Esta sociedad humanitaria precisó hoy en un comunicado que no hay ninguna imputación contra sus responsables y subrayó que las auditorías de sus cuentas dejan "absolutamente claro el destino de todos sus fondos".

Según la Fundación Intervida, la Fiscalía "ha reconocido que no existe ninguna irregularidad contable" en las cuentas de la ONG y sólo está "valorando si la utilización de empresas sociales por parte de la Fundación para el desarrollo de sus proyectos, es la opción más adecuada para dedicar los fondos destinados a microcréditos, construcción de aulas o de sistemas de agua potable".

No obstante, según la Cadena Ser, la Fiscalía investigan la posibilidad de que los gestores de esta ONG hayan desviado millones de dólares, procedentes del apadrinamiento de niños, para crear empresas que no tienen que ver con los fines de la Fundación.

Según la Ser, la investigación se está desarrollando simultáneamente en España, Perú y Guatemala.

En Lima una fiscal anticorrupción y dos oficiales de Policía del Grupo de Delitos Económicos (de la Brigada Central de Policía Judicial, y de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, respectivamente) participan en un interrogatorio a un grupo de directivos y altos empleados de la ONG.

En Guatemala, la autoridad judicial del país ha iniciado la toma de declaración a los directivos de Intervida en cumplimiento de una rogatoria internacional solicitada por la Fiscalía de Barcelona.

Estas dos comisiones son el resultado de más de cuatro años de investigaciones por parte de la Fiscalía de Barcelona, que en este tiempo ha acumulado documentación fiscal, financiera y contable de la Fundación.

Según la Cadena Ser, la Fiscalía investiga la actividad de esta ONG entre 1999 y 2001, cuando presuntamente, bajo el epígrafe de "gastos para apadrinamiento", camuflaron más de 60 millones de dólares (45 millones de euros) que habrían sido transmitidos a sociedades, cuyos directivos también lo son de Intervida.

Sin embargo, esta ONG explica que la Fiscalía comenzó a comprobar el funcionamiento de las empresas sociales de Intervida a raíz de una denuncia realizada por un antiguo empleado en Perú que fue despedido por prácticas deshonestas.

El empleado fue denunciado por Intervida por "administración desleal, estafa y falsedad en documento, cargos por los que fue condenado", y "la justicia peruana ha dictado orden requisitoria internacional contra él, a la vez que ha abierto un procedimiento de extradición, con el fin de ponerle a disposición de los tribunales peruanos y hacerle cumplir las condenas que le han sido impuestas".

Por otra parte, la ONG recuerda que la ley permite que las fundaciones constituyan empresas ("una actividad habitual en el sector"), siempre que se registre su existencia y contabilidad en los libros de cuentas.

Según la Fundación Intervida, "las auditorías dejan absolutamente claro el destino dado a la totalidad de los fondos que Intervida envía a los países del Tercer Mundo", al tiempo que puntualiza que en sus cuentas no hay epígrafes denominados "Gastos de Apadrinamiento".

En el comunicado, la ONG recuerda además que al tener una estructura internacional, todas sus sedes están inscritas en los organismos oficiales de los países en los que opera, y que tiene estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

Por su parte, el secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Juan Pablo de la Iglesia, aseguró a Efe que el marco legal al que están sometidas las ONG españolas es "tan estricto que permite descubrir las posibles irregularidades y corregirlas".

"Casos como los de Anesvad o la Fundación Intervida son sólo excepciones en un conjunto de actividades solidarias" que son "muy necesarias y válidas", aseguró.

El presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, José María Medina, subrayó a Efe que los casos de malversación en estas organizaciones son "residuales", pero cuando ocurre "tienen un impacto social muy grande", lamentó.