El pasado lunes se produjo la dimisión de Víctor Gálvez como presidente del Real Murcia tras convertir la situación del club en insostenible por los numerosos impagos y mentiras a los jugadores y empleados, una coyuntura que al día siguiente propició que el mexicano Mauricio García de la Vega, el martes, se presentara por la mañana en las oficinas del estadio para que los nuevos miembros del consejo de administración recibieran la documentación tanto del Tribunal de Arbitraje Deportivo como del Consejo Superior de Deportes que acreditan al representante de jugadores como máximo accionista de la centenaria entidad. Sin embargo, ayer jueves se produjo una reunión entre representantes del empresario norteamericano con miembros de la nueva directiva grana y, con los argumentos que tienen unos y otros en la mano, la realidad es que el consejo que preside José María Almela ha decidido que no solo existen dudas sobre la solvencia económica del mexicano, sino también sobre el respaldo que recibió el pasado verano el mexicano del CSD y el TAS, lo que ha provocado que no se le inscriba en el libro de socios, lo que a fin de cuentas se traduce en el que el club grana sigue viviendo un secuestro en toda regla. Según un comunicado emitido ayer a última hora de la noche por el Real Murcia, «a día de hoy, no existe fundamento jurídico pleno que conlleve la inscripción en el Libro de Socios» de Iconos Nacionales, ya que la resolución del TAS «no contiene obligaciones para el Real Murcia, sino solamente para la empresa Corporación Empresarial Augusta».

Los nuevos responsables de las oficinas de Nueva Condomina, que llegan desde la Plataforma de Apoyo al Real Murcia y que, además del presidente José María Almela, está formada por Stefan Settels, Enrique López, Gabriel Torregrosa e Higinio Pérez, le han ofrecido a Mauricio que el millón de euros que se ofreció a poner si accedía a la presidencia lo incluya en la ampliación de capital. Sin embargo, De la Vega no está acreditado como accionista y según las normas de una ampliación que encima está impugnada, en esta tesitura solo podría entrar con una aportación de 12.500 euros.

Al comprobar que esta vía estaba más que cerrada, los representantes de la actual junta directiva grana le dieron la posibilidad al norteamericano de realizar la aportación a través de cualquier accionista para, de esta manera, según los nuevos consejeros, poder acreditar su solvencia. El propio Almela, según pudo saber este diario, le pidió a los representantes de Mauricio que le dieran datos sobre los inversores que tiene detrás una persona que, viendo la 'guerra' abierta que existe entre ambos bandos, tendrá que esperar finalmente a que sea la justicia ordinaria la que tenga la última palabra y decida ponerle nombres y apellidos al legítimo propietario de la entidad deportiva más importante de la Región.

Después de presentar el martes toda la documentación en las oficinas y de mantener una reunión ayer con los nuevos consejeros a través de un intermediario, De la Vega ya tiene claro que nadie va a poner un poco de su parte para que la situación de la entidad cambie. De hecho el mexicano, quien el miércoles emitió un comunicado muy duro acusando al nuevo consejo de «querer ser una nueva familia Gálvez», tenía previsto ofrecer hoy una comparecencia ante los medios, aunque según fuentes de su entorno lo más probable es que Mauricio no diga ni una palabra más hasta el próximo lunes, cuando tenga que decir qué camino piensa tomar para tratar de recuperar el control del club.

El club también añadió en el comunicado emitido ayer noche que tiene «la voluntad de dotar al club de un plan de viabilidad a corto y largo plazo, así como garantizar la seguridad jurídica de la entidad en aras a lograr una estabilidad institucional plena y necesaria para el buen funcionamiento de nuestro Real Murcia CF, máxime en este momento de necesaria ampliación de capital». De esta manera, se mantiene abierta la polémica después de que el mexicano hiciera pública la impugnación de la junta donde se aprobaba la ampliación de capital de unos 18 millones de euros.