La intervención sobre el patrimonio arquitectónico ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos. Hasta tal punto que no se puede pensar en una práctica de la arquitectura separada de la edificación preexistente.

Esta afirmación es el frontispicio desde el que se realiza su libro el doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, Alfonso Muñoz Cosme, titulado La intervención en el patrimonio arquitectónico en España. 1975-2015, publicado por Editum, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.

En tan solo 200 páginas, el autor realiza un recorrido sobre un tema importante y controvertido. Y lo hace con un estilo llano y directo, que sitúa esta obra en la órbita de los iniciados y conocedores del tema, pero que la adecua perfectamente para ser incorporada como apasionante lectura a los simples interesados en la materia.

Muñoz Cosme nos informa de que la forma de actuar sobre la arquitectura preexistente ha cambiado enormemente en los últimos tiempos, diversificando drásticamente sus métodos. El autor asegura que, si bien estos cambios se han producido en la arquitectura internacional, la evolución sufrida en nuestro país en los 45 años a que se refiere su obra, ha sido mucho mayor, ya que «se ha pasado de operar con criterios, métodos e instrumentos casi decimonónicos a una moderna cultura patrimonial propia del siglo XXI». Se trata de una apasionante aventura colectiva en la que ha habido dudas, errores y aciertos, pero que ha conseguido poner nuestro patrimonio en el lugar que le corresponde.

El libro estudia ese proceso partiendo del análisis del entorno legal y social, pasando por estudiar la evolución de las tendencias, y finalmente analizando un buen grupo de los casos más relevantes y los retos que se vislumbran en el entorno de la recuperación y la conservación del patrimonio arquitectónico en España.

La España que en 1975 comienza su caminar hacia la democracia contaba, según asegura el autor, con unos instrumentos legales para la defensa y conservación del patrimonio cultural escasamente adecuados para una realidad que había cambiado mucho en los 40 años anteriores, ya que la ley de conservación del Patrimonio en la que se sustentaba no se había alterado desde 1933, ejerciéndose desde organismos que mantenían unos criterios anticuados y de poca calidad en las intervenciones.

Aún así, la intervención sobre el patrimonio hechas en los 40 y 50 mantuvo cierta calidad constructiva, ya que muchos de los técnicos que intervenían habían sido formados en los años 20 y el período republicano, pero a partir de la mitad de los 50, y sobre todo en los años 60, el rigor y el nivel técnico decaen considerablemente, como demuestran las críticas de los profesionales de esos tiempos.

Es a partir de 1984, con la incorporación de Dionisio Hernández Gil a la dirección de Bellas Artes y archivos, que aporta el concepto de que la restauración es un servicio público que debe ejercerse desde la Administración, cuando se produce un cambio importante en este terreno, incrementándose el criterio que ya se había instaurado desde comienzos de la democracia: que la administración central debía conservar el patrimonio arquitectónico con criterios renovados y ofrecer esas actuaciones a profesionales valiosos.

Hoy se puede concluir que la recuperación del patrimonio arquitectónico ha sido ingente, restaurándose mucho y, en general, con un buen nivel técnico. El resultado es el de intervenciones en las que el respeto a lo preexistente es máximo, prestando menos atención a los aspectos formales y más a las implicaciones sociales y medioambientales.

Y un deseo final expresado por el autor: «Es necesario pasar de una época en la que se consideraba el patrimonio cultural como una carga a otra en la que se descubra su potencial social y económico, de forma que se valore como una riqueza colectiva». Toda una declaración de principios.