Antelo lleva ante el juez la "usurpación" de su firma durante la crisis de Vox en la Región: "Son prácticas absolutamente socialistas y alejadas del que pretenda gobernar"

La "usurpación" de la firma electrónica de José Ángel Antelo para anunciar su cese como portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional sigue trayendo cola cuatro meses después.

El ex de Vox, que ya anunció cuando ocurrieron los hechos en marzo que emprendería acciones legales contra quien 'falsificó' su certificado electrónico en el escrito presentado ante la Mesa de la Cámara de la Asamblea para trasladar los cambios en la portavocía del grupo parlamentario (en plena crisis interna de la formación de Abascal en la Región que se terminó saldando con la marcha del partido tanto de Antelo como posteriormente de Virginia Martínez), acudía este jueves a primera hora de la mañana a los juzgados de Cartagena para relatar ante el juez los hechos que denunció.

"Son prácticas absolutamente socialistas y alejadas de alguien que pretenda gobernar", expuso el actual diputado autonómico y portavoz del Grupo Mixto en declaraciones a este periódico. Antelo acudió acompañado de su abogado, José Francisco Garre, quien fuese también portavoz de Vox en Torre Pacheco hasta su salida del partido a finales de marzo.

«Parece una broma, pero desgraciadamente no lo es. Utilizar la firma de una persona para que solicite su propio cese demuestra hasta dónde algunos están dispuestos a llegar», señaló antes de recordar de nuevo que la acción podría suponer varios delitos del Código Penal, como el de usurpación o suplantación de identidad o el de falsedad documental (que podría conllevar incluso penas de prisión de 3 a 6 años).

El portavoz recordó también ante el magistrado que fue la propia letrada de la Asamblea Regional quien detectó las irregularidades, paralizó la tramitación del escrito y dejó constancia en un informe de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos. «Cuando un cargo público tiene conocimiento de un posible delito, no tiene otra opción que acudir a la Justicia. Mirar hacia otro lado habría supuesto incumplir con mi obligación», dijo este jueves.

"Nadie en su sano juicio lo hace"

Antelo insistió en que «nadie en su sano juicio utiliza la firma de otra persona sin su consentimiento» e insistió en su convicción de que «este tipo de decisiones no se toman de forma aislada», apuntando que quienes materializaron los hechos actuaban siguiendo instrucciones superiores.

«Los trabajadores cumplen órdenes; quienes deben responder son quienes las dan. La responsabilidad política no puede esconderse detrás de terceros», dijo antes de cargar duramente contra la dirección de Vox por lo que considera unas prácticas «impropias de una organización democrática».

«Resulta profundamente preocupante que un partido que pretende gobernar España incurra en comportamientos que recuerdan a las peores prácticas del socialismo: saltarse la ley, vulnerar derechos y creer que todo vale para eliminar al discrepante», denunció.

Cabe recordar que tras tener conocimiento de la presentación del polémico escrito por parte de Vox pasada la medianoche, el propio Antelo presentó otro documento informando de que él no había redactado escrito alguno comunicando su cese como portavoz ni había autorizado a nadie a utilizar su certificado electrónico como representante del grupo.

A la mañana siguiente, la Mesa de la Cámara dirimió que el escrito electrónico del grupo Vox no podía considerarse válido al no aparecer firma electrónica de los que se decía que lo suscribían, puesto que las rúbricas manuscritas no permitían acreditar de forma cierta e indubitada la identificación de los firmantes. También advirtió entonces la Mesa de que el escrito de Vox no se acompañaba de la documentación imprescindible para que quedase acreditado que las decisiones que se trasladaban se habían adoptado cumpliendo las formalidades exigibles para la adopción de acuerdos en el seno del grupo parlamentario.