Los salvadoreños recuerdan hoy los 20 años del asesinato de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, durante la guerra civil (1989-1992), con un llamamiento a que se haga justicia y la distinción póstuma que les otorgará el Gobierno de Mauricio Funes.

El 16 de noviembre de 1989, cinco días después de que la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, hoy partido de Gobierno) lanzara una ofensiva, comandos del Ejército salvadoreño irrumpieron en la Universidad Centroamericana y asesinaron a ocho personas.

Las víctimas

Las víctimas mortales fueron el rector de la UCA Ignacio Ellacuría, los sacerdotes españoles Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la empleada Julia Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

Ellacuría denunció desde la UCA las condiciones de explotación y de miseria de la mayoría campesina del país, compromiso en el que coincidió con el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, que también fue asesinado mientras celebraba misa en 1980.

El Salvador hoy

El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, coincidió con el actual rector de la UCA, el jesuita José María Tojeira, quien aseguró que 20 años después del asesinato de los sacerdotes el país experimenta cambios, aunque sufre problemas "muy semejantes" a los de esa época.

Aunque destacó como un "paso importante" la condecoración José Matías Delgado en Grado de Gran Cruz placa de oro anunciada por el Gobierno, estimó que no puede ser "el único" paso hacia la reparación de las víctimas.

En este 20 aniversario, la UCA ha organizado una serie de actividades, entre ellas una marcha con faroles celebrada en la noche del sábado, en la que cientos de hombres, mujeres y niños rindieron tributo a los jesuitas y clamaron por justicia.

El juicio contra los asesinos

Por los asesinatos de los jesuitas fueron enjuiciados en El Salvador varios militares, pero sólo dos fueron condenados en 1991.

Poco tiempo después, en 1993, quedaron en libertad, gracias a la aprobación en el Parlamento de la ley de amnistía.

A finales de 2008, dos organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron en la Audiencia Nacional Española al ex presidente Alfredo Cristiani y 14 miembros del ejército por su presunta implicación en los asesinatos de la UCA. La querella fue admitida y se estudia actualmente.