A semanas de que se presente su próxima edición -que será la décima-, el Festival Internacional de Cine de Murcia, Ibaff, se ha encontrado con «una piedra en el zapato». El que hasta ahora era su programador, el periodista y crítico valenciano Enric Albero, ha renunciado a su cargo después de nueve meses esperando al pago de sus emolumentos; situación que ha detallado en su perfil de Twitter a través de un comunicado que ha pillado «por sorpresa» a la dirección del festival.

En el texto, Albero -que presentó su dimisión el pasado mes de julio- señala que el motivo de su acusación pública «no es tanto elevar una reclamación, que también, como denunciar una situación que entiendo insostenible, a la que no veo que nadie ponga freno y que amenaza con reproducirse en el futuro cobrándose nuevas víctimas», apunta. Y es que el valenciano asegura que su caso no es aislado: «He recibido quejas continuas de distribuidores, realizadores, productores y responsables de otros festivales con los que se ha colaborado, que se encuentran en esta misma situación, puesto que no han cobrado los fees pactados por traer sus películas (algunas se han pagado en las últimas semanas, no todas), y otro tanto ha sucedido con proveedores y premiados».

De hecho, Albero reconoce en su comunicado que ha sido informado de que en enero comenzará a recibir el pago de sus facturas. «Aún así, nueve meses no me parece un plazo justo de pago, al igual que tampoco me parece ética la metodología empleada por la administración municipal para retrasar los abonos, basada en la devolución sistemática de facturas alegando defecto de forma que iban variando en cada retorno», añade.

LA OPINIÓN se puso ayer en contacto con Jesus de la Peña, director del Ibaff, que achacó esta situación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que pretende limitar los contratos menores y la adjudicación directa. «La nueva norma entró en vigor el 9 de marzo, y el festival acabó el 10. Una vez terminado, los proveedores -entre ellos Albero, que, como reconoce en su escrito, trabajó como autónomo externo, como la mayoría de los miembros del equipo- tienen que emitir las facturas, pero estas fueron directamente paralizadas por los interventores (del Ayuntamiento, impulsor del festival) ante la nueva ley», explica De la Peña, que asegura que no fue hasta el 21 de abril cuando pudieron comenzar a intentar resolver, «una a una y ajustándose a la ley de provedores», las facturas. Un «caos administrativo», agravado por el proceso de adaptación de la propia contabilidad del consistorio -«No tenían los datos que ahora se requerían porque antes no eran necesarios»- que «ha paralizado, no solo a Cultura, sino a Sanidad, Medio Ambiente... Puedes preguntarle a cualquier proveedor de administraciones públicas», apunta.

No obstante, el director del Ibaff dijo ayer que «entendía» la «parte personal» que conlleva esta situación -«Si me pasara a mí, me sentiría impotente»- y aseguró que el equipo de administración del Centro Cultural del Puertas de Castilla, organizador del festival, «ha estado echando horas, todas las que puede y más, de lunes a domingo, para que al cierre de presupuestos esté todo pagado». «La ley nos ha retrasado hasta tal punto que nuestro empeño desde mayo ha sido enteramente pagar, incluso quitando programación para no seguir acumulando deuda», añade De la Peña, que insiste en que «el desconocimiento de la aplicación de la propia ley» ha sido el culpable de estos retrasos, y que «hasta que no se ha establecido la línea de trabajo» no han podido empezar a pagar.

De hecho, el principal responsable del Ibaff ha asegurado que buena parte de los proveedores ya han cobrado y que la próxima edición del festival marcha viento en popa: «Las líneas del festival del próximo año están muy marcadas. Encuentros con directores, el seminario internacional de la crítica, la parte de formación cinematográfica, la parte de cine de jóvenes, las propuestas de retrospectivas? Las bases salen en el BORM esta semana o la que viene, y el presupuesto para la próxima edición está aprobado». Sin embargo, De la Peña lamentó la salida de Albero: «Se cae una de las patas más importantes del festival. Es uno de los mejores críticos de España y un gran conocedor de nuestra realidad cinematográfica».

El PSOE reclama una auditoría

El PSOE reclama una auditoríaPor otro lado, la denuncia de Albero no cayó en saco roto y el PSOE anunció horas después de hacerse público el comunicado que exigirá una auditoría para el Centro Puertas de Castilla. «Si atendemos a la denuncia del programador podemos concluir que la manera de gestionar el centro es alegal, por lo que nuevamente otro espacio cultural dependiente del Ayuntamiento de Murcia vuelve a estar en situación de conflictividad ya que actúa al margen de la legalidad vigente, sin contratar a profesionales bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad como exige la Ley, sino que se empeña en vincular a trabajadores externos para una actividad, como esta en concreto de programar el Festival Internacional de Cine de Murcia, sin seguir el procedimiento pertinente, y a quienes después no paga por su trabajo», declaró ayer la concejala Begoña García Retegui.