Tribunales
La 'granja de los horrores' de Alhama de Murcia vuelve a juicio ocho años después
La acusación popular pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación para los responsables de la explotación porcina, después de que la Audiencia anulase la absolución dictada en 2024

L.O.
La imagen de unos animales enfermos, heridos y muertos entre otros que seguían con vida quedó grabada en la memoria de millones de espectadores en 2018. Ocho años después de aquella entrada nocturna en una explotación de Alhama de Murcia, el caso ha regresado a los tribunales. La primera jornada del nuevo juicio por 14 presuntos delitos de maltrato animal ha vuelto a recorrer unos hechos que ya provocaron una enorme repercusión pública y que ahora afrontan una segunda oportunidad judicial tras la anulación de la primera sentencia absolutoria.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Lorca acogió este miércoles la primera de las dos sesiones del procedimiento, ordenado de nuevo por la Audiencia Provincial de Murcia después de dejar sin efecto la resolución absolutoria de mayo de 2024. La acusación popular ejercida por Igualdad Animal mantiene su petición de tres años de prisión y nueve de inhabilitación para la tenencia de animales para los dos responsables de la explotación, los hermanos Carrasco.
"Es una de las peores granjas que he visto en mi vida", recuerda Javier Moreno, fundador de Igualdad Animal
Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal (acusación particular) y uno de los testigos del procedimiento, llegó a esta nueva cita judicial con la perspectiva de un caso que, según explicó, ha recorrido un camino especialmente largo. La organización recibió en 2017 unas imágenes anónimas en las que aparecían cerdos en un estado que consideró alarmante. La visita nocturna, junto con un equipo del programa Salvados de Jordi Évole, permitió comprobar aquellas denuncias.
"Yo he estado en muchas granjas en mi vida y siempre es algo habitual encontrarse animales heridos", explicó Moreno. Aquella explotación, sin embargo, le pareció excepcional incluso dentro de una realidad que la organización conoce desde hace décadas. "Esta yo creo que puede ser de las peores granjas que he visto en mi vida", afirmó.
Las imágenes recogidas aquella noche mostraron animales con tumores, grandes hernias, cojeras y patas gangrenadas, además de ejemplares muertos y escenas de canibalismo. Fuera de las naves aparecieron también numerosos cadáveres en contenedores que, según la investigación, estaban sin tapa y rebosaban de restos en estado de putrefacción. Moreno recuerda aquel recorrido como "algo indescriptible".
El perito judicial que intervino en el primer procedimiento concluyó que existía maltrato animal por omisión y señaló que las hernias y lesiones presentaban signos compatibles con llevar semanas sin recibir tratamiento. Un inspector veterinario que acudió a la granja después de la emisión también declaró que la mortalidad observada era más del doble de la habitual en explotaciones de características similares.
Los peritos judiciales confirmarán el maltrato animal por omisión y una mortalidad excesiva
La Audiencia Provincial, al estimar el recurso de Igualdad Animal, señaló la falta de valoración de las declaraciones de los peritos veterinarios. Para Moreno, esa decisión abrió la puerta a que el caso volviera a ser examinado con esos elementos. "Llevamos ocho años", recordó el cofundador de la organización. En ese recorrido, la posibilidad de celebrar de nuevo el juicio constituye para Igualdad Animal una victoria. "Es un éxito que se vuelva a celebrar para reactivar el debate sobre el bienestar animal de estos animales", sostuvo.

La primera jornada del juicio por maltrato contó con la declaraciones de los acusados y del fundador de Igualdad Animal. / Igualdad Animal
La jornada de este miércoles ha contado con las declaraciones de los acusados. La defensa había planteado en el anterior juicio dudas sobre la identificación de la explotación a partir de las coordenadas GPS y había atribuido la elevada mortalidad a una infección vírica que, según su versión, afectó a la granja durante aquellos días. La suciedad observada también fue relacionada con el funcionamiento de los nebulizadores empleados para refrescar a los animales, al mezclarse el agua con las heces.
Moreno considera que la cuestión de la ubicación ha perdido peso en esta nueva vista al existir, además de las coordenadas, el testimonio del propio equipo que accedió a la explotación.
La segunda jornada tendrá especial importancia por la declaración de los peritos, entre ellos el perito judicial. Otro de los argumentos que había planteado la defensa se relacionaba con la entrada nocturna en la explotación y la legitimidad de las imágenes obtenidas. Moreno sostiene que esa cuestión no ha supuesto un obstáculo en los procedimientos celebrados hasta ahora. "En ninguno de los juicios celebrados se han aceptado esas pruebas" como ilegítimas, afirmó.
"No es un allanamiento de morada", defendió Moreno, que diferencia una vivienda particular de una explotación ganadera en la que, a su juicio, existían señales de una situación potencialmente alarmante. La grabación permitió, según su relato, verificar esas sospechas y documentar las condiciones en las que se encontraban los animales.

El fundador de Igualdad Animal, Javier Moreno, este miércoles en los tribunales de Lorca. / Igualdad Animal
No es un episodio aislado
Más allá del desenlace de este procedimiento, Moreno sitúa el caso dentro de una discusión mucho más amplia sobre las condiciones de la ganadería intensiva. Su argumento parte de una idea: lo ocurrido en esta explotación no debería interpretarse como un episodio aislado.
"Estamos hablando de cuestiones estructurales", señaló. La organización reclama en este contexto cambios en las condiciones de confinamiento y una mayor vigilancia sobre las explotaciones.
Las inspecciones forman parte también de sus críticas. Moreno asegura que los controles mínimos establecidos por ley permiten que una explotación pueda tardar décadas en ser inspeccionada y cuestiona que, además, las visitas puedan comunicarse con antelación. Según los estudios citados por la organización, una explotación podría llegar a pasar hasta 60 años sin ser inspeccionada bajo determinadas condiciones de aplicación de esos mínimos. A ello añade que las granjas pueden recibir avisos de hasta 72 horas.
La demanda de Igualdad Animal pasa así por más recursos, un mayor número de controles sin previo aviso y sanciones proporcionadas a la gravedad de las infracciones.
El caso de Alhama llega a esta segunda oportunidad judicial con una petición de condena concreta, pero también con una carga que trasciende la sentencia que pueda conocerse después de la sesión de este jueves. Para Moreno, el simple hecho de que los hechos vuelvan a ser examinados ya tiene valor después de ocho años de recorrido. "Aunque esto es uno de los peores casos que hemos documentado", advirtió, la organización considera que el problema del bienestar animal afecta de forma más amplia a la industria ganadera.
La resolución que llegue tras esta nueva vista determinará la responsabilidad penal de los acusados, pero el proceso ha vuelto a poner ante los tribunales unas imágenes que nacieron de una denuncia anónima y que, desde 2018, forman parte de una de las investigaciones sobre bienestar animal con mayor repercusión pública en España.
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