Los argumentos con los que PP y Vox intentan salvar la ley que recorta Sierra Espuña para salvar el rally de La Santa

El recurso de inconstitucionalidad contra la ley que recorta los límites del parque de Sierra Espuña para salvar, entre otras cosas, el rally de La Santa, ya tiene respuesta. Un documento elaborado por PP y Vox, al que ha tenido acceso La Opinión, articula una defensa jurídica que niega cualquier regresión ambiental derivada de la reducción del Parque Regional de Sierra Espuña y reivindica que la reforma respeta tanto la Constitución como la normativa europea de conservación.

El informe sostiene que la modificación de los límites del parque "no supone una regresión material de la protección ambiental", principal argumento sobre el que se apoya el recurso de inconstitucionalidad. Según sus autores, reducir el perímetro del parque no implica disminuir la protección efectiva del espacio, ya que las 54,3 hectáreas excluidas seguirán sometidas a las figuras de protección europeas y estatales, como la Red Natura 2000. "El sistema de conservación permanece intacto y continúa garantizando la preservación de los valores ecológicos", afirma el texto.

La defensa también insiste en que la ley no persigue abrir la puerta a nuevos desarrollos urbanísticos, sino adaptar la delimitación del parque a una realidad ya consolidada. Según el documento, los terrenos afectados representan apenas el 0,3% de la superficie del espacio protegido y corresponden al entorno del santuario de La Santa, la carretera RM-502, zonas pavimentadas, edificaciones existentes y áreas de uso público intensivo. "Nunca constituyeron el núcleo ecológico del espacio protegido", argumenta.

Esa tesis busca responder directamente a una de las principales objeciones formuladas por el Defensor del Pueblo, que sostiene que la legislación básica estatal solo permite reducir un espacio natural protegido cuando existen cambios naturales científicamente acreditados, circunstancia que, a su juicio, no concurre en este caso.

"La ley no sacrifica la protección ambiental"

El documento incorpora además un segundo eje argumental basado en la ponderación entre distintos bienes constitucionales. Frente a la interpretación de que la ley enfrenta protección ambiental y actividad deportiva, PP y Vox defienden que la Constitución obliga también a preservar el patrimonio histórico, cultural y religioso. En ese sentido y evitando hablar explícitamente del rally, sostienen que el Santuario de La Santa, la romería de Santa Eulalia y los usos tradicionales asociados al enclave justifican que el legislador autonómico disponga de un margen para compatibilizar esos intereses con la conservación ambiental. "La Ley no sacrifica la protección ambiental, sino que busca su convivencia mediante una delimitación más ajustada a la realidad territorial", recoge el informe.

Otro de los argumentos pretende desmontar la idea de que los límites de un parque regional sean inalterables. El texto recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no prohíbe modificar espacios protegidos siempre que exista una motivación suficiente, criterios objetivos y no se produzca una reducción arbitraria de la protección. A juicio de PP y Vox, esos requisitos concurren porque la modificación está delimitada, afecta a un ámbito muy reducido y mantiene vigentes todas las obligaciones derivadas de la Red Natura 2000.

La conclusión resume la línea de defensa que previsiblemente utilizará la Asamblea Regional si finalmente acuerda personarse en el procedimiento constitucional. "El verdadero debate consiste en determinar si esas 54,3 hectáreas continúan protegidas desde el punto de vista ambiental. Y la respuesta es inequívocamente afirmativa", sostiene el documento.

La estrategia jurídica llega apenas unos días después de que la Comisión de Asuntos Generales aprobara, con los votos de PP y Vox, la creación de una ponencia integrada por el portavoz popular Joaquín Segado y el de Vox Rubén Martínez Alpañez para elaborar el informe previo sobre la personación de la Cámara. Aquella decisión evidenció la división política en torno a una ley que el PSOE e IU consideran jurídicamente condenada desde su origen por contravenir el principio de no regresión ambiental, mientras que la mayoría parlamentaria mantiene que la modificación resulta plenamente compatible con la legislación estatal y europea.

IU y ecologistas cuestionan la estrategia: "Es un disparate"

Las críticas al documento con el que PP y Vox pretenden defender ante el Constitucional la reducción del parque de Sierra Espuña no se hicieron esperar. Tanto el diputado de IU-Verdes en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, como el portavoz de Ecologistas en Acción en la Región, Rubén Vives, consideran que los argumentos recogidos en el informe carecen de base jurídica y difícilmente podrán sostener la constitucionalidad de la ley.

Álvarez-Castellanos calificó de «auténtico disparate» la tesis de que la exclusión de 54,3 hectáreas no supone una pérdida real de protección porque esos terrenos continúan integrados en la Red Natura 2000. A su juicio, cada figura ambiental protege valores distintos y no son intercambiables. «Si aceptamos ese razonamiento, podríamos quitar el parque entero porque, según ellos, no aporta nada», ironizó. El parlamentario recordó además el precedente del intento de reducir el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre para favorecer un desarrollo urbanístico. El diputado recuerda que aquella iniciativa fue rechazada por los tribunales, incluido el Constitucional, al no existir una justificación suficiente.

Para IU-Verdes, el verdadero origen de la reforma sigue siendo la recuperación del Rally de La Santa. Álvarez-Castellanos sostiene que la solución pasaba por buscar un recorrido alternativo o incorporar la prueba al Plan Rector de Uso y Gestión con las medidas correctoras necesarias, si resultaba viable.

En la misma línea, Rubén Vives rechazó los fundamentos de PP y Vox y aseguró que la legislación estatal solo permite reducir un espacio protegido cuando se acredita que los terrenos han perdido de «forma natural» los valores que motivaron su protección. «Mientras no demuestren eso, la ley es inconstitucional», afirmó.

Por otra parte, cabe destacar que la denuncia presentada por Ecologistas por un presunto delito de prevaricación fue archivada por la Fiscalía.