«Todo el que ha hecho una aportación, tiene la seguridad de que va a ser accionista del Real Murcia». Así se expresaba Higinio Pérez, secretario del consejo de administración del conjunto grana, en una rueda de prensa celebrada el 29 de noviembre y en la que se daban todos los detalles de la ampliación de capital llevada a cabo por el club murcianista y por la que se habían recaudado casi 1,3 millones de euros. El abogado murciano, que intervino junto al Chema Almela, presidente de la entidad, y otros miembros de la Plataforma de Apoyo al Real Murcia, basó su discurso en defender la legalidad del proceso. «Nadie va a tener inseguridad, porque ya está aquí el Real Murcia para protegerles», continuaba, para insistir una vez más en que «esta ampliación cumple con la legalidad. Todo el mundo va a ser accionista, porque nos vamos a encargar de que toda esa gente tenga seguridad jurídica».
Pocos días después, concretamente el 18 de diciembre, más de veinte mil personas recibían un mail de madrugada en el que se les adjuntaba el certificado que les acredita como accionistas del Real Murcia «una vez que se complete el trámite en el Registro Mercantil». Aunque a continuación las redes sociales se llenaron de fotografías en las que los aficionados posaban felizmente con el título que validaba su condición, varios errores cometidos por la PARMU podrían dejar sin valor casi seis millones de acciones, o lo que es lo mismo, unos veinte mil accionistas del club grana en realidad no formarían parte del capital social de la entidad pese al desembolso del dinero.
Cuando la PARMU asumió el control del Real Murcia el 5 de noviembre, la ampliación de capital, diseñada por Víctor Gálvez, iba a entrar en la tercera fase, en la que cualquier persona podría comprar títulos hasta un máximo de 12.200 euros. Las prisas por dotar de vida a un proceso que hasta ese momento era un auténtico fracaso -solo se habían recaudado 2.700 euros- llevaron al consejo de administración presidido por José María Almela a dar varios pasos en falso que ahora dejan en el aire las acciones adquiridas por 20.000 personas. Dos errores que podrían favorecer la impugnación de toda la campaña de venta de títulos. Y es que los actuales gestores de Nueva Condomina no se han ajustado a los términos publicados el 24 de septiembre en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Veinte días de ser aprobada en junta de accionistas, el BORME daba el pistoletazo de salida a la ampliación dibujada por Víctor Gálvez y con la que se pretendía recaudar 18 millones de euros. El proceso tendría tres fases, comenzando la primera un día después de su publicación en el órgano gubernamental. En ese documento, al que se pudo acceder desde la página web del Real Murcia, aparece un punto clave, el 6, que es el que puede poner en aprietos al actual consejo de administración del Real Murcia.
Víctor Gálvez y su equipo, autorizados por la Junta del 4 de septiembre a establecer las condiciones de la ampliación, decidían que los pagos solo se podían hacer mediante «transferencia o pago directo» a la cuenta abierta por el club para la venta de acciones. Además, se indicaba que para dar validez a las órdenes de suscripción, los pagos deberían llegar a la mencionada cuenta del Banco Santander como máximo cinco días después del cierre de todo el proceso, previsto para el 23 de noviembre.
Pues la PARMU, pese a dar por válidos los boletines de suscripción de acciones, se ha saltado los dos requisitos. Así, los 5,8 millones de títulos -709.000 euros- adquiridos por 20.976 personas a través de la web 'Hazlotuyo', plataforma por la que se consiguió que la ampliación de capital murciana llegase a todos los rincones del mundo, no deberían haberse autorizado, ya que las formas de pago utilizadas -Paypal y tarjeta de crédito- no estaban validadas en las condiciones aparecidas en el BORME.
Sin embargo, hay un error todavía mayor y que ha puesto en un serio aprieto a José María Almela y a su equipo. Aunque en el consejo de administración han preferido guardar silencio y seguir adelante como si nada hubiese ocurrido, alegando internamente que no se afecta a terceros, la realidad es otra. Las pasarelas de pago abiertas para favorecer la venta de acciones han pasado de ser un gran aliado a un gran enemigo.
Al contrario que hicieron otros clubes como el Sporting o el Oviedo para utilizar estos métodos, el Real Murcia recurrió a Paypal sin tener en cuenta los riesgos. Mientras que los dos clubes asturianos llegaban a un acuerdo previo con la empresa estadounidense para poder disponer del dinero de forma casi inmediata y evitar posteriores problemas legales con sus ampliaciones de capital; en Nueva Condomina simplemente abrieron la cuenta y se pusieron a operar, provocando que ese dinero siga bloqueado al tener que pasar por una serie de filtros antes de llegar a las arcas del club.
En los últimos días, el consejo de administración del Real Murcia se ha quejado de no poder disponer de parte de lo ingresado en la ampliación al tener que esperar a que las distintas pasarelas de pago liberen el dinero, confirmando, por tanto, que se han saltado una de las condiciones de la ampliación de capital, lo que también dejaría sin validez casi seis millones de acciones, que la PARMU no ha tenido ningún problema en autorizar.
Según el BORME, los accionistas y nuevos inversores tenían que desembolsar el valor nominal de sus acciones en la cuenta ES97-0049-3606-5026-1401-3606, añadiendo que «las órdenes de suscripción que no sean desembolsadas en los cinco días próximos a la suscripción se tendrán por no efectuadas». Atendiendo a este requisito, todos los títulos pagados por Paypal y por tarjeta de crédito que no estuvieran abonados en la mencionada cuenta el 28 de noviembre, no tendrían validez.
El 28 de noviembre, cinco días después del cierre oficial de la ampliación, en la cuenta abierta por Víctor Gálvez en el Banco Santander de Rojales (Alicante) solo había 550.000 euros, menos de la mitad de los 1,3 millones de euros que se consiguieron con la venta de títulos, según los datos oficiales dados por el consejo de administración. Los otros 709.000 euros, informaba Chema Almela en rueda de prensa, estaban en pasarelas de pago. De hecho, una parte de esa cantidad -unos 200.000 euros- siguen sin llegar a Nueva Condomina. En ese mismo acto, Higinio Pérez alardeaba de que los pagos por Paypal y tarjeta de crédito «han superado notablemente» a las transferencias bancarias, mostrando, para dar validez a sus palabras, los 400 folios donde aparecían los datos de los aficionados que habían preferido utilizar dichas pasarelas. El secretario, encargado de dar legalidad a todo el proceso, no explicó en ningún caso los riesgos que había de que las acciones adquiridas a través de 'Hazlotuyo' careciesen de validez.
El consejo de administración, según fuentes jurídicas, tampoco podría agarrarse a uno de los puntos del orden del día aprobados en la Junta celebrada el 4 de septiembre y en la que se otorgaba al consejo la facultad de establecer las condiciones de la ampliación que acababa de sacarse adelante. Y es que ese poder solo podía ser utilizado por Víctor Gálvez y su equipo, pero no por el actual órgano de control, que asumió sus cargos por cooptación y que en ningún caso tiene el respaldo de una Junta de Accionista. Por este mismo motivo, Almela y sus consejeros rechazaron la posibilidad de alargar la tercera fase del aumento de capital, al dudar de si tenían la autoridad necesaria para ello.
El incumplimiento de los términos de la ampliación añade más polémica a un proceso que fue aprobado pese a las críticas de, entre otros, algunos miembros de la PARMU, y que ha sido llevado a los juzgados por García de la Vega. El próximo 26 de febrero se celebrará una vista en la que la juez escuchará a las partes antes de decidir si acepta las medidas cautelares pedidas por el mexicano.
