Exigen a la Comunidad una revisión urgente de los tendidos eléctricos para prevenir incendios forestales

Las líneas eléctricas que cruzan montes y espacios naturales han entrado de lleno en el debate sobre la prevención de incendios. A raíz de los últimos grandes fuegos y de las investigaciones que apuntan al tendido eléctrico como una de las posibles causas de los incendios de Los Gallardos (Almería) y Los Garres (Murcia), Ecologistas en Acción ha pedido a la Comunidad Autónoma que revise estas infraestructuras.

La organización ecologista ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor una campaña de revisión e inspección de las líneas eléctricas que atraviesan o discurren junto a zonas forestales y espacios protegidos, con el objetivo de minimizar el riesgo de incendios en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y la prolongación de los episodios de calor extremo.

Según recuerda el colectivo, más de la mitad de los incendios forestales tienen un origen relacionado con la actividad humana, mientras que los provocados por causas naturales representan menos del 10%. Dentro de ese porcentaje, sostienen, la mayoría no responde a acciones intencionadas, sino a negligencias evitables, entre ellas las quemas agrícolas, el uso de maquinaria susceptible de generar chispas y también el deficiente mantenimiento de las líneas eléctricas.

Ecologistas en Acción advierte de que esta última causa suele pasar desapercibida para la opinión pública, pese a que podría encontrarse detrás de algunos de los incendios más relevantes registrados recientemente. Además de las investigaciones abiertas sobre los fuegos de Los Gallardos y Los Garres, la organización señala que los incendios del entorno de Cabo Tiñoso, el pasado febrero, y el declarado esta semana en Blanca también tendrían su origen en tendidos eléctricos, una circunstancia que consideran "perfectamente evitable" si se cumple la normativa vigente y se refuerzan las labores de mantenimiento.

El colectivo sostiene que el avance del cambio climático convierte cualquier negligencia en un factor de riesgo mucho mayor. Las olas de calor cada vez más frecuentes, unidas a la baja humedad ambiental y al viento, favorecen incendios de gran intensidad y difícil extinción, por lo que considera prioritario reforzar las políticas preventivas antes que limitarse a actuar cuando el fuego ya se ha declarado.

Entre las medidas planteadas figura una campaña urgente de inspección de las líneas eléctricas que cruzan masas forestales, una mayor transparencia sobre el origen de los incendios y un endurecimiento de los controles y de las sanciones cuando se detecten incumplimientos. En aquellos tramos que atraviesan espacios protegidos, Ecologistas apuesta además por el soterramiento de las líneas, una solución que, además de reducir el riesgo de incendios, evitaría la muerte de aves por electrocución y disminuiría el impacto paisajístico. Como ejemplo cita la línea proyectada por el Ayuntamiento de Abanilla en el entorno de la Reserva Natural Fluvial del Río Chícamo.

La petición se apoya también en la legislación estatal. El Real Decreto-Ley 11/2005 establece la obligación de los titulares de las redes de distribución y transporte eléctrico de mantener libres de vegetación los márgenes de las líneas para evitar la generación o propagación de incendios forestales.

La Comunidad se remite a la normativa estatal y Ecologistas reclama más inspecciones

Antes de hacer pública esta reclamación, La Opinión de Murcia trasladó a la Consejería varias preguntas sobre el control de las líneas eléctricas privadas, la posibilidad de impulsar el soterramiento en las zonas más sensibles, el estado de las infraestructuras de las compañías eléctricas y la capacidad de actuación ante instalaciones deficientes situadas en fincas privadas.

La respuesta remitida por el Ejecutivo regional se limitó a recordar el marco normativo estatal, sin pronunciarse de forma concreta sobre las cuestiones planteadas. La Consejería señaló que España dispone de una legislación "muy exigente" en materia de seguridad de las instalaciones eléctricas y recordó que el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad obliga a todos los titulares de líneas, tanto empresas como particulares, a mantenerlas en buen estado de conservación y someterlas a inspecciones periódicas, al menos cada tres años.

Asimismo, indicó que cualquier modificación de la normativa básica corresponde al Estado y añadió que, si de la investigación oficial del incendio de Los Gallardos se derivara la necesidad de reforzar los protocolos de inspección, mantenimiento o seguridad, "la Región de Murcia aplicará de forma inmediata las medidas que establezca el Gobierno de España".

Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno precisaron a esta Redacción que la obligación del mantenimiento recae sobre el titular de la línea eléctrica, ya sea una empresa distribuidora, una empresa transportista, una administración o un particular, mientras que la inspección, supervisión y, en su caso, la potestad sancionadora corresponden a la administración que autorizó la instalación.

En ese sentido, recordaron que la Administración General del Estado únicamente autoriza determinadas infraestructuras de transporte eléctrico —como las líneas de 380 kilovoltios o superiores o aquellas que exceden el ámbito territorial de una comunidad autónoma—, mientras que las comunidades autónomas son competentes para autorizar, inspeccionar, controlar y, en su caso, sancionar el resto de las instalaciones eléctricas situadas íntegramente en su territorio. Además, cuando exista riesgo para terrenos forestales, los órganos autonómicos competentes en materia de medio ambiente y prevención de incendios pueden intervenir dentro de sus respectivas competencias.

Las mismas fuentes explicaron que cualquier colectivo puede dirigirse en primer lugar al titular de la línea para solicitar actuaciones de mantenimiento y, si considera que existen incumplimientos, presentar una denuncia ante la administración competente al amparo del artículo 62 de la Ley 39/2015, para que valore la apertura del correspondiente procedimiento administrativo.

Soterramiento para nuevos proyectos

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, Pedro Luengo, sostiene que el principal problema no se encuentra en las grandes líneas de las compañías eléctricas, sino en las de menor entidad, muchas de ellas propiedad de pequeñas empresas, ayuntamientos o particulares, donde, asegura, el control es menor. "La obligación del mantenimiento corresponde al propietario de la línea, pero quien debe comprobar que esa obligación se cumple es la Administración", afirma. En este sentido, recuerda que la Comunidad Autónoma tiene una responsabilidad de vigilancia para exigir el cumplimiento de la normativa y considera que debería intensificar las inspecciones de los tendidos que atraviesan zonas forestales, además de promover el soterramiento o cambios de trazado en los nuevos proyectos cuando sea posible para reducir el riesgo de incendios.