Los pequeños accionistas que asistieron a la Junta General del Real Murcia celebrada el pasado 11 de abril coincidieron a su salida al enumerar las numerosas irregularidades que se habían cometido a lo largo de más de cinco horas. En la asamblea, a la que se prohibió el acceso a los medios de comunicación, se configuraba un nuevo consejo de administración, del que Víctor Gálvez salía como presidente. Al que se le impidió la asistencia fue a Mauricio García de la Vega, quien tras ser expulsado del estadio avisaba que pediría medidas cautelares para que se anulase lo aprobado por el máximo accionista. Tres meses después de la junta más oscura de la historia grana, ambas partes se vieron en los tribunales, concretamente en el Juzgado de lo Mercantil de Murcia, pero el combate, el primero de los varios que se esperan, apenas duró cuatro minutos, el tiempo en el que el abogado que representaba al Real Murcia y, por tanto, a Víctor Gálvez, tardó en aceptar la propuesta de Agustín Amorós, letrado contratado por De la Vega.

Sin casi tiempo para tomar asiento, la parte demandada se comprometía a «no llevar a efecto la ampliación de capital aprobada en el punto 5 del orden del día» de la mencionada junta del 11 de abril. Ese punto no era una ampliación de capital como tal sino que lo que realmente se aprobó fue el lanzamiento de créditos participativos por valor de 600.000 euros que el 31 de mayo serían convertidos en acciones, convirtiendo al poseedor de ellas en el dueño del Real Murcia. La fórmula, que los expertos calificaron de «ampliación de capital encubierta», era un traje a medida para que Víctor Gálvez tomase el control accionarial de la entidad grana sin esperar la resolución del TAS, sin embargo, pese a que el oriolano no dudó en afirmar tras la junta que compraría esos 600.000 euros, finalmente no los puso, posiblemente aconsejado por sus abogados.

Confirmando que todo el proceso era una irregularidad, en la vista de ayer, Juan Luis González, abogado enviado por Gálvez, no dudó ni un segundo en aceptar lo propuesto por la otra parte, dándose por concluida una vista que distintas fuentes judiciales indican que «no tenía ningún sentido, porque finalmente el punto que se pretendía anular nunca se llegó a llevar a cabo».

A la salida de los juzgados, Mauricio García de la Vega se mostraba encantado con el «triunfo» que acababa de obtener. «Nuestro objetivo principal es que no se llevara a cabo esa ampliación para que no se diluyeran las acciones, y lo hemos conseguido», indicaba, añadiendo que Gálvez «ha tenido que recular. Ni han hecho ampliación ni la van a hacer». «Me da tranquilidad que sea Víctor Gálvez o sea quién sea tenga que cumplir las leyes, y como han demostrado aceptando nuestra propuesta, el proceso que querían llevar a cabo estaba lleno de irregularidades».

La defensa de Mauricio García de la Vega no aprovechaba la comparecencia ante el juez para intentar despojar a Víctor Gálvez y a sus consejeros de sus puestos, pese a que su llegada a Nueva Condomina también estuvo rodeada de muchas anomalías. «De momento han reconocido que se dieron irregularidades, ya llegará el momento de lo siguiente. Cuando se den las condiciones necesarias, pediremos su dimisión», comentaba el mexicano, que está a la espera de que la vista que la próxima semana tendrá de nuevo con el presidente grana, esta vez ante el TAS.

Víctor Gálvez no acudió a los juzgados. Acompañando al abogado estuvo Roberto Cases, secretario del consejo, aunque a su salida éste no hizo ninguna declaración. Sí opinó del tema Toni Hernández, quien, pese a no estar presente en vista, aprovechó una rueda de prensa en Nueva Condomina para barrer para casa: «El señor De la Vega ha desistido del proceso y el juez ha archivado el procedimiento. Esto da validez al nombramiento del actual consejo de administración», explicaba el director general murcianista.