Según han informado fuentes judiciales, la magistrada, que tiene previsto citar a declarar próximamente a los agresores y a los demandantes, ha accedido a la petición del fiscal y de la acusación particular de que el caso se tramite como un delito, y no como una falta.
La juez suspendió el pasado martes el juicio a estos padres, acusados inicialmente de faltas de amenazas y agresión a educadores del colegio Eduard Marquina de Barcelona, para estudiar si abría diligencias por un presunto delito.
Tanto la fiscal como la abogada de la acusación particular, ejercida por la Generalitat porque los demandantes son funcionarios de esta administración, pidieron a la juez que abriera diligencias previas por delito de atentado y ésta ha decidido hoy aceptar la petición.
Este es el primer caso conocido en que una juez abre diligencias por delito de atentado por una agresión a profesores, después que el pasado 14 de noviembre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, ordenara a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y de la sanidad.
Según han explicado a Efe fuentes judiciales, los dos padres están acusados de agredir y amenazar de muerte a la directora, la jefa de estudios y a un conserje del centro educativo tras entablar una discusión con ellos.
Al parecer, los padres exigían que a su hijo, que cursa educación infantil, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.
El Código Penal recoge que las penas por atentado pueden conllevar de uno a tres años de prisión "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Si, además, el atentado se considera que es contra una autoridad, las penas previstas son de entre dos y cuatro años de cárcel.
