aunque el mexicano votase contra la ampliación, no tendría fuerza, ya que el consejo se podría asegurar que saliese adelante la propuesta si obtiene dos tercios de los votos presentes.
En la última reunión del consejo se estudiaron las distintas alternativas. La opción de inscribir a Mauricio García facilitaría las cosas con vistas a la junta del domingo y además se evitaría una nueva impugnación, sin embargo, de optarse por esta posibilidad, el Real Murcia podría evitar un problema para meterse en otro, y es que esta decisión podría volverse en contra en la batalla judicial que mantiene De la Vega para que anulen el aumento de capital de finales de 2018 y le reconozcan como el dueño del 82% del capital social. Aunque el Mercantil dio la razón al Real Murcia, la pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Provincial, donde los abogados del mexicano podrían aprovechar esta circunstancia para ganar puntos.
Raúl Moro, descartado
Daniel Moreno, consejero del club grana y abogado, y Antonio Rubio, otro de los asesores legales de la entidad, están estudiando todas las opciones para no dar pasos en falso y tomar la decisión correcta. Sobre la mesa también está la solicitud enviada por Raúl Moro, que pide que se le permita entrar a la Junta, al estar su empresa inscrita en el libro de socios. Aunque la petición del extremeño apenas tiene recorrido. Y es que en el club tienen claro, tal y como indicó la jueza del Mercantil en su escrito y como establece el auto del TAS, que Mauricio García es el dueño del paquete accionarial que sigue reclamando el ex presidente murcianista. «Dado el carácter vinculante y de cosa juzgada del laudo arbitral del TAS, resulta que la actora -García de la Vega- es la propietaria de las controvertidas acciones», indicó la juez María Dolores de las Heras.
