Con el apoyo de la conselleria de Justicia y de la Fiscalía Superior de Cataluña, la comisión de expertos, presidida por el ex fiscal jefe José María Mena, ha presentado hoy sus propuestas, elaboradas tras la alarma producida en verano por la liberación de un preso en Barcelona tras cumplir toda su condena por múltiples violaciones.
En su informe, los expertos rechazan la aplicación de la cadena perpetua y proponen en un decálogo que se reforme el Código Penal para añadir la "libertad vigilada" durante tres o cinco años, como instrumento de control posterior a la excarcelación, y la "supresión hormonal reversible", una especie de inhibidor farmacológico aplicado con el consentimiento del violador, para reducirle el deseo sexual una vez quede en libertad.
Mena ha subrayado que en el estudio parten de la premisa de que lograr el "riesgo cero" de reincidencia es imposible, pero que aún se pueden adoptar medidas para lograr una mayor coordinación entre instituciones, mejorar la atención a las víctimas y tratar de reducir al máximo el riesgo de reincidencia.
Para ello, una de las medidas más destacadas que proponen es que a los violadores que acaban su condena se les aplique, con su consentimiento, un programa farmacológico de "supresión hormonal reversible" para reducir su deseo y sus fantasías sexuales, de manera complementaria a otras medidas de tratamiento psicosocial.
Mena ha puntualizado que se trataría de una medida orientada a facilitar la reinserción y que únicamente sería un "tratamiento terapéutico" y nunca una "pena personal". Por ello, ha marcado distancias con la "propuesta populista y demagógica francesa de la castración química, que ni es castración ni es química", ha dicho.
En este sentido, la consellera de Justicia, Montserrat Tura, ha precisado que en el caso de Cataluña, con la "supresión hormonal reversible", no se puede hablar técnicamente de una castración, porque si bien se logra "una evidente reducción de la libido y de las fantasías sexuales", el paciente puede seguir practicando el acto sexual.
Tura ha evitado señalar cuándo la administración catalana podría empezar a aplicar esta medida -que algunas personas ya siguen previa consulta médica-, y ha advertido de que el tratamiento hormonal no es infalible. "Ha habido casos de extirpación de los órganos sexuales en algunos violadores que han reincidido", ha señalado.
Otra de las medidas planteadas por los expertos es reformar el Código Penal para permitir que cuando el juez o el tribunal dicten condena puedan acordar como medida de seguridad una vez cumplida la pena que se establezca un período de entre tres y cinco años de "libertad vigilada" o "vigilancia de conducta", a través de la vigilancia policial o el uso de instrumentos como pulseras telemáticas.
En estos casos, serían los especialistas de instituciones penitenciarias los que, en base a unos requisitos comunes, determinarían al final de la condena si el violador presenta riesgo de reincidencia y, por lo tanto, si finalmente se le aplica o no la libertad vigilada, como ya ocurre con el caso del violador del Eixample, que cumplió la pena el verano pasado.
Otra de las medidas propuestas es la reforma de la denominada Ley del ADN, aprobada el pasado año, para que se puedan tomar muestras de ADN a este tipo de delincuentes antes de que queden en libertad para que así sepan que si reinciden serán fácilmente identificados.
Se trataría, según Mena, de que la misma facilidad que hay ahora para tomar huellas dactilares a los detenidos y presos se mantenga para las muestras del ADN, que irían a parar a un banco de datos que tendría que ser accesible para todos los cuerpos policiales
