Los hoteleros de la Región de Murcia exigen acabar con el registro de viajeros obligatorio tras el 'toque' de Bruselas al Gobierno

Las británicas Olivia y Mary, madre e hija, han decidido escaparse a la Región de Murcia en busca de unos días de descanso y de disfrute de sol y playa. Tras aterrizar en Corvera pasada la media tarde, el siguiente reto que tienen por delante es lograr dar con un taxi que las pueda llevar hasta el hotel de La Manga donde van a alojarse. Llegan ya al punto indicado de noche y cansadas tras horas de espera en el aeropuerto de origen y en el propio vuelo.

Van con sus maletas a mano a cuestas, pero ven más cerca la posibilidad de dejar el equipaje y entrar de una vez en la habitación para descansar. Eso es lo que en unos minutos podrían hacer en cualquier hospedaje de otro país con un 'chek in' básico, pero desconocen que en España tienen que aportar un 'extra' importante de datos a comunicar una vez que son atendidas por los recepcionistas del hotel.

Más allá de todos los datos personales, correos electrónicos o teléfonos, también tienen que esperar a que el personal rellene al completo otros datos sobre la estancia, las fechas en las que se van a alojar, la forma de pago, la cifra de la tarjeta de crédito de la reserva, quién la efectúa y quién la paga... Y todos esos datos deben estar 'custodiados' durante tres años tras volcarse a la aplicación ‘ses.hospedajes’ en un plazo inferior a 24 horas.

"Un verdadero caos" fue lo que denunciaron hoteles, agencias de viajes, plataformas digitales o empresas de alquiler de coches de la Región de Murcia cuando se puso en marcha el real decreto relativo al registro de viajeros del Gobierno de España en diciembre del pasado año y que ahora recibe el respaldo de la Comisión Europea tras decidir expedientar al Ejecutivo central al considerar "excesiva" la información requerida y "desproporcionado" que los establecimientos tengan que conservarla durante todo ese tiempo. El 'tirón de orejas' de Bruselas ha recibido el aplauso del sector turístico regional, que reitera que se deje de imponer esta carga burocrática y administrativa "excesiva" a los negocios.

"Inseguridad jurídica y costes adicionales"

"Esperamos que este procedimiento sirva para corregir una regulación que ha generado inseguridad jurídica, costes adicionales para las empresas y dificultades operativas, sin que se haya demostrado que las medidas exigidas fueran proporcionales a los objetivos perseguidos", señala el presidente de la patronal HoyTú, Bartolomé Vera.

El turismo de la Región y el del conjunto del país, añade, "necesita normas eficaces para garantizar la seguridad, pero también proporcionadas, viables y respetuosas con los derechos fundamentales y con la legislación europea".

En la misma línea se pronuncia José Catalá, director del hotel Thalasia de San Pedro del Pinatar y presidente de Hostetur, que recuerda que el sector turístico ya advirtió desde el principio de que la aplicación del nuevo registro iba a suponer una carga administrativa «muy grande» en un momento especialmente sensible para los establecimientos: el del check-in. «La gente no se da cuenta, pero es un momento muy delicado de la operativa de los hoteles» porque el viajero «quiere llegar al hotel, registrarse e ir cuanto antes a su habitación».

Por eso, sostiene que las nuevas exigencias suponen una carga «exagerada» para los negocios. Además, apunta a las dudas sobre el encaje de la medida con la normativa de protección de datos y cuestiona la finalidad real del sistema.

El representante de Hostetur también critica la actitud del Ministerio del Interior durante la tramitación y aplicación de la norma. «Desde el sector hemos visto desde el principio un enconamiento bastante sorprendente. No ha habido disposición en ningún momento a negociar con las organizaciones turísticas, absolutamente nada», lamenta.

También Carmen Ayala, directora del Hotel AC de Cartagena y presidenta de Alianza por el Turismo, incide en que el sector turístico «siempre ha colaborado con las autoridades en materia de seguridad», pero defiende que cualquier obligación de información debe ser «proporcionada, viable y respetuosa con la privacidad de los viajeros», además de compatible con la normativa europea.

«Es molesto para los clientes porque no entienden por qué se piden tantos datos durante el 'check-in

En su opinión, el pronunciamiento de la Comisión Europea abre una oportunidad para revisar la regulación y buscar «un equilibrio entre seguridad, competitividad y protección de datos». Ayala advierte de que la acumulación de datos exigidos genera problemas en la operativa diaria de los alojamientos. «En un mostrador de recepción, a la hora de recoger datos, la gente no lo entiende, porque el tiempo que tardamos en cumplimentarlos es un problema», explica.

Esa situación, añade, provoca «molestias» entre los clientes, que preguntan por qué se les requiere tanta información, e incluso puede derivar en «daños reputacionales» para las empresas. Además, recuerda que la medida obliga a adaptar programas informáticos, formar al personal y asumir nuevos riesgos de cumplimiento. «Lo que no me parece razonable es que las empresas turísticas nos convirtamos en gestores de bases de datos. Al final es lo que somos ahora para el Ministerio del Interior», lamenta.

La Comunidad lamenta "una forma de legislar basada en la imposición"

Por su parte, desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes también señalan que esta situación vuelve a poner de manifiesto "una forma de legislar basada en la imposición y no en el diálogo" y denuncian que el Gobierno central "ha ignorado reiteradamente las peticiones de revisión planteadas tanto por el sector profesional como por las comunidades, sin buscar consensos ni evaluar adecuadamente el impacto real de las medidas sobre la actividad turística".

Desde la Comunidad también advirtieron entonces que este registro de viajeros impondría una mayor "carga administrativa" para las empresas que generaría "dudas jurídicas" sobre su compatibilidad con la normativa europea de protección de datos.

Desde el departamento que dirige Carmen Conesa apuntan también que el turismo es un sector estratégico para España y para la Región de Murcia, por lo que "cualquier regulación debe construirse desde la colaboración, la seguridad jurídica y el respeto a las competencias autonómicas, evitando imponer cargas innecesarias que perjudiquen la competitividad de nuestras empresas".