Murcia no asiste al debate sobre el proceso de regularización

El Gobierno regional rechazó este jueves la política migratoria del Ejecutivo central al considerar que «utiliza la Conferencia Sectorial de Inmigración como instrumento para avalar una gestión opaca e irresponsable, ignorando a las administraciones que deben resolver su impacto».

Por este motivo, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, no participó en la reunión de este órgano prevista para este jueves, como tampoco lo hicieron sus homólogos en el resto de autonomías gobernadas por el Partido Popular, con o sin Vox. El objetivo era debatir el controvertido proceso de regularización masiva impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que fue imposible por incomparecencia de gran parte de los convocados.

Además, según la consejera murciana, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones «ha vulnerado el reglamento que regula el funcionamiento de la Conferencia Sectorial, ya que ha ignorado las aportaciones y solicitudes de las comunidades autónomas, entre las que está el envío de toda la documentación relativa al proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, así como los informes que permitan conocer el impacto real de la medida sobre los servicios públicos». Y esto, a pesar de que, durante la Comisión Sectorial, el Gobierno central se comprometió a compartir estos datos.

«Pedimos disponer de la información necesaria para analizar, planificar y gestionar con responsabilidad las consecuencias de decisiones que afectan directamente a nuestros ciudadanos y a los servicios públicos que prestamos», insistió Ruiz, quien criticó también que el Ministerio no hay aremitido «ningún tipo de información» sobre la implementación del Plan Europeo de Migración y Asilo. «También se la hemos reclamado y también se comprometieron a enviarla», lamentó la murciana, quien recordó que ese plan se aprobó el pasado 12 de junio «y el Gobierno central aún no ha ejecutado las principales reformas comprometidas con la Comisión Europea».

Por otro lado, Conchita Ruiz quiso manifestar este jueves su preocupación por «la ausencia de información complementaria» en el futuro Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, y calificó de «insuficiente» que el Ministerio haya enviado el documento y no lo haya acompañado de informes económicos, previsiones presupuestarias o evaluaciones que permitan comprobar la viabilidad de las medidas planteadas y los recursos previstos para su ejecución. «La principal medida de este plan es la regularización, que conllevará un gasto en sanidad, educación, servicios sociales, etc. que las comunidades autónomas tendremos que asumir, una vez más, sin apoyo del gobierno central, que mantiene unos presupuestos prorrogados desde hace tres años», añadió la consejera.

Por último, Ruiz aseguró que defiende «una política migratoria basada en la legalidad, la cooperación entre administraciones, la integración efectiva y la planificación responsable de los flujos migratorios, siempre teniendo en cuenta la capacidad real de acogida de cada territorio y la sostenibilidad de los servicios públicos».