Como la mayoría de los aficionados del FC Cartagena ya conoce, el próximo lunes se celebrará una junta de acreedores en la que se pondrá sobre la mesa la propuesta del club albinegro para pagar las deudas con todos aquellos a los que debe dinero y que han sido reconocidos como tales por el juez en el concurso de acreedores. Esta semana se vienen desarrollando todo tipo de conversaciones y la calculadora se ha convertido ahora en el arma que esgrimen unos y otros para pactar, con el fin último de que la entidad siga caminando con paso firme y sin riesgo de acabar sus días en el archivo histórico de clubes de Cartagena que se hundieron por la ineficacia de sus gestores.

Los dirigentes del conjunto albinegro han logrado alcanzar un acuerdo con acreedores menores, que representan el 20% del pasivo ordinario, pero aún necesitan el respaldo de al menos otro 31% más, para poder obtener, como mínimo, el 51% para que el convenio de acreedores siga adelante. Entre las empresas Sofinvest, Samshir, Banco Popular y el Cartagena FC, el club adeuda cerca de 473.000 euros, o lo que es lo mismo, el 48% de lo que tienen que pagar como créditos ordinarios. La negociación con estos cuatro se está desarrollando en estos últimos días previos al próximo 22 de febrero y los dirigentes cartageneristas confían en que todo llegue a buen término.

La propuesta que han puesto sobre la mesa es abonar tan sólo el 50% de lo que deben y el resto, con una espera de tres años, abonarlo en un máximo de diez años. Existía una alternativa a ésta, que era una espera de dos años y una quita del 70%, aunque parece que desde la entidad se han decantado por la primera opción, mucho más atractiva para los acreedores y, por tanto, más fácil de aceptar por los mismos.

«En estos momentos somos optimistas y creemos que se va a poder llevar adelante el acuerdo», asegura el abogado del FC Cartagena, que está llevando los asuntos del concurso, Andrés López, quien, además, añade que «si no se aprueba el convenio, perdemos todos. El club desaparecería, la ciudad se quedaría sin un equipo en Segunda B y los acreedores no tendrían nada que cobrar».

Paco Belmonte, propietario de la entidad, es el que está proponiendo esta alternativa a algunos de los pesos pesados en la negociación. Tal y como indicábamos unas líneas más atrás, se les ofrece contraprestaciones para que la pérdida no sea tan dolosa.

Así, con Sofinvest se ha negociado la posibilidad de reconducir el contrato que dicha firma tenía con el club la pasada campaña y que quedó paralizado. En el mismo dicha empresa tenía la opción de traer a la entidad a jugadores uruguayos a los que poder promocionar en un club europeo, en este caso español, y luego poder recolocar a un buen precio en otras entidades, siempre que los mismos demostrasen su valía. En el FC Cartagena están dispuestos a actuar como trampolín para estos jóvenes y plataforma de lanzamiento para que Sofinvest pueda hacer negocio.

Otro de los más perjudicados en este proceso negociador es el Cartagena FC, que vería mermada hasta los 57.000 euros la deuda de 113.000 que el FC Cartagena tiene con ellos. Los propietarios del club de la Rambla de Benipila le ofrecen, como contraprestación, volver a usar sus instalaciones ubicadas en el polígono Cabezo Beaza, a cambio de un alquiler mensual para poder sufragar una parte del daño causado.

Por último, con el Banco Popular la deuda asciende a 75.000 euros. La entidad bancaria lo había declarado como crédito en morosos y al parecer hay un acuerdo con la entidad bancaria, que sí aceptaría la rebaja del 50% del importe. Eso sí, el FC Cartagena debería trasladar sus operaciones a dicha entidad, reactivar servicios con ellos -ingresos de campaña de abonados, ayudas, publicidad, taquillas, gastos corrientes, etc-.

Todos estos acuerdos estarían sujetos a la aprobación del convenio.

Un momento crucial

Para que la junta se pueda celebrar el próximo lunes, deben acudir el 50% de los acreedores con créditos ordinarios, o el 50% del total del pasivo afectado por convenio (privilegiado y ordinario), según afirma Pedro Martínez, doctorando en Administración y Dirección de Empresas e investigador de la UPCT.

Según explica Martínez, «los acreedores subordinados no tienen voto en la junta, con una excepción, la Agencia Tributaria, que tiene créditos privilegiados y subordinados, por lo que podrá votar respecto de sus créditos privilegiados, y si vota a favor, y sólo en ese caso, se sometería a lo aprobado por los acreedores ordinarios. Si vota en contra, habría que negociar con dichos acreedores fuera de convenio».

En el caso de que no se apruebe la propuesta, existe la posibilidad de que los acreedores presenten la suya (tienen esa facultad y la misma sería votada) y si también es rechazada, el club entra en proceso de liquidación «por lo que será intervenido y se suspenderán las facultades de administración de los gestores del FC Cartagena», señala Pedro Martínez. Pero tal actuación puede ser reversible y que se retomen las negociaciones con los acreedores de nuevo.

Por último, hay que recordar que el dinero total adeudado en estos momentos, entre créditos ordinario, privilegiado y subordinados asciende a 4.800.000 euros aproximadamente de los que 1.395.185 son privilegiados; 941.141 euros corresponden a crédito ordinario y alrededor de 2.400.000 a subordinados.