El Gobierno regional recurrirá el decreto que prohíbe sótanos y garajes subterráneos en los municipios más inundables

El Gobierno regional presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto con el que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende modificar el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al considerar que una de sus principales novedades, la prohibición de los usos bajo rasante en los municipios más delicados por riesgo de inundación, tendrá un fuerte impacto sobre el urbanismo y el acceso a la vivienda en la Región de Murcia.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, abordó este tema junto al presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, durante una reunión este miércoles en la que analizaron las consecuencias de la reforma estatal.

Según explicó el consejero, la prohibición de construir sótanos y aparcamientos subterráneos en numerosos ámbitos urbanísticos impedirá desarrollar este tipo de infraestructuras "sin que se contemple ninguna alternativa posible", lo que condicionará tanto nuevos desarrollos como futuras promociones residenciales.

Atribuye las restricciones al déficit de infraestructuras hidráulicas de contención y defensa que lleva años reclamando al Estado

Reducirá la seguridad jurídica

Para el Ejecutivo autonómico, estas limitaciones son consecuencia de la falta de ejecución de las presas hidráulicas de contención y defensa frente a riadas que la Región lleva años reclamando al Estado. García Montoro sostuvo que, si esas obras se hubieran llevado a cabo, "no habría necesidad de imponer nuevas prohibiciones o limitaciones sobre el suelo".

La Comunidad también considera que la modificación normativa reducirá la seguridad jurídica al obligar a los ayuntamientos a adaptar sus planes generales en un plazo de cinco años, un periodo que califica de insuficiente para afrontar una revisión urbanística de esa envergadura.

Además, el Gobierno regional advierte de que el endurecimiento de las restricciones reducirá el suelo disponible para la construcción de viviendas y frenará el desarrollo económico y social de los municipios.

Las alegaciones que prepara la Comunidad defenderán que la seguridad frente al riesgo de inundaciones debe garantizarse mediante la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes y no a través de nuevas limitaciones urbanísticas. Asimismo, el Ejecutivo regional reitera sus dudas sobre la cartografía oficial de zonas inundables, al considerar que los modelos utilizados no reflejan adecuadamente la realidad del territorio y que no debería servir de base para endurecer las restricciones.