PP y Vox no renuncian a salvar la ley que recortó el parque de Sierra Espuña

La mayoría formada por PP y Vox en la Asamblea Regional ha decidido seguir adelante con la defensa de la polémica ley que redujo los límites del Parque Regional de Sierra Espuña para sacar del espacio protegido el entorno de La Santa y un tramo de la carretera RM-502. Pese a que el recurso de inconstitucionalidad ya ha sido admitido a trámite y a las contundentes advertencias jurídicas acumuladas durante los últimos meses, ambos grupos dejaron este lunes claro que no están dispuestos a dar la batalla por perdida.

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos aprobó este lunes, con siete votos a favor y cuatro en contra, la creación de una ponencia encargada de elaborar el informe previo sobre la eventual personación de la Asamblea Regional en el procedimiento abierto ante el Tribunal Constitucional. Los elegidos para redactarlo serán el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, y el diputado de Vox Rubén Martínez Alpañez.

El acuerdo supone un nuevo paso en la estrategia de PP y Vox para defender una norma que ambos impulsaron y aprobaron en marzo con el argumento de facilitar el regreso del histórico Rally de La Santa y garantizar el desarrollo de la romería de Santa Eulalia. Sin embargo, el recorrido jurídico de la ley aparece cada vez más comprometido tras el recurso promovido por el Defensor del Pueblo, que considera que la modificación vulnera la legislación básica estatal sobre protección ambiental.

Durante la reunión, el presidente de la comisión, Miguel Ángel Miralles, recordó que el reglamento obliga ahora a designar una ponencia integrada por dos diputados que estudie el asunto y elabore un informe antes de que la comisión vuelva a pronunciarse sobre la personación de la Cámara.

Desde el PSOE, Alfonso Martínez Baños defendió que la Asamblea debería comparecer ante el Constitucional, pero para respaldar el criterio fijado por los propios servicios jurídicos del Parlamento. "Somos partidarios de que la Asamblea se persone ante el Tribunal Constitucional y defienda el informe jurídico que ya hicieron los servicios de esta Cámara", sostuvo.

La postura socialista endureció después el tono al rechazar la propuesta del PP para que la ponencia quedara integrada exclusivamente por representantes de los dos grupos que aprobaron la ley. Martínez Baños recordó que una mayoría parlamentaria no convierte automáticamente una norma en constitucional y aseguró que nunca había visto un informe de los letrados de la Cámara tan contundente. "Podemos aprobar lo que queramos en este Parlamento, podemos decir que es de noche, pero si miramos a la ventana es de día", afirmó.

También el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez Castellanos, rechazó la iniciativa de PP y Vox. A su juicio, tanto el informe de los servicios jurídicos de la Asamblea como el recurso del Defensor del Pueblo ofrecen argumentos suficientes para anticipar el desenlace. "Es que esto no tiene más recorrido", sentenció, al recordar además que el recurso se apoya en precedentes ya resueltos por el Tribunal Constitucional en otros espacios naturales protegidos.

La réplica del bloque que impulsó la reforma se apoyó en la legitimidad parlamentaria de la norma. Joaquín Segado defendió que el objetivo de la comisión no era debatir aún sobre la personación, sino cumplir el procedimiento previsto en el reglamento y preparar la defensa de una ley "que democráticamente emanó de este Parlamento nada menos que con dos tercios de los diputados que lo componen".

Vox respaldó sin matices esa posición y propuso a Rubén Martínez Alpañez como integrante de la ponencia, una candidatura que salió adelante gracias a la mayoría absoluta de ambos grupos.

La votación volvió a reflejar la división política que ha acompañado esta reforma desde su aprobación. Mientras PP y Vox mantienen que la modificación permite compatibilizar tradiciones y actividad deportiva con la conservación del entorno, PSOE y Grupo Mixto sostienen que la iniciativa nació jurídicamente condenada al chocar con la legislación estatal y con la doctrina consolidada sobre la reducción de espacios naturales protegidos.

Ese escenario ha ido estrechándose durante las últimas semanas. El Defensor del Pueblo recurrió la ley tras concluir que la exclusión de terrenos del parque no estaba respaldada por cambios naturales científicamente acreditados, requisito exigido por la normativa estatal para reducir los límites de un espacio protegido. Antes incluso, los propios servicios jurídicos de la Asamblea habían advertido de que la reforma podía vulnerar el principio de no regresión ambiental y entrar en conflicto con la legislación básica del Estado.

La admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional no anticipa el fallo, pero sí abre un procedimiento que amenaza con frustrar definitivamente una iniciativa legislativa que daba respuesta a las demandas del Ayuntamiento de Totana y de los organizadores del histórico rally. Aun así, PP y Vox mantienen su voluntad de defender la norma hasta el final y agotar todas las posibilidades procesales antes de que el alto tribunal dicte sentencia.