Los regantes llevarán la batalla del trasvase al Constitucional y a Europa si se toca la ley

La batalla por el Trasvase Tajo-Segura entra en una nueva fase. En un momento en el que el Gobierno central avanza en la reforma de las reglas de explotación que podría reducir entre un 40% y un 50% los envíos de agua al Levante, regantes y Gobierno regional empiezan a diseñar una estrategia de resistencia que combinará negociación política, recursos judiciales y movilización social. Y esta vez el aviso llega con un mensaje inequívoco: si para ejecutar los cambios es necesario tocar la legislación del trasvase, el conflicto se trasladará también a los tribunales superiores y a las instituciones europeas.

Ese fue el principal mensaje que dejó la reunión celebrada este viernes entre el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, y la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), un encuentro en el que ambas partes escenificaron una posición común frente al recorte que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica.

La cita, la segunda que mantiene Buendía con los regantes desde su llegada a la Consejería hace apenas unos días, sirvió para coordinar la estrategia política, jurídica y técnica con la que pretenden afrontar el proceso de planificación hidrológica actualmente en marcha.

El consejero insistió en que la Región no aceptará una reducción de recursos que, según denunció, carece de justificación técnica, hídrica o medioambiental. "El trasvase no puede ir a menos. De hecho, incluso debería ir a más", afirmó, defendiendo que la agricultura del sureste dispone de capacidad para seguir creciendo y aumentar su contribución a la producción alimentaria nacional y europea.

Buendía avanzó que su primer movimiento será presentar una “propuesta de paz hídrica" al Ministerio de Agricultura y al Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo pasa por intentar sacar el debate del terreno político y abordar una planificación nacional que permita compatibilizar las necesidades de todos los territorios.

Sin embargo, el Gobierno regional también prepara un escenario de confrontación si el Ejecutivo sigue adelante con la reforma. "Vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance", advirtió el consejero, que insistió en que la Región no está dispuesta a asumir el coste económico y social de un recorte que afectaría directamente a miles de explotaciones agrarias.

La reunión sirvió además para reforzar una reivindicación que hasta hace poco apenas aparecía en el debate público: la posibilidad de ampliar la superficie regable de la Región de Murcia. Frente al discurso centrado exclusivamente en evitar nuevos recortes, Buendía defendió que la Comunidad dispone de infraestructuras, tecnología, experiencia y suelo agrícola suficiente para aumentar la actividad productiva si cuenta con más recursos hídricos.

"No sólo tenemos que pensar en que no se recorte el agua; también podemos plantear que tenemos capacidad para producir más", señaló. El consejero recordó que existen terrenos agrícolas actualmente infrautilizados o abandonados por falta de recursos y sostuvo que disponer de mayores dotaciones permitiría frenar procesos de desertificación y rentabilizar inversiones realizadas durante décadas.

Una tesis que fue respaldada por el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, quien denunció el diferente trato que reciben otras cuencas españolas donde se plantean ampliaciones de decenas de miles de hectáreas de regadío mientras en el sureste cualquier propuesta en ese sentido genera rechazo político y social.

Pero el capítulo más contundente de la jornada llegó al abordar la respuesta jurídica que prepara el sindicato de regantes. Jiménez confirmó que el Scrats agotará todas las vías legales disponibles para intentar frenar la reforma. El sindicato presentará acciones de nulidad, recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando proceda y está dispuesto incluso a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fuera necesario.

La estrategia cobra especial relevancia porque los regantes consideran que la futura modificación de las reglas de explotación podría obligar a alterar aspectos esenciales de la legislación vigente del trasvase. Según defienden, si el Ministerio toca determinados elementos estructurales del sistema, la reforma no podría limitarse a una modificación reglamentaria y exigiría cambios legales de mayor alcance.

"Nos vamos a oponer al primer movimiento que haga el Ministerio", advirtió Jiménez, convencido de que los próximos meses serán decisivos para el futuro del regadío en Murcia, Alicante y Almería.

A esa ofensiva judicial se sumará una campaña de presión pública que el presidente del Scrats definió de forma gráfica. "Vamos a estar denunciando esto por tierra, por mar y por supuesto por aire", afirmó.

La frase resume el clima que se respira actualmente entre los usuarios del trasvase. Los regantes consideran que la reforma impulsada por el Gobierno supone un paso más en una estrategia orientada a reducir progresivamente las aportaciones del acueducto y anticipan que responderán con movilizaciones si los cambios continúan adelante.

Mientras tanto, la Comunidad Autónoma y el sindicato intentarán mantener abierta una última vía de diálogo con Madrid. Pero tanto el Ejecutivo regional como los regantes asumen ya que el futuro del Trasvase Tajo-Segura se jugará simultáneamente en las mesas de negociación, en las Cortes Generales, en los tribunales y en la calle.