Un informe alerta de que las playas de La Manga podrían perder hasta cinco metros

La tensión entre la expansión urbanística y la fuerza creciente de los temporales dibuja una brecha cada vez más profunda en el litoral de la Región de Murcia.

Las cicatrices que los primeros meses de 2026 han dejado en la costa murciana no constituyen un episodio aislado, sino la confirmación de una fragilidad estructural. El informe 'Destrucción a toda costa 2026', elaborado por Greenpeace, sostiene que el modelo de ocupación del litoral ha situado a la Región de Murcia en una encrucijada crítica, donde la presión urbanística y el cambio climático agravan la pérdida de playas y la vulnerabilidad frente a los temporales.

Con un 28 % de su franja costera urbanizada, la comunidad comparte el cuarto puesto de 'artificialización' del litoral español junto con el País Vasco, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (51 %), Cataluña (44 %) y Andalucía (36 %). La Manga del Mar Menor representa, según el informe, el ejemplo más significativo de esta transformación: una barra de dunas de apenas 20 kilómetros que concentra más de 200 complejos residenciales y cuya población estival supera ampliamente las 200.000 personas.

Este enclave figura entre los doce puntos del litoral español con mayor riesgo de regresión. Greenpeace advierte de que las playas interiores de La Manga podrían perder hasta cinco metros de anchura a corto plazo como consecuencia del aumento de la temperatura del agua y de la subida del nivel del mar. La organización considera que la elevada ocupación urbanística ha reducido la capacidad natural de este espacio para amortiguar el impacto de los temporales. Además, señala que la limitación de nuevas torres residenciales en San Javier no ha frenado la presión urbanística, que se ha desplazado hacia la creación de nuevas plazas hoteleras. El documento también recuerda que seis islas del litoral murciano permanecen en manos privadas.

La vulnerabilidad de la costa quedó patente tras el paso de borrascas como Emilia, Leonardo o Nils. Los temporales provocaron importantes daños en el municipio de Cartagena, donde cuatro playas urbanas perdieron toda su arena en apenas una semana. La Dirección General de Costas tuvo que coordinar redistribuciones mecánicas de áridos en enclaves como Bolnuevo, en Mazarrón, además de reparar el paseo marítimo de El Portús por 60.000 euros. En San Javier, la reconstrucción del Balneario de los Viudes requirió una inversión extraordinaria de 100.000 euros.

Greenpeace cuestiona este tipo de actuaciones al considerar que las regeneraciones artificiales de arena suponen «dinero tirado al mar», ya que los siguientes temporales vuelven a arrastrar el material aportado. Según la organización, el Estado destinará este año 246 millones de euros a acondicionar playas para la temporada turística mediante intervenciones que no solucionan el origen del problema.

El informe también pone el foco sobre el Mar Menor, donde la regresión costera se suma a la crisis ecológica derivada de la eutrofización. Greenpeace atribuye este deterioro a la llegada de nitratos desde el Campo de Cartagena y recuerda que investigadores del CSIC han advertido de que la aparente estabilidad actual de la laguna responde a un «nuevo equilibrio» muy frágil, lejos de una recuperación definitiva.

En el ámbito judicial, la organización califica de «hito histórico» el denominado 'caso Topillo', en el que el Mar Menor comparece como sujeto de derechos ante un tribunal europeo gracias a su personalidad jurídica. La Fiscalía solicita siete años de prisión y más de 500.000 euros de indemnización para las empresas Ecosarete S. L. y Datelio S. L. por el vertido presuntamente ilegal de 162.345 metros cúbicos de salmuera con nitratos.

Frente a este escenario, Greenpeace defiende una estrategia basada en la recuperación de procesos naturales. Entre los ejemplos cita el proyecto de restauración de El Carmolí, que prevé expropiar 3,1 millones de metros cuadrados para recuperar el humedal y plantar 18.000 ejemplares de vegetación autóctona capaces de actuar como filtro frente a sedimentos y nutrientes. La actuación se complementa con el desarrollo del Cinturón Verde impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica en fincas agrícolas próximas al Mar Menor.

El informe también recuerda la situación de la bahía de Portmán, cuyo proyecto de regeneración continúa sin materializarse tras quedar desierta la licitación de las obras y obligar a revisar técnicamente la propuesta presentada este año.

Greenpeace enmarca el caso murciano en una tendencia que afecta a todo el Mediterráneo occidental, cuyas aguas se calientan aproximadamente un 20% más rápido que la media mundial. Este fenómeno favorece la expansión de especies invasoras, altera los ecosistemas marinos y acelera el deterioro de hábitats como las praderas de posidonia, fundamentales para amortiguar el oleaje y proteger las playas.

La organización concluye que mantener un modelo basado en regeneraciones artificiales e infraestructuras rígidas solo incrementará el gasto público sin resolver la regresión del litoral. En su lugar, propone recuperar dunas, humedales y otros espacios naturales, revisar la planificación urbanística en primera línea de costa y asumir que la adaptación al cambio climático pasa por devolver espacio al mar para que los procesos naturales vuelvan a desempeñar su función protectora.

Piden revisar la Ley de Costas y retirar construcciones

La adaptación del litoral al cambio climático pasa por replantear el modelo de ocupación de la costa. Esa es una de las principales conclusiones del informe ‘Destrucción a toda costa 2026’, en el que Greenpeace también reclama endurecer la protección del dominio público marítimo-terrestre y abandonar las políticas que, a su juicio, prolongan la permanencia de edificaciones e infraestructuras en las áreas más vulnerables al avance del mar. La organización ecologista cuestiona las iniciativas orientadas a flexibilizar la aplicación de la Ley de Costas y advierte de que mantener construcciones en espacios especialmente expuestos solo retrasa una adaptación que considera inevitable. En este sentido, recuerda que la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento contra España por distintos aspectos relacionados con la normativa que regula las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre.

El informe sostiene que la respuesta frente al retroceso del litoral no puede limitarse a reconstruir paseos marítimos o regenerar playas tras cada temporal. En su lugar, Greenpeace defiende un cambio de estrategia basado en lo que denomina ‘retranqueo estratégico’, una medida que propone desplazar o retirar infraestructuras situadas en primera línea de costa para devolver espacio a playas, dunas y humedales.

Según la organización, estas actuaciones permitirían recuperar la capacidad natural del litoral para absorber el impacto de los temporales y adaptarse de forma progresiva a la subida del nivel del mar. El documento cita diversos ejemplos desarrollados en otros puntos de España, donde la eliminación de edificaciones, la restauración de sistemas dunares o la recuperación de espacios naturales han reducido la erosión y mejorado la resistencia de las playas frente al oleaje.

Greenpeace contrapone estas iniciativas a las soluciones de ingeniería rígida, como espigones o muros de contención, que, según sostiene, alteran la dinámica natural del transporte de sedimentos y terminan agravando la erosión en otros tramos de costa.

La organización también reclama que la planificación urbanística incorpore de forma efectiva las previsiones sobre cambio climático antes de autorizar nuevos desarrollos en el litoral. En su opinión, continuar ocupando zonas con riesgo de inundación o regresión supone aumentar la exposición de personas e infraestructuras a unos fenómenos que serán cada vez más frecuentes e intensos.

El informe ecologista concluye que la protección de la costa pasa por asumir que el litoral es un espacio dinámico y que las políticas públicas deberán orientarse a facilitar su adaptación, en lugar de intentar mantener inalterable una línea de costa que el cambio climático está modificando de forma progresiva.