Sierra Espuña, ante el Constitucional: admiten el recurso contra la ley que buscaba salvar el rally Subida a La Santa

La ley impulsada por PP y Vox para facilitar el regreso del histórico rally de La Santa y responder a las reivindicaciones planteadas desde Totana ha llegado al Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo ha formalizado el recurso de inconstitucionalidad solicitado por Ecologistas en Acción de la Región Murcia contra la norma que redujo los límites del Parque Regional de Sierra Espuña para excluir del espacio protegido el entorno de La Santa y un tramo de la carretera RM-502. La modificación fue presentada por sus promotores como una solución para compatibilizar la celebración de las romerías de Santa Eulalia y la recuperación de la prueba automovilística con la protección ambiental. Sin embargo, desde su tramitación estuvo acompañada de advertencias jurídicas sobre su posible incompatibilidad con la legislación estatal de espacios naturales protegidos, unos reparos que ahora han desembocado en la intervención del Defensor del Pueblo.

La organización ecologista ha recibido este jueves la comunicación oficial, fechada el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en la que la institución que dirige Ángel Gabilondo confirma la presentación del recurso contra la Ley 1/2026, de 2 de marzo, aprobada por la Asamblea Regional.

Denuncian a los portavoces de PP y Vox por un presunto delito de prevaricación

Según traslada el Defensor del Pueblo, la decisión se adopta tras apreciar un posible incumplimiento de la legislación básica estatal en materia de espacios naturales protegidos. En el escrito remitido a Ecologistas en Acción se sostiene que existe una contradicción entre la norma autonómica y las leyes estatales que regulan la modificación de los límites de estos espacios, lo que derivaría en una inconstitucionalidad indirecta de la ley regional.

La controversia se remonta a la proposición registrada por los grupos parlamentarios Popular y Vox en febrero de 2025 para modificar los límites del parque y excluir del mismo la zona recreativa y monumental de La Santa, así como la carretera RM-502 y su área de afección. Un año después, la iniciativa fue acelerada mediante el procedimiento de urgencia y aprobada en lectura única por la Asamblea Regional.

El recurso llega después de que los propios Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional advirtieran de los riesgos legales de la propuesta. En su dictamen, señalaron que la exclusión de terrenos de un espacio protegido no estaba respaldada por estudios científicos ni por cambios derivados de la evolución natural del entorno, requisitos exigidos por la legislación estatal. También alertaron de una posible vulneración del principio de no regresión ambiental, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

¿Delito de prevaricación?

La reforma legal fue interpretada desde el primer momento como un intento de desbloquear el regreso del rally de La Santa, suspendido en su trazado tradicional por las restricciones ambientales, una expectativa que tanto Ecologistas en Acción como la oposición consideraron jurídicamente inviable desde el inicio.

La organización ecologista ha pedido ahora al Gobierno regional que se abstenga de autorizar cualquier prueba automovilística vinculada a esta modificación legal mientras el Alto Tribunal no se pronuncie. Paralelamente, la organización ha denunciado ante la Fiscalía a los portavoces parlamentarios de PP y Vox por un presunto delito de prevaricación, al considerar que impulsaron la tramitación urgente pese a conocer previamente las advertencias jurídicas

"La única solución para el rally es una modificación de la normativa ambiental", señala Martínez Baños

La noticia refuerza las previsiones que ya manejaban distintos actores políticos e institucionales. El diputado socialista Alfonso Martínez Baños considera que el desenlace era "previsible" y sostiene que el Defensor del Pueblo "lo ha visto clarísimo". A su juicio, el Gobierno de España podría seguir el mismo camino si fracasa la negociación abierta con la Comunidad Autónoma.

Martínez Baños insiste en que la única vía viable para recuperar el rally de La Santa pasa por modificar la normativa de planificación ambiental. "La única alternativa para que se pueda realizar esta prueba es una modificación que permita su celebración con todas las garantías ambientales necesarias", afirma.

Mientras se espera la resolución del Constitucional y el resultado de las conversaciones entre administraciones, el futuro de la ley queda envuelto en una incertidumbre que vuelve a situar el debate entre conservación ambiental, tradiciones locales y actividad deportiva.