La decisión del consejo de administración del Real Murcia de no inscribir a Mauricio García de la Vega como máximo accionista del club grana vuelve a ser cuestionada una vez más. El Consejo Superior de Deportes enviaba hace unos días un mail a las oficinas de Nueva Condomina para informar a los actuales consejeros de la entidad murcianista de que se ha abierto un procedimiento para sancionarles por el retraso en la inscripción del mexicano en el libro de socios, según confirmaron a esta Redacción fuentes del club grana. Esta comunicación del CSD llega después de que tanto Víctor Gálvez como el actual equipo de José María Almela lleven meses sin cumplir con las instrucciones del organismo gubernamental, que en agosto, tal el laudo del TAS, reconocía a De la Vega como dueño del 84% del capital social del Real Murcia, autorizando su inscripción en el libro de socios del club.

En aquel mes de agosto, Víctor Gálvez, entonces presidente grana, quitaba valor al CSD, máximo organismo deportivo a nivel nacional, una decisión que mantuvo el actual consejo de administración cuando aceptó ocupar las sillas de mando tras la dimisión del oriolano. El Consejo Superior de Deportes, que tiene que autorizar cualquier cambio accionarial que afecte a más de un 25% del capital social, no había querido pronunciarse sobre la batalla entre Raúl Moro y De la Vega a la espera de que el TAS resolviese el conflicto. Nada más que el tribunal deportivo internacional dio la razón al mexicano, el organismo gubernamental apenas necesitó una semana para aceptar el laudo arbitral y autorizar la inscripción de Mauricio García.

Ahora, seis meses después, el CSD vuelve a la carga. Ante la negativa de Víctor Gálvez, primero, y de la PARMU, después, de inscribir al azteca en el libro de socios, negándole la posibilidad de ejercer como máximo accionista y de ejecutar su derecho a voto en las junta, los responsables del Consejo Superior de Deportes han dado un paso más para hacer saber a Almela y sus consejeros de que no están cumpliendo con la legalidad. De ahí que hayan informado al club que se va a abrir un procedimiento para sancionar a la entidad por retrasar lo establecido por el propio CSD el pasado verano, y es que para el órgano gubernamental, como para el TAS, el accionista mayoritario es De la Vega.

Este movimiento del Consejo Superior de Deportes vuelve a dejar muy tocado al actual consejo de administración del Real Murcia, que el pasado mes de noviembre, tras continuar con el secuestro iniciado por Víctor Gálvez en abril, emitía un comunicado para informar que no inscribirían a Mauricio García al considerar que para ello Raúl Moro debía autorizar la venta, siguiendo la misma línea de sus antecesores y haciendo así caso omiso al TAS y al CSD.

Ya a finales de noviembre, el equipo de Almela recibía un primer aviso que les dejaba en una situación más que delicada. En este caso fue la Federación Española de Fútbol la que respaldaba a De la Vega. La jueza instructora del máximo organismo del fútbol nacional propuso sancionar a todos los consejeros que han pasado por el club desde el 31 de julio de 2018, día en el que se conoce el laudo arbitral del TAS. La RFEF solicitaba inhabilitar por dos años y una multa de 3.006 euros tanto al consejo de administración deVíctor Gálvez como al actual, en el que José María Almela ejerce de presidente.

El expediente disciplinario no dejaba en buen lugar al actual consejo de administración, que llegó al club grana tras la renuncia de Víctor Gálvez y que, al igual que el oriolano, se negó a inscribir las acciones de Mauricio García de la Vega al considerar que para hacerlo deberían obtener el permiso de Raúl Moro. La jueza instructora, en su escrito, ataca duramente la decisión del equipo presidido por Txema Almela, indicando que no cabe duda de que son responsables del incumplimiento del laudo, hablando incluso de que están eludiendo de manera voluntaria tal incumplimiento, lo que califica de «mala fe». Además también habla de «abuso de derecho» y de eventuales actos efectuados de «fraude de ley». Sobre las argumentaciones esgrimidas por el club explica que son insustanciales al carecer de la entidad suficiente como para justificar un incumplimiento de tal magnitud. A día de hoy, la Federación Española todavía no ha emitido la resolución definitiva.