El monte no arde por una chispa, sino por décadas de abandono y falta de gestión

Las laderas guardan una memoria silenciosa. Durante años parecen inmutables, ajenas al ruido cotidiano, hasta que un verano extremo recuerda que ese paisaje también puede convertirse en una amenaza. Tras el devastador incendio de Los Gallardos (Almería), la conversación sobre los montes ha regresado con fuerza, aunque para Francisco Carreño el verdadero problema no comenzó con la chispa que originó el fuego, sino mucho antes, cuando el territorio dejó de cuidarse.

El presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (Profomur) y de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) sostiene que la sociedad continúa buscando el origen de los incendios (tendidos eléctricos, pirómanos, negligencias) cuando la prioridad debería ser reducir sus consecuencias. A su juicio, resulta imposible impedir todas las igniciones, ya provengan de un accidente, una imprudencia o una causa natural. La diferencia radica en la capacidad del monte para frenar el avance de las llamas.

«Nosotros no podemos evitar los incendios», sentencia. La labor de quienes gestionan el territorio, añade, consiste en conseguir que «la superficie quemada sea mínima». Esa idea atraviesa todo su discurso y explica su insistencia en reclamar una política forestal basada en la prevención continuada, en lugar de concentrar la mayor parte de los recursos cuando el fuego ya se ha declarado.

Carreño considera que el incendio de Almería ilustra ese diagnóstico. Las abundantes lluvias de primavera generaron una vegetación excepcional que, tras semanas de altas temperaturas, terminó convertida en un combustible continuo. En esas condiciones, explica, el fuego puede avanzar a gran velocidad porque apenas encuentra obstáculos naturales o zonas donde perder intensidad.

El abandono del medio rural agrava todavía más ese escenario. Allí donde antes convivían cultivos, pastoreo y actividad agrícola, hoy predominan extensiones continuas de vegetación seca. Esos mosaicos agrícolas que durante décadas actuaron como barreras naturales prácticamente han desaparecido. «El problema es la continuidad del fuego», insiste, convencido de que ese cambio en el paisaje explica la virulencia creciente de los grandes incendios.

La Región de Murcia tampoco permanece al margen de ese riesgo. El responsable de Profomur recuerda que existen núcleos de población rodeados de masa forestal donde una situación meteorológica extrema podría desembocar en episodios similares. Como ejemplo cita el proyecto desarrollado por la asociación en las pedanías lorquinas de Jarales y Humbrías, concebido para crear franjas de protección, mejorar accesos, retirar árboles afectados por la sequía y reducir la vegetación acumulada alrededor de las viviendas.

La experiencia, señala, ha reforzado la percepción de seguridad entre los vecinos y demuestra que las actuaciones preventivas ofrecen resultados tangibles antes de que aparezca una emergencia. Aun así, lamenta que estas iniciativas sigan siendo excepcionales cuando, en su opinión, deberían formar parte de una estrategia sostenida durante décadas.

Esa falta de continuidad también afecta a los propietarios privados. Más del 70 % de la superficie forestal pertenece a particulares, pero Carreño denuncia que muchas inversiones públicas siguen concentrándose exclusivamente en montes de titularidad pública. Desde su punto de vista, el fuego no distingue límites administrativos. «No tiene sentido actuar por titularidad. El sentido es actuar por zonas», afirma.

Otra de las dificultades aparece en la burocracia. El dirigente forestal asegura que cualquier intervención requiere autorizaciones y planificación previa, una realidad que obliga a trabajar con horizontes temporales muy distintos a los de otras actividades económicas. «La mentalidad forestal no es la mentalidad habitual; es a medio y largo plazo», explica. Esa visión, sostiene, choca con decisiones políticas marcadas por la inmediatez.

La reivindicación trasciende el ámbito estrictamente forestal. Carreño defiende que los montes generan beneficios que rara vez se contabilizan, desde la conservación de la biodiversidad hasta la regulación del ciclo del agua o la protección frente a la erosión. Esa aportación ambiental, argumenta, permanece fuera de muchos indicadores económicos y contribuye a que el territorio pierda peso en las prioridades públicas.

A esa realidad suma un componente demográfico. Las comarcas de interior concentran menos población y menor influencia política, circunstancia que, en su opinión, explica parte de la escasa atención institucional. «No tiene peso electoral», lamenta al analizar por qué numerosas propuestas del sector permanecen años sin traducirse en medidas concretas.

Frente a ese panorama, el presidente de COSE reclama un cambio de perspectiva que convierta la gestión forestal en una política permanente y compartida por toda la sociedad. El fuego, advierte, no debería ocupar espacio únicamente durante los grandes incendios del verano. «Hay que abrirlo a la sociedad; este tema no puede ser de un departamento de la administración», sostiene. La prevención, concluye, necesita tiempo, continuidad y una implicación colectiva capaz de devolver al monte la actividad que durante generaciones mantuvo vivo un paisaje que hoy muchos contemplan con una mezcla creciente de admiración y miedo.