El suelo municipal para construir vivienda puede acabar en ‘papel mojado’ si no se abarata su precio

En riesgo de que la pretensión de construir más viviendas en diversos municipios acabe en ‘papel mojado’ si los precios no se abaratan. Muchos de los ayuntamientos de la Región de Murcia están en las últimas semanas ‘moviendo ficha’ para tratar de poner su grano de arena y contribuir a solucionar la grave «emergencia nacional» que supone la crisis de vivienda en la Comunidad y en todo el país, sacando a subasta pública diversas parcelas con suelo urbanizable que permitirían levantar nuevos bloques de casas y pisos. Sin embargo, los promotores alertan de que si su precio no se reduce será «tarea imposible» llevar a cabo la misión.

«Si continúan pensando en utilizar la venta de estas parcelas para financiarse, las licitaciones no se cubrirán y quedarán desiertas, como ha sucedido hasta la fecha». Así lo expone el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, en declaraciones a La Opinión, quien sostiene que «el patrimonio público del suelo es una herramienta que los ayuntamientos deberían utilizar para regular el precio de la vivienda, y deberían ser más valientes a la hora de fijar los precios».

La reciente convalidación del decreto de vivienda asequible por parte del Gobierno regional -y que solo está a la espera de superar el trámite de la aprobación definitiva en la Asamblea como proyecto de ley- quiere dar un importante impulso a la construcción de nuevas viviendas (con el objetivo principal de contar con unas 25.000 a precio asequible en los próximos cinco años), mediante la puesta en marcha de medidas urbanísticas dirigidas a movilizar suelo, aumentar la edificabilidad de determinados terrenos, agilizar licencias y facilitar el desarrollo de promociones protegidas.

«Estamos en un momento crucial para impulsar la vivienda protegida. El nuevo decreto acaba de ser aprobado, el Plan de Vivienda Estatal 2026-2030 viene con ayudas por primera vez desde 2011 para la compraventa de obra nueva y los consistorios disponen de suelo urbanizado», asegura Blázquez. Y lo cierto es que muchos de los consistorios ya están tratando de contribuir con ello, pero para los promotores inmobiliarios ahora mismo sigue siendo insuficiente.

La mayor operación

Una de las operaciones más recientes y de mayor alcance fue la anunciada hace unos días por el Ayuntamiento de Murcia, que decidía abrir un concurso para enajenar ocho parcelas municipales repartidas por barrios y pedanías como Barriomar, San José de la Vega, Cabezo de Torres, El Esparragal, El Palmar, Santiago el Mayor y Sangonera la Verde. Los terrenos permitirán promover cerca de 400 viviendas protegidas en el municipio destinadas principalmente a jóvenes y primeros compradores, que podrán acceder a ellas mediante venta o alquiler con opción a compra. El valor mínimo conjunto del suelo para potenciales compradores superaría los 5,1 millones de euros.

Pero también hay otros municipios, como Águilas, Torre Pacheco, Los Alcázares, Calasparra, San Javier o Alcantarilla que han anunciado en los últimos meses la puesta a disposición de parte de sus parcelas para edificar.

«Estamos viendo cómo varios ayuntamientos comienzan tímidamente a poner parcelas en el mercado para la construcción de viviendas, pero hasta ahora a precios demasiado elevados para que en ellas se pueda construir vivienda asequible. Los altos costes de construcción y la falta de mano de obra, unida a los elevados costes de infraestructuras y, por supuesto, los excesivos impuestos han convertido la construcción de esta vivienda asequible en tarea imposible», señala el presidente de Apirm. Para los promotores de la Región, los precios que se están barajando actualmente, con el módulo actual, en muchos casos «no cubren los costes» de la logística, de los materiales o de los trabajadores, lo que supondrá que parte de las licitaciones seguirán desiertas: «No se construyen más viviendas por un problema de rentabilidad y de suelo. Si disponemos de suelos municipales, habrá que hacer que las promociones sean viables y para ello han de mejorarse los precios de salida», dicen.

«Medidas urgentes»

Los promotores proponen poner en marcha «dos medidas urgentes» para construir viviendas y poner suelos en marcha: la revisión al alza del módulo de vivienda protegida, es decir, el precio máximo de venta de estas viviendas que debería compensar los costes, y que los consistorios pongan el suelo a disposición del sector «en condiciones» para hacer estas viviendas, pero alertan de que «para ello deben pensar menos en lucrarse con la venta y más en la función social que deben tener estos suelos».

Desde Apirm también proponen acompañar este tipo de promociones de «otras ventajas fiscales y operativas» para ayudar a la vivienda protegida, en la misma línea de las principales reclamaciones que viene pidiendo la patronal de la construcción regional Frecom, cuyo presidente, José Hernández, ya expuso que casi el 40% del precio de la vivienda en la Región ya se va en impuestos y ‘papeleo’. Así, Blázquez reitera que el Estado tome en consideración la disminución de los impuestos asociados a la vivienda, «sobre todo al IVA, que debería bajar al 4%, revisando las condiciones técnicas de este tipo de promociones para no seguir encareciendo el producto».