El Partido Popular de Fortuna podría haber incurrido en un delito electoral por una presunta compra de votos en las elecciones municipales del año 2003. Así lo considera al menos el fiscal, quien en su escrito de calificaciones solicita doce fines de semana de arresto domiciliario para la concejal popular encargada de la contratación de personal en dicho consistorio, María Dolores Sánchez García.
Además, la edil popular, que desempeña las labores de concejal de Personal, Mujer, Tercera Edad, Servicios Sociales y Sanidad en el municipio, se enfrenta a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el mismo tiempo sin poder presentarse a unas elecciones.
Según el ministerio público, María Dolores Sánchez García ofreció trabajo a varios vecinos del municipio a cambio de que ellos y sus familiares emitiesen su voto por correo a favor de la formación popular. El número de votos por correo, en aquella ocasión, alcanzó los 500 sobre un censo de 7.000 habitantes.
La investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Cieza se centró en estos sufragios. Sobre ese listado, se comprobó quiénes habían entrado a trabajar en el ayuntamiento días antes de las elecciones y se les citó a declarar. El desfile en las oficinas del juzgado fue interminable. La gran mayoría de los implicados negó haber vendido su voto, aunque muchos de ellos admitieron también no haber tenido que superar ningún proceso de selección para obtener su puesto de trabajo.
A pesar de la dificultad de demostrar la trama, debido también al carácter secreto de los votos, el ministerio fiscal considera que hay, al menos, entre diez y quince casos de vecinos que han reconocido haber sufrido las presiones de Sánchez García para que votasen al Partido Popular.
El asunto, que se encuentra ya en la Audiencia Provincial, saltó a la arena política unas semanas antes de las elecciones municipales del 25 de mayo del año 2003 tras una denuncia presentada por Izquierda Unida.
La formación de izquierdas presentó una denuncia ante la junta electoral de la zona que, a su vez, remitió el asunto al juzgado de instrucción. En primera instancia, este órgano judicial no apreció indicios de delito y decidió cerrar el asunto, que se reabrió en el 2004 tras la presentación de nuevos testimonios. Ahora, el caso se encuentra ya ante la Audiencia Provincial de Murcia.
