'Tirón de orejas' del Tribunal de Cuentas: casi la mitad de los edificios públicos de la Comunidad carecían del certificado energético actualizado

Duro 'tirón de orejas' y más deberes para ponerse al día en el control y las exigencias para la eficiencia energética. El severo toque de atención que recibió el Gobierno regional por parte del Tribunal de Cuentas por la falta de planificación, coordinación y control de las medidas destinadas a reducir el consumo energético de sus edificios públicos da un paso más.

Las Cortes Generales han reactivado los reproches sobre esta gestión energética después de que el BOE haya publicado esta semana las medidas en las que se insta al Ejecutivo autonómico a aprobar, entre otras medidas, un plan de ahorro, crear un inventario único, controlar mensualmente los consumos y completar la certificación energética de sus inmuebles.

Respecto a esta última cuestión, de los 512 edificios públicos contabilizados en la Región de Murcia por el Tribunal de Cuentas, la Comunidad desconocía la superficie de 85 de ellos (17% del total), 31 tenían menos de 250 metros cuadrados y otros 7 estaban exentos de certificación por ser bienes de interés cultural. Así, al menos 389 inmuebles estaban obligados a contar con un certificado de eficiencia energética en vigor, pero solo 236 lo tenían: el 61% de los edificios obligados y apenas el 46% de todo el parque público regional y al menos 153 carecían así de él, sin que constase que ningún órgano de la Comunidad hubiera requerido a sus responsables para subsanar el incumplimiento en aquel entonces.

Deberá aprobar formalmente un plan de ahorro, supervisar mensualmente los consumos o completar los certificados energéticos pendientes

La fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas entre 2022 y 2024 encontró, además, un certificado sin firmar, documentos con fechas contradictorias y otro inscrito en el registro oficial con una referencia catastral equivocada, por lo que reclamó entonces reforzar los controles y exhibir la etiqueta energética en todos los edificios públicos.

El Tribunal de Cuentas publicó con todo lujo de detalles los resultados de este extenso informe analizando los casos de Murcia y La Rioja en junio del pasado año, donde puso en duda la eficacia de las actuaciones realizadas por las diferentes consejerías y cuestionó que las medidas encaminadas a reducir la factura energética en espacios públicos institucionales, centros sanitarios, educativos o sociales formasen parte de una estrategia autonómica común. En dicho estudio se concluía que existía una «carencia de una planificación general relativa a la eficiencia energética para el conjunto de la Administración» autonómica.

Calendario de actuaciones

Ahora, la resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno central a imponer a la Región y a las autonomías que se encuentren en su misma situación un calendario de actuaciones con plazos concretos: dos meses para designar responsables energéticos en todas las consejerías y en los edificios de más de 500 metros cuadrados; tres meses para aprobar y publicar formalmente los planes autonómicos de ahorro, centralizar determinadas contrataciones y realizar auditorías energéticas; cuatro meses para completar y actualizar los inventarios de inmuebles públicos; y seis meses para comprobar la renovación anual del 3% de la superficie de los edificios obligados y publicar sus certificados de eficiencia energética.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas, centrada principalmente en las actuaciones desarrolladas entre enero de 2022 y marzo de 2024, analizó la gestión energética de estos 512 edificios públicos contabilizados en la Región, de los que 161 educativos, 159 sanitarios, 110 administrativos y otros 82 destinados a usos diversos.

"Medio millón de ahorro al año"

Desde el Gobierno regional apuntaron a este periódico que la Comunidad trabaja en «un plan común de eficiencia energética que vertebrará las actuaciones que se llevan a cabo en este sentido por las diferentes consejerías».

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital señalan que «muchos de los edificios de la Administración regional cuentan con instalación de placas solares, iluminación eficiente, control de temperatura o aislamiento térmico» y afirman que «todas las sedes cuentan con certificados de eficiencia energética» (a expensas de otros espacios como colegios, centros de salud, ambulatorios, etcétera).

Además, sostienen, que las diferentes consejerías llevan a cabo sus propios planes de eficiencia energética en las entidades públicas que dependen de ellas.

«Asimismo, en paralelo, y con objeto de unificar también el suministro energético, se está trabajando en la elaboración de un nuevo acuerdo marco, que aglutinará la contratación del suministro eléctrico de todas las consejerías y sus inmuebles dependientes. Este acuerdo permitirá ahorrar al año alrededor de 500.000 euros, llegando a los dos millones de euros en los cuatro años de vigencia del mismo», explican a La Opinión las mismas fuentes.

Un plan que no fue "formalmente aprobado"

Uno de los principales reproches afecta al denominado 'Plan de choque para la reducción y optimización del gasto energético', un documento que fue redactado por los servicios técnicos autonómicos, pero, según el informe, «tampoco fue formalmente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad ni ningún otro órgano» y no se publicó ni en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ni en el portal web autonómico".

En este punto el estudio recoge la respuesta que aportó la Dirección General de Economía, Hacienda y Empresa: este documento, defendieron, se elaboró "desde una perspectiva de ahorro del gasto, enmarcándose en el objetivo de buscar la mayor optimización del gasto público, no solo de la factura energética, sino también en la contratación de otros servicios y suministros, entendiendo que para este tipo de documento de trabajo no era necesaria su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Región".

El órgano fiscalizador detectó ausencia de planificación y falta de coordinación entre consejerías

Ante esto, el Tribunal sostiene que habría proporcionado al plan mayor seguridad jurídica, transparencia y capacidad de ejecución, algo que, advierte, «no se logra con acuerdos que no cumplen con estas formalidades». Además, los objetivos de reducir el consumo y el coste de la energía no se tradujeron en una programación detallada, sino en «tres medidas esbozadas de forma muy general».

A ello se añade que «no consta la realización previa de un diagnóstico de la situación que se trata de mejorar ni se cuantifican los objetivos a alcanzar». Tampoco se fijaron indicadores para comprobar los resultados, responsables concretos, periodos de ejecución, presupuestos o fuentes de financiación.

La resolución instaba además al Gobierno murciano a aprovechar la financiación europea antes de emplear fondos propios, utilizar acuerdos marco para centralizar contratos relacionados con la eficiencia energética y extender su estrategia más allá de los proyectos vinculados al Banco Europeo de Inversiones.

Medidas que dependían de cada edificio

Respecto a la instalación de lámparas LED, temporizadores o sensores de movimiento en estos espacios, el Tribunal de Cuentas enumeró que las consejerías realizaron durante esos años este tipo de actuaciones en al menos 41 inmuebles, pero el Tribunal advirtió de que «no son parte de un plan coordinado, sino de la voluntad de los responsables de cada edificio».

Una situación similar se produjo con las renovaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado y con la colocación de instalaciones fotovoltaicas. Estas mejoras alcanzaron al menos 192 edificios, aunque no se basaron de forma general en auditorías energéticas que permitieran decidir dónde era más urgente o rentable invertir.

El órgano fiscalizador resume el problema señalando que no existieron protocolos globales que vincularan al sector público regional y que ni siquiera las consejerías dictaron instrucciones comunes para todos sus inmuebles. El resultado fue, según sus palabras, «una gran dispersión en la implementación de medidas», dependientes de la concienciación de los trabajadores y responsables de cada centro.

Salud, el ejemplo a seguir con la instalación de placas solares

• El informe del Tribunal de Cuentas sí que reconocía una inversión importante en placas solares en edificios públicos como centros sanitarios o educativos, destacando el contrato del Servicio Murciano de Salud de más de cuatro millones de euros para instalar plantas fotovoltaicas de autoconsumo sin excedentes en la mayoría de hospitales, como la Arrixaca, Morales Meseguer y Román Alberca (Murcia); Santa Lucía y Santa María del Rosell (Cartagena); Rafael Méndez de Lorca, el Virgen del Castillo de Yecla, Los Arcos del Mar Menor en San Javier y el Lorenzo Guirao de Cieza.
• También plasmaba las actuaciones realizadas años atrás para instalar plantas fotovoltaicas en el Reina Sofía de Murcia y el Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca, entre otras. De hecho, la colocación de placas fue la medida contractual más extendida en la Región: el Tribunal contabiliza instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de 99 de los 123 edificios afectados por las medidas del Plan +SE.

Sin control centralizado de los consumos

El informe también constataba que la Comunidad carecía de un control único sobre el consumo energético de todos sus edificios y sobre su procedencia (calefacción, climatización, iluminación u otros usos), una "limitación" que "impedía verificar la eficacia y eficiencia de las medidas que se han tomado o se vayan a desarrollar en un futuro».

La recomendación era que el Gobierno regional controlase los consumos con una periodicidad mínima mensual, identifique el origen de la energía utilizada y establezca indicadores para detectar patrones anormales o desviaciones respecto a datos históricos y estándares de eficiencia.