Los regantes desafían al Supremo y preparan el salto al Constitucional por el Tajo-Segura

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) presentó hace unos días un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo para intentar revertir la sentencia que rechazó su recurso contra la implantación de los nuevos caudales ecológicos del río Tajo. El sindicato pretende así que el alto tribunal deje sin efecto ese fallo y las resoluciones anteriores relacionadas con esta cuestión, al entender que durante el procedimiento se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al no permitírsele aportar pruebas periciales.

El recurso extraordinario, que solo puede plantearse frente a resoluciones judiciales firmes cuando se denuncia la posible vulneración de derechos fundamentales, constituye el último trámite antes de acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Salvo circunstancias excepcionales, su presentación no paraliza la ejecución de la sentencia, por lo que los caudales ecológicos continúan vigentes.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, reconoce que el escenario más probable es que el Supremo rechace también esta iniciativa, pero sostiene que el sindicato agotará todas las vías legales. "Yo sé que va a ir para atrás, pero después nos iremos al Constitucional", afirma. Incluso avanza que, si fuera necesario, la estrategia jurídica continuará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Nosotros vamos a seguir soplando la pluma hacia arriba hasta que podamos", indica.

La principal argumentación del incidente de nulidad pivota sobre uma supuesta indefensión sufrida por el sindicato durante la tramitación del procedimiento. Según Jiménez, el Tribunal Supremo ha rechazado sistemáticamente entrar en el fondo del asunto y ha ido reproduciendo el razonamiento de sus anteriores resoluciones sin valorar la documentación técnica aportada por los regantes.

A juicio del presidente del Scrats, la Sala no admitió informes periciales elaborados por especialistas que cuestionaban la fundamentación técnica de los caudales ecológicos. Entre ellos, cita el trabajo de un reconocido hidrogeólogo y el de un experto ambiental al que atribuye la elaboración de modelos de cálculo empleados por el propio Ministerio para la Transición Ecológica. "No han querido entrar en el fondo de la cuestión", insiste, al tiempo que critica que la sentencia afirme que el sindicato no acreditó sus argumentos mientras, según denuncia, impedía precisamente la práctica de esas pruebas.

Jiménez considera que el alto tribunal ha venido resolviendo los distintos procedimientos mediante un razonamiento prácticamente idéntico. "Lo que lleva haciendo el Tribunal Supremo es copiar y pegar", asegura.

El dirigente de los regantes insiste además en que la aplicación progresiva de los nuevos caudales ecológicos tendrá su principal impacto en 2027, cuando entre en vigor el siguiente escalón previsto en la planificación hidrológica. En ese contexto, reprocha el retraso acumulado en las inversiones que el Ministerio comprometió para compensar la reducción de recursos procedentes del trasvase.

Según explica, de los más de 3.000 millones de euros anunciados para actuaciones como nuevas infraestructuras de desalación, conexiones hidráulicas o mejoras en la depuración de aguas, apenas se ha ejecutado una pequeña parte. Jiménez menciona demoras en proyectos como la ampliación de la desaladora de Torrevieja, la conexión con el sistema de distribución, diversas impulsiones hidráulicas o las actuaciones previstas en materia de depuración en la Comunidad de Madrid, que, según sostiene, siguen sin desarrollarse.

El presidente de los regantes también cuestiona el planteamiento ambiental que sustenta el incremento de los caudales ecológicos. A su juicio, el recorte del trasvase obligará a utilizar recursos del río Segura para mantener esos caudales, con el consiguiente impacto en las cuencas receptoras, es decir, aquí también habrá, como consecuencia de los recortes, un impacto ambiental que nadie ha valorado. Al mismo tiempo, lamenta que no se hayan acometido las inversiones necesarias para mejorar la depuración en la cuenca alta del Tajo, una actuación que considera prioritaria para mejorar el estado ecológico del río.

Paralelamente, el sindicato permanece pendiente del inicio del proceso para elaborar el nuevo plan hidrológico anunciado por el Ministerio. Jiménez asegura desconocer cómo se articulará la participación de los afectados y reclama que, antes de abrir nuevos debates, se ejecuten las inversiones comprometidas. "¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las inversiones?", se pregunta.

Durante la conversación, el presidente del Scrats también alude al futuro debate político en el Congreso que se establecerá para cambiar la ley para hacer efectivo el hachazo. "Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en ese momento", explica Jiménez, que recuerda que lo que el recorte derivada de los caudales ecológicos tienen un origen político, por lo que la solución sólo puede venir de la política.

Con este nuevo movimiento procesal, el sindicato mantiene abierta una batalla judicial que considera lejos de haber terminado. Aunque admite que el incidente de nulidad tiene escasas posibilidades de prosperar, entiende que constituye el paso necesario para continuar la defensa del trasvase ante el Tribunal Constitucional y, si fuera preciso, ante la justicia europea.