La Comunidad moviliza a sus expertos en agua para defender el Trasvase y preparar el nuevo ciclo de planificación hidrológica

La planificación del agua vuelve a entrar en una fase decisiva para la Región de Murcia en un momento especialmente sensible, con la reforma de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura ya en marcha por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y con el diseño del cuarto ciclo de planificación hidrológica que prepara la CHS sobre la mesa. En ese escenario, el Gobierno regional ha reunido este miércoles al Grupo de Trabajo de Planificación Hidrológica del Comité de Expertos del Agua con el propósito de definir una posición común sustentada, según defiende el Ejecutivo autonómico, en criterios técnicos y científicos.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha presidido la reunión acompañado por responsables de la Consejería, representantes del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), del Instituto Euromediterráneo del Agua, investigadores de las universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y Alicante, además de expertos del CSIC. Todos ellos trabajarán, explicó, en la elaboración de propuestas y argumentos para defender los intereses de la cuenca del Segura durante el cuarto ciclo de planificación hidrológica.

Antes del encuentro, Buendía advirtió de que la Región afronta este proceso en un contexto marcado por dos amenazas principales para los regantes: la reducción de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura derivada del incremento de los caudales ecológicos en el Tajo y el progresivo cierre de acuíferos previsto para 2027. A su juicio, ambas circunstancias agravan un déficit hídrico que cifró en unos 300 hectómetros cúbicos anuales.

"La planificación no puede partir de un nuevo recorte", sostuvo el consejero, quien insistió en que la cuenca del Segura arrastra "un problema estructural, no coyuntural". En ese sentido, defendió que cualquier planificación futura deberá incorporar medidas que compensen ese déficit y rechazó que las decisiones políticas incrementen artificialmente las necesidades hídricas de la Región.

El titular de Agua avanzó que la posición murciana reclamará una mayor coordinación entre administraciones y una planificación coherente entre las distintas demarcaciones hidrográficas. En su opinión, las decisiones deben fundamentarse en datos objetivos y criterios científicos. "El debate del agua debe sustentarse en datos, no en decisiones políticas", afirmó.

Entre los trabajos que desarrollará el comité también figura el análisis de medidas para mejorar la respuesta frente a inundaciones y sequías mediante herramientas de previsión meteorológica e hidrológica, así como sistemas que permitan reducir el riesgo asociado a ambos fenómenos. Para Buendía, la planificación hidrológica debe garantizar tanto la disponibilidad de recursos como la prevención de episodios extremos.

El consejero defendió además que la Región no pretende limitarse a reivindicar sus necesidades, sino presentar alternativas viables. "Queremos aportar soluciones y propuestas técnicamente fundamentadas", aseguró, al tiempo que reivindicó la experiencia murciana en reutilización de agua y modernización de regadíos. "Quienes mejor aprovechamos el agua no podemos ser penalizados por ello", añadió.

"Quienes mejor aprovechamos el agua no podemos ser penalizados por ello", advierte Buendía

La estrategia regional incluirá un análisis detallado de todas las fuentes de suministro de la cuenca, entre ellas las aguas subterráneas, cuya explotación afronta importantes restricciones en los próximos años. Buendía explicó que la Comunidad continuará solicitando la prórroga de determinadas autorizaciones mientras no existan recursos alternativos suficientes y el estado de los acuíferos lo permita.

Asimismo, anunció que los expertos recopilarán información sobre los efectos que, según sostiene el Ejecutivo autonómico, ha tenido el aumento de los caudales ecológicos del Tajo en las aportaciones al Trasvase. La intención es defender que los criterios para fijar esos caudales y las exigencias sobre la calidad de los vertidos sean homogéneos en todas las cuencas hidrográficas.

Preguntado por la desalación, el consejero reiteró que el Gobierno regional la considera un recurso complementario, aunque insuficiente para sustituir el agua transferida. Además, recordó que el agua desalada utilizada por los regantes debe mezclarse con la procedente del Trasvase, por lo que una reducción de las aportaciones también limitaría el aprovechamiento de ese recurso. Además, defendió que, cuando existen recursos disponibles en cuencas próximas, trasladarlos por gravedad resulta más eficiente desde el punto de vista ambiental que incrementar exclusivamente la producción de agua desalada.

Alegaciones definitivas para después del verano

La reunión del comité servirá para iniciar la elaboración del documento que la Comunidad presentará durante la tramitación del cuarto ciclo de planificación hidrológica. Buendía prevé disponer de un primer texto después del verano para formular alegaciones a los futuros borradores de los planes de cuenca y trasladar al Ministerio una posición común respaldada por informes técnicos.

Durante su comparecencia, el consejero volvió a reclamar al Gobierno de España una mayor coordinación entre las distintas demarcaciones hidrográficas y recuperó la reivindicación de un Plan Hidrológico Nacional que armonice la planificación de todas las cuencas. Según explicó, ya ha solicitado reuniones tanto con el ministro de Agricultura como con la ministra para la Transición Ecológica para abrir una vía de colaboración institucional, aunque aseguró que todavía no ha recibido respuesta de este último departamento.

Las declaraciones de Buendía llegan en un momento de especial trascendencia para el futuro del Trasvase Tajo-Segura. El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado recientemente que iniciará en las próximas semanas el proceso de participación para elaborar las nuevas reglas de explotación del acueducto, una reforma que el Gobierno regional y los regantes consideran que podría traducirse en una reducción significativa de las aportaciones al sureste español.