La Región reclama que el nuevo sistema de financiación se negocie con "transparencia" y rechaza el "acuerdo bilateral" con Cataluña

El Gobierno regional reclamó este martes que el nuevo sistema de financiación autonómica que pretende elaborar el Ejecutivo central se negocie con "transparencia" y con la participación efectiva de todas las comunidades autónomas, rechazando un modelo diseñado a partir de "un acuerdo bilateral únicamente con Cataluña".

Esta fue la postura trasladada por el Gobierno regional durante la reunión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada, previa al encuentro del próximo 29 de julio entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la reforma del sistema de financiación.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, señaló que “una reforma que determina los recursos para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales no puede ser el resultado de una negociación bilateral para después presentar el resultado al resto de comunidades autónomas. El nuevo sistema debe construirse entre todos, en el seno del CPFF, con criterios objetivos, transparencia y los mismos derechos para todas las comunidades”, añadió.

"No es posible analizar una reforma de esta trascendencia con una visión parcial de la información"

Marisa López Aragón

— Consejera de Economía y Hacienda

En la reunión técnica participaron la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Sonia Carrillo, y la directora general de Presupuestos y Fondos Europeos, Ana Losantos.

"Escasa participación" de las autonomías

La consejera lamentó “la escasa participación de las comunidades autónomas en la preparación del documento presentado. El Gobierno regional advirtió de que no ha sido trabajado de forma compartida en el seno del CPFF” y reclamó “mayor transparencia en el proceso” a la vez que señalo que “la documentación para la reunión técnica fue remitida a última hora del pasado viernes, con escaso margen para su análisis, de forma fragmentada y facilitando a cada autonomía únicamente sus propios datos”.

“Para valorar con rigor un nuevo sistema de financiación necesitamos conocer el modelo en su conjunto y disponer de los datos de todas las comunidades. No es posible analizar una reforma de esta trascendencia con una visión parcial de la información”, afirmó la consejera.

El Gobierno regional también solicitó conocer el impacto que puede tener sobre el conjunto del sistema y sobre la cesta común de tributos cualquier modificación relacionada con la gestión tributaria en Cataluña. “Cualquier decisión que afecte a los recursos comunes debe explicarse con absoluta claridad y analizarse con todas las comunidades autónomas”, indicó.

Leve remontada, pero a la cola

La consejera destacó además que la propuesta presentada por el Ministerio no corrige la infrafinanciación que sufre la Región. “Con el nuevo planteamiento, pasamos de ser la comunidad peor financiada a ocupar la tercera peor posición. Pasar de ser los últimos a los terceros por la cola no soluciona el problema. El propio ministro reconoce que la Región de Murcia es una de las comunidades más perjudicadas, pero la propuesta sigue sin garantizar una financiación justa para los murcianos”, añadió. 

 “La solución no puede ser que, como recibimos menos recursos, podamos endeudarnos más. La deuda se devuelve y termina siendo pagada por los ciudadanos. La Región necesita una financiación justa, estable y suficiente, no trasladar al futuro el coste de la desigualdad que genera el sistema actual”, afirmó la consejera.

En relación con la reunión del CPFF del próximo 29 de julio, López Aragón, aseguró que “si el Ministerio mantiene una propuesta que deja a la Región de Murcia como la tercera comunidad peor financiada, expresaremos nuestro rechazo. Defendemos una negociación multilateral, criterios transparentes y recursos suficientes para prestar los servicios públicos en condiciones equivalentes”. 

“Queremos un trato justo para la Región de Murcia, sin privilegios y sin que el código postal determine la calidad de los servicios públicos que recibe un ciudadano”, concluyó.