Dinero, dinero y dinero. Ese es el gran problema del Real Murcia. Y Víctor Gálvez aterrizó en abril en Nueva Condomina para ir tapando agujeros. «Si tenemos que poner diez millones de euros, los ponemos», señalaba el oriolano en el momento en el que su nombre empezaba a ocupar titulares de noticias. Pero con el paso de las semanas y con los acreedores llamando continuamente a la puerta de las oficinas murcianistas, el discurso del dirigente ha ido relajándose hasta el punto de dejar claro que él no llegaba al Real Murcia a jugarse su patrimonio. Sin embargo, esa respuesta parece no ser la necesaria en una entidad a la que en junio se le están acumulando los pagos urgentes, de hecho este mes es el que permitirá juzgar las verdaderas intenciones de un Víctor Gálvez obligado a hacerse cargo de todos los pecados cometidos por Raúl Moro y Deseado Flores.

Si antes del 30 de junio el club murciano tiene que desembolsar los alrededor de 500.000 euros que le reclama la AFE por denuncias de los jugadores; en el día de ayer, durante la junta de accionistas en la que se aprobaron las cuentas del ejercicio 2016-2017, se conoció la existencia de otro obstáculo para la inscripción de los granas en la competición.

Según explicaba el propio Víctor Gálvez, la entidad tendrá que poner el aval de 200.000 euros que exige la Federación Española de Fútbol para los clubes de Segunda B. En las dos últimas temporadas, ese problema se había solventado gracias a la colaboración de la Federación Murciana, que había sido la encargada de poner sobre la mesa dicha garantía, sin embargo, tal y como anunciaba el presidente grana, este año la FFRM ya ha anunciado que no hará frente a ese aval, por lo que tendrá que ser el oriolano, tirando de su propio patrimonio, ya que el Real Murcia no tiene nada de valor que poner como garantía, el que cubra ese dinero si no quiere que la Española deje a los granas fuera de la categoría.

La noticia llegaba a Nueva Condomina el miércoles. Fue José Miguel Monje Carrillo el que por teléfono comunicaba a Gálvez que la Murciana ya no se encargará de cubrir el aval exigido por la Federación Española tal y como lo ha hecho las dos últimas temporadas. Por tanto, a Víctor Gálvez le toca moverse para encontrar una solución. Ya en abril, en un desayuno con los medios, no dudó en decir que estaba dispuesto a avalar al club de su propio patrimonio en caso de que eso fuera necesario.

El 5 de julio, según explicaba ayer Víctor Gálvez, es la fecha máxima para que el Real Murcia consiga ese aval de 200.000 euros. Pero antes de ello, el problema más importante a solucionar será el pago de los 500.000 euros que reclaman los futbolistas ante la AFE por el impago de varias nóminas. El oriolano señaló que la próxima semana se harán las transferencias para así evitar el descenso de categoría.