El extremeño Raúl Moro Martín asumió ayer el control del Real Murcia tras una junta general de accionistas que tampoco sirvió de mucho a una afición que sigue sin tener detalles concretos del proyecto que quiere llevar a cabo el empresario cacereño con la entidad deportiva más importante de la Región. Si hace un mes y medio que Raúl Moro desembolsó 400.000 euros para convertirse en el segundo máximo accionista de la entidad, ayer se produjo literalmente el traspaso de poderes en el que el abogado Guillermo Martínez Abarca dimitió como presidente para dejarle su puesto a una persona que ayer ofreció sus primeras palabras después de seis semanas de espera, pero que no fueron suficientes para esclarecer absolutamente nada. De hecho, es significativo que el nuevo mandamás de Nueva Condomina solo admitiera una pregunta por cada medio de comunicación, lo que ponía de relieve sus pocas intenciones de ofrecer más explicaciones de la cuenta.

Ni Moro Martín llega solo ni se encontrará las mismas caras que hace una semana en el organigrama de la entidad grana. En el nuevo consejo de administración aparecen cuatro caras nuevas, Deseado Flores, Gustavo Pumar, Manuel Gimeno y José Carrilero, mientras que las dimisiones que se llevaron a cabo fueron las de Martínez Abarca, Romeo Cotorruelo, Juan Guillamón, Domingo Pascual y Víctor Alonso. Otro punto aparte son los miembros que sí continúan en el consejo murcianista. Stefan Settels y Enrique López, ambos de la asociación de accionistas minoritarios y quienes nacieron como plataforma anti Samper, no han tenido problemas en seguir al lado de un nuevo mecenas cuando se han pasado los últimos años defendiendo teorías como la ampliación de capital que han terminado siendo un auténtico fiasco. Ahora se aferran a sus sillones en primera fila cuando el puesto de los mismos parecía más como algo ´interino´ hasta que el club encontrara una solución para seguir siendo viable. La otra persona que también es cómplice en toda regla de la llegada de Moro es el vicepresidente, Miguel Martínez, quien también ostenta el cargo de presidente de los peñistas y persona que además tiene intereses económicos en el club, ya que su empresa se encarga de la limpieza y el mantenimiento de la Nueva Condomina.

Eso sí, los consejeros que ayer dejaron su puesto en el escalafón más alto de la pirámide grana estuvieron listos para, al menos, poder marcharse con la conciencia relativamente tranquila. En la junta de ayer se aprobó por unanimidad que cualquiera que pretenda llevar al Murcia tanto a un proceso de liquidación como a un concurso de acreedores tiene que recibir el visto bueno de la junta de accionistas, un filtro importante que también deja tranquilo a un sector del murcianismo, el que no termina de fiarse de Raúl Moro ni de algunos de sus colaboradores.

En la junta de ayer se informó también de que la deuda del club asciende a 42,5 millones de euros, de los cuales 13,3 corresponden a Hacienda y 2,2 a la Seguridad Social. En el resto de impagos figuran los equivalentes a 7,3 millones correspondientes a la familia Samper. Además, los accionistas aprobaron reducir en un 50% el capital social, con el objetivo de equilibrar el patrimonio de la sociedad y evitar el riesgo de liquidación.

Tras la junta, Raúl Moro pasa a ser algo así como dueño y señor del Real Murcia, pero con el 12% de las acciones, ya que lo único que ha obtenido de los herederos del fallecido Jesús Samper es la autorización para gestionar el club, pero en ningún caso se ha hecho con el paquete accionarial que sigue en poder de Gestora Deportiva Murciana, empresa que pertenece a los herederos del desparecido expresidente. José Ángel Serantes, también expresidente de la entidad, ha sido la persona que ha servido de enlace para que los herederos de Samper hayan optado por dar su voto como máximos accionistas a Moro Martín. De todas maneras, el ´sí´ de Gestora Deportiva Murciana es más por la ausencia de alternativas que por la confianza que los gestores de la mercantil tienen en el grupo del cacereño. Y es que tanto Gonzalo Samper como su hermana Patricia han acumulado en las últimas semanas muchas dudas sobre la solvencia y la capacidad real del nuevo inversor. Que «la intención que tenemos es llevar al Murcia donde se merece» y que «en breve nos sentaremos con Hacienda para negociar» fue lo más noticiable que salió de boca de Raúl Moro.

La otra voz que querían escuchar los accionistas era la del nuevo director deportivo, un Deseado Flores que hace apenas tres semanas negaba a este diario que fuera a formar parte del equipo de Moro dentro de la estructura del club. El hostelero, que hace un año ostentaba la presidencia del Cartagena, tampoco arrojó ayer ninguna luz sobre los cambios del proyecto deportivo, ya que más bien mandó un mensaje desafiante a la plantilla: «La confianza en los jugadores y si serán más o menos fichajes dependerá un poco de cómo responda la plantilla al calendario tan complicado que viene ahora a comienzos de año». El hostelero y exdirectivo del Cartagena va a ser la persona que se encargue de las decisiones deportivas, ya que como él mismo reconoció ayer, tras el despido de Fernández Romo como secretario técnico, no habrá más incorporaciones al organigrama deportivo del Murcia.

«El Murcia y mis negocios son empresas diferentes»

Si en el capítulo económico y deportivo Raúl Moro aclaró más bien poco, más radical fue cuando se le cuestionó sobre la deuda de diez millones de euros que una de sus sociedades tiene con Hacienda. «El Murcia y mis negocios son empresas diferentes, además me han prohibido hablar de este tema, porque no afecta para nada a lo que vamos a llevar a cabo en el Real Murcia», se limitó a decir brevemente Moro Martín sobre un capítulo que ha despertado mucha desconfianza hasta en los que esperaban la llegada de un inversor como medicina para curar todos los males de la entidad.

«Mi faceta no será el tema deportivo, de lo que se encargarán los profesionales, y en el caso del Murcia y Hacienda nos sentaremos en breve para negociar», dijo sobre la necesidad del club grana de llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria sobre una deuda de unos 13 millones de euros.

No solo tienen problemas las empresas de Moro con el fisco, sino que además otra serie de sociedades gestionadas por el cacereño acumulan distintas sentencias judiciales en contra por impagos a exempleados despedidos sin la indeminización correspondiente. A ello hay que añadir también la dudosa gestión del nuevo presidente del Murcia en torno a una clínica dental de Arcos de La Frontera que en junio de 2015 echaba la persiana sin atender las reclamaciones de más de doscientos pacientes que ya habían desembolsado el dinero de sus distintos tratamientos.