Aprobado un trasvase de 120 hectómetros al Segura entre críticas por el retraso de las nuevas reglas

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado un nuevo trasvase de 120 hectómetros cúbicos para los meses de junio y julio, una decisión que llega en un contexto marcado por el retraso en la reforma de las reglas que regulan estas transferencias de agua y por las crecientes críticas desde los municipios ribereños de la cabecera del Tajo.

La autorización, acordada este martes durante una reunión telemática del órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), contempla el envío de 60 hectómetros cúbicos cada mes hacia la cuenca del Segura. La decisión se adopta después de constatar que los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan un volumen efectivo de 1.479 hectómetros cúbicos, una cifra que sitúa al sistema en nivel 1 de explotación, considerado de normalidad hidrológica según la normativa vigente.

Las previsiones manejadas por la Comisión apuntan a que esta situación se mantendrá durante julio. De cara a agosto, las reservas podrían situarse en el umbral entre los niveles 1 y 2, mientras que para el resto del semestre se espera que permanezcan previsiblemente en nivel 2. El organismo volverá a reunirse en agosto para analizar la evolución de las reservas y de las condiciones hidrológicas.

La aprobación del trasvase ha sido recibida con críticas por parte de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. Su presidente, Borja Castro, ha lamentado que continúen autorizándose derivaciones de agua sin que se hayan actualizado las reglas de explotación comprometidas por el Gobierno.

Castro ha señalado que el trasvase se sigue aprobando de forma automática porque las normas actuales están "caducadas". Asimismo, ha recordado que fue el propio Ejecutivo quien se comprometió hace dos años a modificarlas para adaptarlas a los nuevos caudales ecológicos fijados para el río Tajo, aunque esos cambios todavía no han visto la luz.

A juicio del representante de los municipios ribereños, la ausencia de una nueva regulación tiene consecuencias directas sobre los volúmenes transferidos. "Se sigue trasvasando más agua de la que debería enviarse con las nuevas reglas", ha denunciado.

Castro también ha reclamado una mayor celeridad al Gobierno para culminar la reforma normativa. Según ha afirmado, "ya llevamos dos años de retraso", pese a que las resoluciones judiciales han venido respaldando la planificación hidrológica que sustenta la modificación de las reglas de explotación. Por ello, ha exigido que se aprueben cuanto antes los cambios comprometidos para "cumplir con la ley y la justicia".

La normativa actualmente en vigor establece que, cuando los embalses de cabecera se encuentran en niveles 1 o 2, pueden autorizarse trasvases de hasta 60 hectómetros cúbicos mensuales. Se trata de un mecanismo prácticamente automático vinculado a la situación de normalidad hidrológica, mientras continúa pendiente la entrada en vigor de las nuevas reglas de explotación que prepara el Ministerio.

La reforma pendiente y la respuesta del Levante

La autorización de otros 120 hectómetros cúbicos llega mientras el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene en marcha la reforma de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. El procedimiento administrativo ya ha sido activado oficialmente y desembocará en una modificación que, según los borradores técnicos conocidos hasta ahora, podría traducirse en una reducción superior a los 100 hectómetros cúbicos anuales para los regantes de Murcia, Alicante y Almería. El departamento que dirige Sara Aagesen trabaja en una hoja de ruta que incluye informes técnicos del CEDEX y de la Dirección General del Agua, su análisis en la Comisión Central de Explotación y el posterior paso por el Consejo Nacional del Agua y el Consejo de Ministros antes de su publicación en el BOE. No obstante, persisten dudas sobre si algunos de los cambios previstos obligarán también a una tramitación parlamentaria si afectan a elementos esenciales de la Ley 21/2015 que regula el sistema.

Ante ese escenario, tanto el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) como el Gobierno de la Región de Murcia han comenzado a coordinar una estrategia conjunta para intentar frenar los recortes previstos. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha defendido que la cuenca receptora no sólo debe evitar nuevas reducciones, sino que incluso tiene capacidad para ampliar su actividad agrícola si dispone de más recursos hídricos. Por su parte, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha advertido de que los regantes utilizarán todas las vías a su alcance para combatir la reforma, incluyendo recursos judiciales y posibles acciones ante instancias nacionales y europeas.Además, los regantes advierten que cualquier modificación que altere aspectos estructurales del trasvase requeriría cambios legales de mayor alcance y el paso obligado por el Congreso, por lo que se prevé una intensa batalla política y jurídica durante los próximos meses.