Pacientes murcianas exigen el fin de los abortos en la concertada

Acabar con la derivación de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en hospitales privados-concertados. Ese es el objetivo de la Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública, que este jueves se concentraba a las puertas de la Consejería de Salud de la Región de Murcia para exigir que no se renueven los contratos que hay con tres clínicas privadas para la realización de abortos, contratos que vencen este verano después de cuatro años y a los que la Administración regional ha destinado más de seis millones de euros.

Las convocantes recuerdan que con estos contratos se externaliza la prestación de la interrupción del embarazo por causas médicas cuando existe una patología grave del feto, anomalías, malformación e incompatibilidad con la vida, "expulsando de la sanidad pública a mujeres en avanzado estado de gestación y bloqueando el acceso de esta prestación en su hospital de referencia".

Se trata, dicen, de gestaciones avanzadas entre la semana 15 y la 22 de embarazo, que requieren medios técnicos y humanos que las clínicas privadas no tienen al tener un horario limitado, como es un banco de sangre, anestesista de guardia, ambulancia de traslado o UCI, "por lo que no están preparados para afrontar cualquier complicación".

Pese a las quejas de las convocantes, la consejera Isabel Ayala manifestaba esta misma semana que las interrupciones del embarazo se seguirán realizando en clínicas concertadas y que el contrato que vence en estos días se prorrogará hasta que se adjudique de nuevo.