Desde que las deudas empezaron a acumularse en las oficinas del Real Murcia, todos y cada uno de los dirigentes que han pasado por el club han puesto en su lista de prioridades la firma del convenio de uso de Nueva Condomina, con el objetivo de que el Ayuntamiento asumiera los más de 400.000 euros que cuesta mantener cada año una instalación que es municipal. Las malas relaciones entre los gobernantes y Jesús Samper hicieron imposible que ambas partes se diesen la mano, sin embargo, cuatro años después del fallecimiento del madrileño, el acuerdo, que ha ido ganando en urgencia conforme pasaban los meses, continúa sin alcanzarse. Ni Guillermo Martínez Abarca, ni Raúl Moro ni Víctor Gálvez, pese a los múltiples intentos de cada uno de ellos, lograron quitar al club una carga demasiado pesada para jugar en una categoría como Segunda B, donde los ingresos son nulos.

Con la entrada de la Plataforma de Apoyo al Real Murcia al consejo de administración, el convenio de uso de Nueva Condomina ha vuelto de nuevo a los titulares. «Es fundamental que el Ayuntamiento nos eche una mano con los gastos de mantenimiento que ascienden a unos quinientos mil euros», indicaba José María Almela en una entrevista a este diario. Y en apenas un mes, la PARMU ha logrado sentarse a la mesa con Felipe Coello, concejal de Deportes. Fue el pasado 13 de diciembre, cuando Gabriel Torregrosa, vicepresidente del club grana, y Antonio Ruiz y Manuel Sánchez se reunieron con el edil y con Mario Gómez, de Ciudadanos. Ambos partidos se convertían en protagonistas de la actualidad grana solo unos días después de que en el pleno de noviembre se comprometiesen a ayudar a los nuevos dirigentes. «Hay buena sintonía», declaraba Coello, quien en la reunión posterior no dudó en lanzar flores a la PARMU. «Ahora hay gente en el Murcia sin interés lucrativo», indicaba el concejal de Deportes, para añadir que «hemos sentado las bases para el nuevo convenio».

A falta de que se realice el papeleo y de que los técnicos municipales den el visto bueno al acuerdo, por el que Ayuntamiento asumiría el coste de mantenimiento del estadio -faltan algunos detalles como por ejemplo quién pagaría la factura del césped-, el convenio, según las declaraciones de las distintas partes, está más cerca que nunca, un acercamiento que coincide con la proximidad de las elecciones municipales que se celebrarán el 26 de mayo de 2019.

Si nada se tuerce, José María Almela y su consejo de administración conseguirán lo que intentaron sin éxito Guillermo Martínez Abarca, Raúl Moro y Víctor Gálvez.

El abogado murciano, que asumió la presidencia del Real Murcia tras el fallecimiento de Jesús Samper, fue el que más lo intentó. Sabedor de que el convenio de uso era fundamental para la supervivencia de un club que no podía gastar cada año 500.000 euros en mantener una instalación municipal, encabezó varias reuniones tanto con Ballesta como con Coello. En ese 2016, concretamente a finales de septiembre, el PP y Ciudadanos aprovechaban un pleno para aprobar una moción de urgencia por la que se tomarían medidas para ayudar al Real Murcia, sin embargo, pese a ser de «urgencia», el Consistorio no puso sobre la mesa ninguna solución, desentendiéndose además de los distintos problemas que han ido surgiendo alrededor de la entidad tras el paso de Raúl Moro, que contaba con el espaldarazo del concejal de Deportes, y posteriormente de Víctor Gálvez.

Martínez Abarca dimitía en diciembre de 2016 sin haber conseguido el deseado convenio de uso, y es que la única propuesta que recibió no convenció en Nueva Condomina al considerarla perjudicial para el club. Según se explicaba en aquellas fechas, además de que el acuerdo debía ir renovándose año tras año, la intención del Consistorio era que al club cediese la exclusividad que tiene sobre la instalación, lo que, defendía el consejo de administración, ponía en riesgo de liquidación a la entidad.

Raúl Moro también lo intentó sin éxito, al igual que Víctor Gálvez. El oriolano era informado el pasado mes de septiembre de que no se firmaría ningún acuerdo de uso al haber abierta una guerra por la propiedad accionarial del club.

Con la entrada de la PARMU, y pese a que el conflicto entre García de la Vega y Raúl Moro sigue sin resolverse, en el Ayuntamiento han abierto la puerta a colaborar y de momento, como señalaba Coello, ya se han puesto las bases.