El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de ser el responsable de que la española sea "una sociedad vigilada", ya que Interior emplea un sistema de interceptación de comunicaciones que cuestiona el derecho a la intimidad.
Todo ello por el empleo del sistema SITEL, que permite que la Policía no sólo sepa la identidad del titular del teléfono interceptado, sino también su ubicación geográfica, el nombre de las personas con las que habla, el tráfico de llamadas, de mensajes y de correo electrónico, entre otras cuestiones.
Esta información que almacena Interior "no tiene cobertura legal" y carece de autorización judicial, ha denunciado González Pons. Por ello, ha subrayado que dicho sistema resulta "inconstitucional e ilegal".
Pons, ha sentenciado que "España no se merece un ministro del Interior mentiroso" para referirse a Alfredo Pérez Rubalcaba, porque "intenta cargarle el mochuelo al PP" del uso por parte de la Policía del sistema de escuchas telefónicas SITEL.
"Rubalcaba es un mentiroso, lo fue cuando negó el GAL, lo es al hablar del Caso Faisán y esta mañana también" al intentar "cargarle el mochuelo al PP" en el caso de las escuchas telefónicas a través del sistema SITEL, que en opinión de González Pons es "ilegal" y carece de "cobertura constitucional".
Retratos psicológicos
El dirigente popular ha recordado que los informes alertaron al Gobierno presidido por José María Aznar de que "sin una ley orgánica" que regulara su utilización, el sistema SITEL "no podía ponerse en funcionamiento".
Sin embargo, ha proseguido González Pons, "desde 2004 han utilizado el SITEL para grabar conversaciones y para hacer retratos psicológicos" de los ciudadanos, por lo que ha pedido al ministro "una explicación" de por qué no ha tenido en cuenta los informes de los ministerios de Defensa y Justicia que desaconsejaron en su día su utilización sin cobertura legal.
Rubalcaba le ha contestado posteriormente que el sistema integrado de interceptación telefónica SITEL fue contratado por el Gobierno del PP y ha ligado las críticas de este partido al mismo a la intervención de comunicaciones en la investigación del caso Gürtel.
