Educación
La Región reducirá el plazo para resolver los problemas de convivencia en las aulas
Las situaciones de acoso o mal comportamiento prescribirán antes, lo que obligará a los equipos a agilizar la resolución de los expedientes
Alumnos de instituto durante una clase en su centro. / L.O.
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El nuevo decreto de convivencia escolar en el que trabaja el Gobierno de la Región de Murcia obligará a los centros educativos a resolver más rápido los expedientes, ya que las acciones de los alumnos prescribirán antes.
Faltas de respeto, desobediencia, insultos, amenazas, agresiones o daños al mobiliario son algunas de las situaciones con las que tiene que lidiar a diario el profesorado y equipos directivos, situaciones ante las que la nueva norma reforzará la autoridad docente y endurecerá sanciones.
El texto inicial del nuevo decreto, al que ha tenido acceso La Opinión, reduce las situaciones que se pueden presentar a dos modalidades: conductas perjudiciales para la convivencia (faltas graves) y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (muy graves), desapareciendo la definición que existía hasta ahora de faltas leves. Así, en estos dos casos se rebaja de forma significativa el tiempo de prescripción de las conductas de los alumnos y se pasa de los 90 días que hay actualmente para los casos graves a un máximo de 30 días, mientras que en los muy graves se baja de seis meses (180 días) a 90 días.
El objetivo de este cambio, según la Consejería de Educación y Formación Profesional, es que se gestione el expediente con agilidad y se aplique lo antes posible la medida correctora que se contemple en cada caso, una forma de que no se dilate y se eternice.
Esta decisión es vista con buenos ojos por los directores de colegios e institutos de la Región de Murcia, quienes agradecen esa aminoración de los tiempos a la vez que insisten en que esta debería ir acompañada de un aumento de recursos para no sobrecargar a los docentes y a los equipos directivos.
Olga Catasús, presidenta de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de la Región de Murcia, considera que «los procesos excesivamente largos nos entorpecen a todos en el desarrollo del curso», por lo que ve positivo que se reduzcan los plazos, ya que esto «beneficiará a las familias, a los alumnos y a los propios centros».
«Que se agilicen estos procesos siempre es bueno», afirma también la presidenta de la Asociación de Directores de Secundaria de la Región, Isabel Saturno, quien sostiene que hay casos en los que son las propias familias las que entorpecen el proceso a conciencia para evitar que se resuelva en tiempo.
Sin embargo, desde las organizaciones sindicales no están de acuerdo con el hecho de que se exija más rapidez a los equipos directivos sin darles los recursos necesarios para cumplir esos tiempos, ni que el borrador del texto se haya elaborado sin contar con ellos previamente, ya que «no se ha llevado ni al Observatorio de la Convivencia Escolar», apuntan.
«Sabiendo la carga de trabajo que ya soportan, nos parece increíble que se les apriete aún más exigiéndoles que se agilice y resuelvan antes los procedimientos», apunta el responsable de la Federación de Educación de CCOO, Nacho Tornel.
En este sentido, Andrés Martínez, de Sterm-Intersindical, ve como un punto negativo del nuevo texto que «por un lado se reduzca la burocracia, pero que por otro se amplíen las funciones del docentes y del tutor sin más recursos que los que ya existen».
El decreto en el que trabaja la Administración regional busca también reforzar la autoridad del docente para que sea este el que tome las decisiones.
Medidas correctoras
El cambio en la clasificación de las faltas permite al director del centro delegar en los docentes la aplicación de las medidas correctoras para las conductas perjudiciales para la convivencia para que puedan actuar directamente sin necesidad de una amonestación previa o de abrir un parte, pudiendo expulsar al alumno de clase de forma directa e inmediata con el fin de que cese en la conducta.
Así, se amplía la potestad de los docentes para sancionar conductas perjudiciales para la convivencia, mientras que el director se encargará de las sanciones que conlleven expulsión del alumno o cambio de grupo.
Los profesores pierden el 20% del tiempo en poner orden en clase
La actualización de la norma que rige para garantizar la convivencia escolar en los centros educativos de la Región viene motivada por la necesidad de dar respuesta a fenómenos emergentes como el uso inadecuado de dispositivos digitales, el incremento de las conductas disruptivas en etapas tempranas, la aparición de nuevas formas de acoso, incluido el ciberacoso y la difusión de contenidos generados mediante inteligencia artificial -hace unos días se conocía que tres menores de Molina de Segura han sido imputados por difundir fotos manipuladas con IA de compañeras de clase desnudas- y la exigencia de proteger la integridad física y moral de todos los miembros de la comunidad educativa, tal y como recoge el texto que la Consejería de Educación y Formación Profesional sacará próximamente a exposición pública.
Con ello se pretende garantizar la igualdad real y efectiva, prevenir cualquier forma de discriminación, asegurando la protección de datos personales en entornos digitales, al tiempo que se garantiza el derecho a la educación del resto del alumnado.
Los docentes tienen cada vez más problemas para dar clase con normalidad, expuestos a faltas de respeto e interrupciones constantes.
La Consejería apunta que los datos recogidos en el informe Talis 2024 de la OCDE muestran que el profesorado en España destina una importante proporción de tiempo lectivo a la gestión de la disciplina y el restablecimiento del orden en el aula, tiempo que varía entre el 18% en educación Secundaria y el 20% en Primaria.
«Esta situación restringe de manera efectiva el tiempo destinado a la enseñanza y al aprendizaje, incidiendo negativamente en la calidad educativa y en el clima de convivencia en los centros docentes», afirma Educación.
De ahí que se regulen en este nuevo texto las conductas mencionadas, que no solo afectan a quienes las llevan a cabo sino que comprometen el derecho a la educación de sus compañeros.
En este caso, se endurecerán las sanciones y si se demuestra un caso de acoso escolar, el agresor será cambiado de centro en el caso de que curse enseñanzas obligatorias o expulsado definitivamente si cursa enseñanzas no obligatorias, un anuncio que está generando dudas entre las organizaciones sindicales, quienes consideran que no se puede expulsar a alguien del sistema educativo de forma indefinida porque es negarle el derecho a la educación.
Además, la Consejería anuncia que la nueva normativa amplía su ámbito de aplicación al transporte escolar y a los comedores y estará vigente durante todo el tiempo que el alumno permanezca en el centro.
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