La acogida de menores provenientes de Ceuta, nuevo obstáculo a los Presupuestos de 2026 en la Región de Murcia

La Región de Murcia ya ha mostrado su rechazo a acoger a más niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados provenientes de Ceuta, ciudad autónoma cuyo sistema de protección de menores sufre una sobreocupación que roza el 3.000%. Este martes, fuentes de la Consejería de Política Social que dirige Conchita Ruiz informaban a La Opinión que sus recursos de acogida "están saturados", con una situación de "máxima tensión, agravada por el aumento de llegadas de pateras a nuestras costas".

Detrás de esta negativa también se encuentra la presión del único partido que le puede servir de socio para aprobar leyes de gran importancia como los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2026 y que, ya entrada la segunda mitad del año, siguen sin presentarse ni siquiera. Y es que, hace tan solo dos semanas, Vox trasladó al Partido Popular en la Asamblea Regional un documento de mínimos con condiciones para garantizar la estabilidad presupuestaria y el funcionamiento de los servicios esenciales, ante la falta de contactos para negociar las cuentas autonómicas.

El portavoz parlamentario de la formación de Santiago Abascal, Rubén Martínez Alpañez, explicó que se trata de un "documento de mínimos" para que el Grupo Popular valore sus propuestas y "no se pongan en riesgo servicios esenciales ni el pago de las nóminas". En conversaciones con este periódico, reveló que uno de esos puntos es, precisamente, el rechazo a nuevas acogidas de menores extranjeros no acompañados.

El Partido Popular es, sin duda alguna, colaboracionista con el Gobierno del Estado"

Rubén Martínez Alpañez

— Portavoz Vox Asamblea

"El posicionamiento del PP es, sin duda alguna, colaboracionista con el Gobierno del Estado porque a lo único que se limita es a solicitar más fondos para seguir financiando la inseguridad y la inmigración ilegal", lamenta Alpañez. De hecho, esto fue lo que hizo la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, en la Comisión Sectorial de Infancia celebrada el 1 de julio. En aquella reunión, la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, explicó que "el sistema de protección de la Región es el único de toda España que, aun estando tensionado, no recibe ni un euro de financiación extraordinaria como el resto de las comunidades a las que se les tiene en cuenta su situación geográfica y su sobreocupación", como pasa con Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.

En Vox destacan que "todos los acuerdos" a los que han llegado con el PP relacionados con la inmigración ilegal han sido incumplidos. "De nada sirve cerrar un centro de menores extranjeros no acompañados en la pedanía de Santa Cruz si amplías la capacidad del centro de la pedanía de al lado y te los llevas al Valle Perdido. Es ridículo", explica.

Los de Abascal insisten en repatriar a todos los sin papeles y en impulsar la "remigración"

Su discurso, como viene siendo habitual, vincula la inmigración irregular con la delincuencia, afirmando que "nuestros barrios están ahora mismo siendo víctimas de la red de mafias que está financiando el Gobierno corrupto de Pedro Sánchez con la colaboración del Gobierno regional de López Miras". En este sentido, insiste en remarcar su "absoluto rechazo a la invasión que estamos sufriendo" y en exigir que "todos los inmigrantes ilegales que entran a nuestro país sean repatriados independientemente de por donde entren: por el aeropuerto, por Ceuta, por Melilla o como están llegando por decenas de forma diaria a nuestras costas, aquí en la Región de Murcia".

En Vox también reclaman la "remigración de todos aquellos que no acepten nuestra cultura, nuestra forma de vida y traten de imponernos culturas totalmente contrarias a los Derechos Humanos y a nuestra legislación y forma de vida".

El reparto es vinculante por ley

Pese al obstáculo que la aceptación de la reubicación pueda suponer para las cuentas del presente ejercicio, el artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformado en 2025, contempla la acogida vinculante y solidaria del resto de comunidades ante una contingencia migratoria extraordinaria, situación en la que se encuentra esta ciudad autónoma desde agosto del año pasado. Según el texto, el traslado debe realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales, desde su registro e inicio del expediente, por lo que ya se estaría en tiempo de descuento.

Cabe recordar que la acogida de menores migrantes en las comunidades gobernadas por el PP y Vox en 2024 supuso la salida de los segundos de los ejecutivos. Así ocurrió en Extremadura, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. En esta ocasión, y después de que Vox volviera este año a cuatro gobiernos autonómicos (los tres primeros citados anteriormente, más Andalucía), los de Abascal consideran que la situación esta vez es "distinta" y no esperan volver a abandonar los gobiernos. Entre otras cosas, recuerdan que los populares "votaron a favor" hace dos años de la acogida.

Sea como fuere, fuentes de la cúpula nacional de Vox aseguran que harán todo lo posible para impedir el reparto: "Agotaremos todas las vías para evitarlo".