La Región de Murcia, contra las cuerdas por el nuevo decreto contra inundaciones

La huella que dejó la devastadora dana de Valencia de octubre de 2024 amenaza ahora con transformar el urbanismo de buena parte del país. En la Región de Murcia, donde una parte muy significativa del territorio convive desde hace décadas con el riesgo de inundaciones, el borrador del nuevo real decreto elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica ha encendido todas las alarmas del sector inmobiliario. Promotores y constructores advierten de que las nuevas restricciones podrían alterar de forma profunda el desarrollo urbanístico de numerosos municipios, limitar la construcción de nuevas viviendas y encarecer los proyectos, mientras el Gobierno defiende que el objetivo es evitar que siga creciendo la exposición de personas y bienes a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

El Ministerio sometió el jueves a información pública el proyecto de real decreto para reforzar la gestión del riesgo de inundación, una norma que nace tras el proceso de reflexión abierto después de la tragedia de Valencia, donde las inundaciones provocaron 230 víctimas mortales. La intención del Ejecutivo es endurecer las condiciones para construir en zonas inundables y adaptar la planificación territorial a un escenario de cambio climático en el que estos episodios serán previsiblemente más frecuentes e intensos.

El texto modifica varias normas, entre ellas el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y plantea un cambio sustancial en la regulación de los usos del suelo. En las zonas de flujo preferente —aquellas donde el agua circula con mayor intensidad durante una avenida extraordinaria— únicamente podrán autorizarse actividades compatibles con el riesgo, mientras que los terrenos rurales deberán mantener esa condición y dejarán de poder transformarse para nuevos desarrollos urbanísticos, salvo actuaciones destinadas a la protección frente a inundaciones. También se endurecen las limitaciones en el resto de zonas inundables, con restricciones a nuevas edificaciones bajo rasante y mayores exigencias constructivas para reducir la vulnerabilidad.

Aunque la norma todavía inicia ahora un periodo de alegaciones que se prolongará hasta septiembre, el contenido del borrador ha provocado una inmediata reacción de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM). Su presidente, José Ramón Blázquez, considera que el decreto tendrá una incidencia mucho mayor en Murcia que en otras comunidades y sostiene que las consecuencias podrían ser especialmente graves para el desarrollo urbanístico de la capital y de otros municipios.

Blázquez asegura que el sector esperaba un endurecimiento de la regulación tras la tragedia de Valencia, pero admite que el alcance del texto le ha sorprendido. A su juicio, la futura norma opta por incrementar las limitaciones urbanísticas en lugar de priorizar las inversiones hidráulicas necesarias para reducir el riesgo de inundación. «Corríamos el riesgo de que para aparentar que se hace algo la fórmula más fácil fuera seguir poniendo limitaciones a los propietarios. Y es lo que ha sucedido», lamenta.

El presidente de APIRM sostiene que muchas de las restricciones recaen sobre terrenos que históricamente han sido objeto de desarrollo urbanístico y teme que parte de las nuevas actuaciones puedan quedar bloqueadas si el decreto mantiene su redacción actual. Aunque reconoce que todavía debe estudiar con detalle las disposiciones transitorias y el régimen especial previsto para determinados municipios que tienen el régimen de alta inundabilidad, como Murcia, advierte de que la norma «se está cargando cualquier desarrollo» en suelo situado dentro de las zonas de flujo preferente.

Uno de los aspectos que mayor inquietud genera en el sector es la prohibición de nuevas viviendas en esas áreas y las limitaciones para transformar suelo rural en urbanizable. Blázquez considera que esa combinación podría condicionar buena parte de la expansión futura en las periferias de los municipios. «Si esto sale adelante tal cual se paraliza la Región de Murcia. Completamente», afirma.

Otra de las novedades que más preocupa a los promotores afecta a la construcción bajo rasante. El proyecto prohíbe nuevos garajes subterráneos, sótanos y dependencias similares en zonas inundables, una medida que, según Blázquez, tendrá una repercusión directa sobre la forma de proyectar las promociones residenciales. «Toda Murcia sin garaje», sentencia gráficamente para explicar el alcance que, a su opinión, tendría esta limitación en una ciudad donde buena parte del crecimiento urbanístico se desarrolla en terrenos afectados por la cartografía oficial de inundabilidad.

Las exigencias tampoco terminan ahí. El borrador incorpora nuevas condiciones constructivas, como la obligación de elevar las edificaciones sobre la cota prevista de inundación en determinados supuestos, además de imponer medidas de adaptación para edificios existentes y futuras promociones. También obliga a que los municipios integren la cartografía oficial de riesgo en sus planes urbanísticos en un plazo máximo de cinco años y elaboren programas específicos de adaptación frente a inundaciones.

Precisamente ese punto constituye otro de los principales motivos de preocupación para APIRM. Blázquez considera que los mapas oficiales presentan deficiencias y no incorporan todas las infraestructuras hidráulicas ejecutadas durante los últimos años. Según explica, la evolución de esas obras modifica el comportamiento de las avenidas y obliga a revisar periódicamente la delimitación de las zonas de riesgo. A su juicio, incorporar esa cartografía a los planes generales puede generar una rigidez administrativa difícil de corregir si los mapas cambian posteriormente.

El responsable de los promotores insiste además en que el verdadero problema no reside en la construcción de nuevas viviendas, sino en la falta de infraestructuras capaces de reducir el riesgo de inundación. Y recuerda que la dana de Valencia afectó mayoritariamente a zonas urbanas consolidadas y sostiene que nuevas restricciones urbanísticas no evitarían una tragedia similar. «Hay 500.000 personas viviendo en Murcia y todas estas restricciones les van a complicar la vida, pero no les van a proteger para nada», sostiene.

Desde el Ministerio, sin embargo, el planteamiento es muy distinto. El departamento que dirige Sara Aagesen defiende que el objetivo consiste precisamente en evitar que aumente la exposición de personas, viviendas e infraestructuras al riesgo de inundación mediante una mejor ordenación del territorio, reforzando al mismo tiempo la prevención, la transparencia y la adaptación al cambio climático. La futura norma también contempla nuevas obligaciones de información sobre el riesgo de inundación en las transmisiones inmobiliarias y la creación de un Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas, además de reforzar la formación en materia de autoprotección.

Mientras el periodo de información pública permanece abierto hasta mediados de septiembre, APIRM ya prepara sus alegaciones junto con otras asociaciones del sector.

La Comunidad exige inversiones antes de limitar la construcción

La Comunidad considera que el nuevo real decreto con el que el Ministerio pretende endurecer las restricciones para construir en zonas inundables llega con medidas que la Región ya había incorporado a su legislación, aunque reprocha al Gobierno central haber elaborado la norma unilateralmente y cargar sobre propietarios y ayuntamientos las consecuencias de su inacción.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, sostiene que parte de las novedades incluidas en el borrador ya están contempladas en el decreto-ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, en vigor desde el pasado 8 de julio. Entre ellas, destaca la posibilidad de elevar las viviendas por encima de la cota de inundación sin que ello suponga perder edificabilidad, una medida que, según explica, busca reforzar la seguridad de las personas. Asimismo, recuerda que la obligación de hacer constar en el Registro de la Propiedad la condición de zona inundable ya se aplica en la Comunidad para garantizar que los compradores dispongan de esa información antes de adquirir una vivienda.

Más allá de esas coincidencias, García Montoro cuestiona el procedimiento seguido por el Ministerio y lamenta que una regulación de esta trascendencia se haya elaborado «sin contar con las comunidades autónomas», competentes en materia de vivienda y ordenación del territorio, ni con los sectores afectados. El consejero sostiene que las fuertes restricciones urbanísticas previstas son la consecuencia de la «inacción del Estado» en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias para reducir el riesgo de inundaciones. A su juicio, el Gobierno central «traslada el coste de esa inacción a los propietarios del suelo», al limitar su capacidad para edificar sin ofrecer medidas compensatorias.

Por ello, reclama que la futura norma incorpore un régimen de ayudas e incentivos tanto para los ciudadanos y propietarios afectados como para los ayuntamientos, que deberán adaptar su planeamiento.