­Jesús Samper busca fórmulas para salvar la difícil situación económica del Real Murcia, que se agravó el pasado verano con el descenso administrativo a Segunda B, una categoría en la que los ingresos son mínimos. Uno de sus intentos para paliar la situación fue acudir al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia para solicitar a la magistrada María Dolores de las Heras que aplazara el cuarto pago del convenio anticipado con los acreedores, algo que ya hizo el pasado año basándose en uno de los apartados establecidos en el propio acuerdo. Sin embargo, la juez ha denegado la petición de los responsables murcianistas al considerar que no se ajusta a lo aprobado en el 2010.

Y es que la cláusula a la que se acogió hace un año el presidente del Real Murcia para tomarse un respiro económico solo permitía un aplazamiento, tal y como se explica en la Memoria de las Cuentas Anuales de 2008-2009, en la que se puede leer que «con carácter excepcional, y cumplidos como mínimo dos plazos de pago de los previstos, se podrá prorrogar el vencimiento de uno cualesquiera de los plazos de pago de los créditos ordinarios previstos en el convenio, sin sobrepasar en ningún caso el plazo máximo legal de cinco años». Para que esa prórroga fuese posible, lo único que tenía que hacer el club es «presentar un informe emitido por un experto que motive que dicha prórroga está justificada por circunstancias excepcionales que afectan a la liquidez del club».

Como esa bala ya fue gastada el pasado año -el 26 de noviembre de 2013 el Real Murcia anunciaba que aplazaba el tercer pago del convenio-, la jueza ha comunicado a los responsables granas que no puede atender una nueva petición de aplazamiento, pese a que el descenso a Segunda B ha puesto en riesgo la liquidez de la entidad, detalle en el que se basaba la petición firmada por Jesús Samper.

El ´no´ de la jueza obliga al Real Murcia a pensar en otras alternativas, ya que actualmente no dispone del dinero necesario para afrontar los alrededor de cinco millones de euros -no se incluyen las deudas con el propio grupo de Samper- que se había comprometido a abonar a los acreedores entre finales de 2014 y comienzos de 2015. Una de las medidas que se está planteando el empresario madrileño es ofrecer a los acreedores del club que se sienten otra vez a negociar para firmar un nuevo convenio que se alargaría por más tiempo -podría ser a otros cuatro años-, algo que desde el pasado mes de septiembre es posible gracias a la modificación de la ley concursal. Una variación en la ley que incluso la juez del concurso ha recordado a los responsables granas. Para que esto pueda llevarse a cabo, más de un 60% de los acreedores del Real Murcia tendría que dar el OK, lo que significaría un segundo voto de confianza para Jesús Samper pese a que éste no ha podido cumplir con la propuesta que planteó y que fue aprobada por el juzgado en 2010. En aquella ocasión, según los datos ofrecidos en su momento por el propio club, el convenio de Samper fue aceptado por «los principales acreedores que representan alrededor del 67% de la deuda ordinaria con derecho a voto».