Esta aprobación contó con el voto en contra del PP y la abstención "simbólica" de CiU en el artículo segundo del proyecto, como muestra de protesta por la actitud del PSOE, que no ha negociado con los convergentes ninguna de sus enmiendas.
El proyecto de ley, que pasará ahora al Senado, fija los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil si no se corresponde con su verdadera identidad de género y contempla también el cambio del nombre propio para que no resulte discordante con el sexo reclamado.
La Comisión no aceptó ninguna de las enmiendas propuestas por CiU, PNV y PP, pero aceptó una de IU-ICV que supondrá introducir una disposición adicional nueva a este proyecto de ley de identidad de género para permitir a las lesbianas ser madres de los hijos "in vitro" de sus cónyuges.
No prosperaron, en cambio, las enmiendas defendidas por las diputadas de IU-ICV Isaura Navarro y ERC Rosa María Borrás que pretendían reconocer los mismos derechos a los extranjeros con tarjetas de residencia.
IU-ICV también postuló que pudieran acogerse a la ley los menores de edad con autorización paterna, lo que fue tajantemente rechazado por el PSOE.
Tampoco fue aceptada ninguna de las sugerencias del PP, cuyo portavoz, Juan María Santaella, abogó por establecer como obligatorias las intervenciones de reasignación de sexo y pidió que los cambios en el Registro Civil se efectuasen mediante resolución judicial.
La diputada del PSOE Carmen Montón calificó de "revolucionario" el avance social que supondrá la ley, que, según dijo, "no es una propuesta frívola", sino un "compromiso con la Justicia, los derechos civiles y humanos".
Montón recordó que nueve de cada diez transexuales no tienen trabajo, dijo que muchos de ellos se ven abocados a la prostitución y aseguró que la mitad de las personas diagnosticadas de "disforia de género" termina suicidándose.
Su intervención, en la que, entre otras cuestiones, acusó al PP de "excesivo conservadurismo, falta de modernidad, lejanía de la realidad social y nulo compromiso con todas las personas", provocó una cadena de réplicas de los otros grupos, hasta el punto de que el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ironizó diciendo que estaba asistiendo "más a un mitin" que a una comisión parlamentaria.
El diputado de CiU Jordi Jané se mostró muy molesto por la actitud de los socialistas, a quienes reprochó que no hayan intentado ni siquiera negociar ninguna de sus enmiendas.
La nueva normativa, según la exposición de motivos, trata de garantizar "el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas".
El cambio de identidad tendrá que acreditarse debidamente y la rectificación registral se llevará a cabo de acuerdo con la regulación de los expedientes gubernativos del Registro Civil.
Gracias a la ley, toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y plenamente capaz podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo, que se acordará cuando el solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
La persona que cambia de sexo y nombre estará obligada a pedir la emisión de un nuevo documento nacional de identidad ajustado a la inscripción registral rectificada, que no le supondrá ningún coste.
