Política
La Región de Murcia denuncia ante el Supremo que la regularización de inmigrantes vulnera su autonomía financiera
Considera que ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conlleva un incremento del número de destinatarios de prestaciones, cuya gestión le corresponde: "Sin diálogo y sin financiación no podemos aceptar este proceso"
La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, este jueves en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno / L.O.
Añádenos en Google
Como ya anunció, el Gobierno regional ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno de España que regula el procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes.
La portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Gobierno de Fernando López Miras considera que "esta norma afecta directamente a sus competencias autonómicas", puesto que no existe "ni financiación suficiente ni mecanismos reales de coordinación con las comunidades autónomas".
"No se pueden tomar ese tipo de decisiones desde Madrid, sin diálogo con las comunidades autónomas, que somos las que vamos a recibir el impacto directo de esa regularización", manifestó López Aragón, asegurando que el real decreto "ha generado una gran desorganización y un caos a todos los servicios municipales y autonómicos". "Sin diálogo y sin financiación no podemos aceptar este proceso", subrayó.
Creen que la medida puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral
El Ejecutivo regional considera que la medida vulnera del principio de autonomía financiera, pues ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conlleva un incremento del número de personas potencialmente destinatarias de prestaciones, cuya gestión corresponde a la Comunidad, sin que se haya previsto un incremento de financiación que permita cubrir ese aumento del gasto.
Asimismo, considera que vulnera el principio de lealtad institucional y que va en contra de la Directiva de la Unión Europea que reserva la regularización a supuestos excepcionales debidamente motivados y limitados.
Otro motivo es que su aplicación puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral y para las empresas de la Región, especialmente en los casos vinculados a autorizaciones de residencia por arraigo. En concreto, se considera que la normativa no garantiza mecanismos claros de información a los empleadores afectados y podría derivar en sanciones o responsabilidades para empresas que contrataron o actuaron conforme a la legalidad y de buena fe.
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
- La Policía denuncia a un concejal de Vox en Murcia por llevar un espray de pimienta ilegal con el que presuntamente amenazó a un inmigrante
- Un hombre, en coma inducido tras ser hallado inconsciente y ensangrentado en un jardín de Murcia
- Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura
- Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia
- Detenida una concejala de Vox en Ceutí acusada de falsificar una firma en un contrato de alquiler
- Un incendio que genera una enorme columna de humo negro obliga a desalojar a los trabajadores de una chatarrería en Murcia
- Santomera celebra sus Moros y Cristianos del 19 al 28 de junio con Camela y seis comparsas: consulta el programa completo
