Política
El decreto de vivienda asequible supera el examen de la Asamblea y se tramitará ahora como proyecto de ley
La norma sale adelante gracias a los votos del PP y de los diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez, mientras que Vox opta por la abstención

Un momento de la celebración de la sesión de la Diputación Permanente este miércoles. / L. O.
El decreto-ley de vivienda asequible pasó el 'examen' en la Asamblea Regional y logró ser convalidado con los votos del Grupo Parlamentario Popular junto al apoyo de los dos diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez (Grupo Mixto) y pese la abstención de Vox.
En los últimos días tanto PP como Vox hablaban de que había un "acuerdo cerrado" sobre la política de vivienda y recordaban la necesidad de sacar adelante el decreto. Lo aseguró la pasada semana tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, como unos días más tarde el propio presidente regional, Fernando López Miras, durante un evento de la patronal de la construcción Frecom. Lo que sí era de esperar es que tanto PSOE como Podemos-IU votaran en contra, tal y como hicieron en la sesión que contó con la intervención del consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, y en la que estuvo al frente la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez.
Además, Antelo y Virginia propusieron su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos parlamentarios presentar enmiendas e introducir modificaciones durante el debate parlamentario antes de su aprobación definitiva: tanto PP, PSOE y Podemos mostraron su respaldo mientras que solo Vox se abstuvo en esta cuestión.
Antelo y Martínez defendieron el apoyo a la convalidación del decreto de vivienda "por responsabilidad y pensando en los miles de ciudadanos de la Región que necesitan acceder a una vivienda", al tiempo que apuntaron que en septiembre impulsarán una "profunda modificación" de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (Loturm) para eliminar los principales obstáculos que impiden construir más viviendas.

José Ángel Antelo, durante su comparecencia. / L. O.
El diputado de Vox Ignacio Arcas justificó durante su intervención la abstención de su grupo en la convalidación al considerar que el decreto no resuelve el problema de fondo del acceso a la vivienda. "No ha sido un decreto íntegramente hecho con Vox. Hemos podido introducir unas medidas que consideramos importantes y vamos a seguir trabajando para tener más fuerza", dijo.
El parlamentario insistió en la necesidad de ampliar la oferta residencial mediante la liberalización de suelo y una mayor agilidad administrativa. "La ampliación del suelo es completamente necesaria y debe ir acompañada de una simplificación administrativa. Tenemos que inundar España de bloques de viviendas mediante fórmulas de colaboración que han demostrado ser exitosas, como el acceso a la vivienda social", sostuvo.
En este sentido, sí que presumió de las aportaciones introducidas por Vox durante la negociación del decreto, como la incorporación dentro del reglamento de vivienda de protección oficial el principio de prioridad nacional, situando "el arraigo y el acumulado histórico de familiares en España como principales criterios de asignación de viviendas".

Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo Parlamentario Vox. / L. O.
Alpañez pregunta "a cambio de qué" se cambia el criterio
Más tarde, el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, exigió al PP que explicase "qué precio político está pagando” para haber decidido tramitar como proyecto de ley el decreto-ley de vivienda asequible impulsado por su propio Gobierno, al tiempo que afirmó que el PP "ha enmendado al Gobierno del PP" y reclamó que aclare los acuerdos que "podrían estar detrás de este cambio de criterio.
El parlamentario también criticó que el PP haya responsabilizado durante meses a Vox del "retraso" del decreto de vivienda y que ahora sea el propio Gobierno regional el que "impulse una tramitación que "retrasará su entrada en vigor al menos tres meses más".
Cabe recordar que la convalidación era un paso imprescindible para mantener en vigor la norma, que había entrado en vigor el pasado 8 de julio tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). De no haber obtenido el respaldo de la Cámara antes del plazo legal, el decreto habría quedado automáticamente derogado, como ya ocurrió con el anterior texto aprobado por el Ejecutivo autonómico en octubre del pasado año cuando PSOE y Vox le hicieron la 'pinza' a López Miras para tumbarle el proyecto.
"Esta nueva norma da una respuesta real a una necesidad urgente que combatirá el problema del acceso a la vivienda a través de medidas innovadoras en España para activar suelo, reducir plazos y aumentar la construcción de vivienda protegida", expuso García Montoro.
El consejero explicó que la nueva norma se apoya en tres grandes pilares: "Menos burocracia, es decir simplificación de trámites y reducción de plazos; más incentivos, primas de edificabilidad vanguardistas y rebajas fiscales; y mejor calidad residencial al apostar por viviendas con terrazas”.

Miguel Ortega (PSOE) y María Marín (Podemos-IU). / L. O.
La izquierda, contra la "especulación" y el "pelotazo"
Por su parte, el diputado socialista Miguel Ortega criticó que López Miras "lleva un año diciendo que este decreto iba a ser la solución, pero no garantiza el derecho constitucional a una vivienda digna a las familias, ni la emancipación de los jóvenes, ni baja el precio, ni pone tope a los alquileres, sino que está perfectamente diseñado para hacer negocio".
Ortega lamentó que PP y Vox hayan creado "una nueva tipología de vivienda: la vivienda protegida especulativa, bajando el periodo mínimo de venta de 10 a 5 años y eliminando el precio máximo de compra. Nosotros seguimos defendiendo lo mismo que hace un año: si el suelo es público, la vivienda debe seguir siendo pública siempre".
También desde Podemos-IU anunciaron una "ofensiva" para rebajar los "precios escandalosos" de las nuevas viviendas que quieren poner "el Gobierno regional y los ayuntamientos del PP".
La coalición de izquierdas denunció los primeros "pelotazos" amparados por la ley, con precios de hasta 200.000 euros por pisos en barrios periféricos como Barriomar o Santiago el Mayor, pedanías donde el valor de mercado es muy inferior.
La portavoz morada denunció así que "el PP va a regalar suelo público, suelo de todos los ciudadanos de la Región, a un puñado de constructores para que hagan viviendas no más baratas, sino más caras que las que ya hay en el mercado".
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