Medio ambiente
El Plan de Ordenación del Mar Menor encara su aprobación inicial tras analizar casi un centenar de aportaciones
El Ejecutivo regional ha evaluado hasta 14 alegaciones fuera de plazo mientras aguarda los dictámenes preceptivos de la CHS, la Delegación del Gobierno y varios ayuntamientos para continuar la tramitación

El Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor encara su recta final. / CARM
La tramitación del futuro Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (Potmarme) entra en una nueva fase mientras el Gobierno regional espera la llegada de varios informes sectoriales imprescindibles para continuar el procedimiento. Con el análisis de las alegaciones ya concluido, la Comunidad insiste ahora en que las administraciones que todavía no han respondido remitan sus dictámenes para poder avanzar hacia la aprobación inicial del documento.
La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha reiterado la solicitud de informes pendientes dentro de la ronda de consultas institucionales del Plan de Ordenación una vez finalizado el estudio de las aportaciones recibidas durante el periodo de información pública y consultas previas del documento de avance.
Fuentes autonómicas explican que durante ese proceso se registraron 97 aportaciones, entre consultas institucionales y alegaciones ciudadanas, a las que se suman otras 14 presentadas fuera de plazo, que también han sido sometidas a evaluación técnica para estudiar su posible incorporación al documento.
Las aportaciones proceden de ministerios, organismos estatales, ayuntamientos, distintos departamentos de la Administración regional, además de asociaciones, colectivos y particulares. Entre las cuestiones planteadas figuran la protección ambiental, la planificación urbanística, la gestión del agua, la movilidad, la actividad agraria, la prevención de riesgos o el desarrollo económico de la cuenca vertiente del Mar Menor.
Tras ese análisis individualizado, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Arquitectura ha elaborado las respuestas técnicas correspondientes y prevé incorporar aquellas modificaciones que resulten compatibles con los objetivos del plan y con el marco competencial en el que se desarrolla.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico ha vuelto a reclamar los informes sectoriales que permanecen sin emitir desde diciembre. Entre ellos figuran los de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la Delegación del Gobierno y varios ayuntamientos incluidos en el ámbito territorial del plan. Desde la Comunidad recuerdan que esos dictámenes son preceptivos dentro de la tramitación administrativa y que su recepción permitirá continuar con la redacción del documento para su aprobación inicial.
No modifica las limitaciones ni los usos
Según las mismas fuentes, el plan tiene como finalidad coordinar las distintas políticas sectoriales que afectan a la cuenca vertiente del Mar Menor y complementar el marco normativo vigente mediante la integración de la planificación territorial de las diferentes administraciones, sin invadir competencias ajenas.
El Gobierno regional mantiene además la línea argumental que ha venido defendiendo durante la elaboración del documento. En ese sentido, sostiene que el plan "no modifica las limitaciones ni los usos establecidos por la Ley del Mar Menor ni sustituye la ordenación urbanística de los planes generales municipales o las competencias que corresponden al Estado en materia de aguas", sino que funciona como una herramienta de coordinación para favorecer un desarrollo territorial compatible con la recuperación ambiental y la actividad económica.
Esa posición responde también a las críticas formuladas en los últimos meses por organizaciones ecologistas, que consideran que el documento acumula años de retraso y reclaman medidas más ambiciosas para limitar la presión urbanística y regular los usos agrarios en el entorno de la laguna.
Desde la Comunidad insisten, sin embargo, en que el carácter complementario del plan exige incorporar la información técnica y los informes sectoriales más actualizados para dotarlo de "las máximas garantías técnicas y jurídicas". Una vez completado ese trámite, el Ejecutivo prevé aprobar inicialmente el Potmarme y abrir un nuevo periodo de información pública y audiencia a las administraciones afectadas antes de su aprobación definitiva.
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