Sanidad, colegios sin climatizar y el misterio del Ursa Major marcan un pleno de la Asamblea de alto voltaje

La sesión plenaria de la Asamblea Regional transcurrió este martes entre acusaciones cruzadas, referencias a escándalos políticos y debates que acabaron alejándose en más de una ocasión de los asuntos incluidos en el orden del día. La sanidad estival, la climatización de los colegios, los riesgos derivados del hundimiento del buque ruso frente a la costa murciana y la prevención de incendios marcaron la jornada.

Los reproches por distintos casos de corrupción protagonizaron buena parte del debate de una moción socialista sobre la contratación de personal para garantizar el funcionamiento de hospitales, centros de salud y consultorios durante el verano. Las continuas alusiones a las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como las referencias a la trama de las prótesis sanitarias y a las incidencias en el programa de cribado de cáncer de mama, obligaron en varias ocasiones a la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, a pedir a los diputados que se ciñeran al contenido de la iniciativa.

La propuesta, defendida por la viceportavoz socialista Marisol Sánchez, fue rechazada con los votos del Partido Popular y de los diputados del Grupo Mixto José Ángel Antelo y Virginia Martínez. PSOE y Podemos-IU la respaldaron, mientras que Vox optó por la abstención.

Durante su intervención, Sánchez reprochó al Ejecutivo autonómico que siga sin cumplir acuerdos aprobados anteriormente sobre esta materia y aseguró que esa actitud se ha convertido en una constante. La diputada elevó el tono al acusar al Gobierno regional de representar una "amenaza" para la salud pública y afirmó que veía a la bancada popular "muy nerviosa" cuando se mencionaban asuntos como la trama de las prótesis o los problemas detectados en los cribados. A su juicio, el Ejecutivo de Fernando López Miras es ya un "gobierno caducado".

Las críticas se intensificaron desde Podemos. La portavoz María Marín instó a los responsables de la Consejería de Salud a dejar de "trincar pasta con las prótesis caducadas", mientras que Virginia Martínez reclamó un "cordón sanitario" al PSOE y sostuvo que no debería prosperar ninguna iniciativa socialista mientras no se plantee la dimisión de Pedro Sánchez, la disolución del partido y la convocatoria de elecciones.

Desde Vox, Eugenia Sánchez atribuyó los problemas de planificación de las sustituciones estivales a "décadas de mala gestión del bipartidismo" y censuró las políticas "continuistas" del PP, al que también reprochó su falta de oposición al Ejecutivo central.

Por parte del Grupo Popular, Antonio Martínez Pastor acusó al PSOE de utilizar una "moción instrumental" para desviar la atención de otros asuntos de ámbito nacional. El diputado recordó además el elevado volumen de contrataciones que realiza cada verano el Servicio Murciano de Salud para garantizar la cobertura asistencial (cerca de 6.000 contrataciones), aunque la planificación correspondiente a este año continúa ultimándose.

La jornada dejó también otros acuerdos relevantes. Por ejemplo, prosperó una moción de Vox sobre prevención de incendios forestales, mientras que fueron rechazadas las propuestas socialistas para elaborar un Plan Director de Cultura y la iniciativa de Podemos-IU para adaptar la regulación de las familias numerosas a la realidad demográfica actual.

En este último caso, la Cámara respaldó una enmienda a la totalidad del PP que mantiene de forma expresa la denominación de familia numerosa y rechaza sustituirla por otras fórmulas como "familias con mayores necesidades de apoyo de crianza".

Climatización en las aulas

La Asamblea dio luz verde a la petición para que el Gobierno de España modifique el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), con el fin de facilitar la implantación de sistemas de climatización descentralizados en centros educativos públicos y concertados.

El diputado popular Víctor Martínez-Carrasco defendió que el problema afecta a buena parte del país y sostuvo que la normativa vigente no está pensada para muchos colegios construidos antes de 2007. Según explicó, las exigencias técnicas del reglamento obligan en muchos casos a recurrir a sistemas centralizados "mucho más complejos y mucho más costosos".

El PSOE rechazó ese planteamiento. Juan Andrés Torres criticó que el PP atribuya al RITE la situación que viven muchos alumnos en plena ola de calor y aseguró que los populares llevan años sin actuar pese a tratarse de una normativa aprobada en 2007.

La iniciativa incorporó una enmienda parcial de Vox para extender la medida también a los centros concertados. No obstante, el diputado Pascual Salvador consideró que el asunto requeriría un análisis más profundo en comisión parlamentaria con la participación de expertos.

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos defendió que no es necesario modificar el reglamento y aseguró que existen interpretaciones técnicas suficientes para resolver el problema.

El Ursa Major y las incógnitas sobre su hundimiento

Otro de los asuntos que obtuvo el respaldo de la Cámara fue la iniciativa del Partido Popular para reclamar una evaluación integral de los posibles riesgos asociados al hundimiento del buque mercante ruso Ursa Major, ocurrido en diciembre de 2024 a unas 60 millas de la costa murciana.

La propuesta, apoyada por Vox y rechazada por el PSOE, solicita al Gobierno central que realice un análisis técnico exhaustivo de la situación, refuerce los mecanismos de seguimiento y mejore la coordinación informativa con la Comunidad Autónoma.

La diputada popular María Casajús denunció durante el debate los "diecisiete meses de silencio" que, a su juicio, ha mantenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a este asunto. La parlamentaria defendió que la ciudadanía tiene derecho a conocer toda la información relevante y lamentó que algunos detalles hayan trascendido a través de investigaciones periodísticas internacionales.

Casajús recordó que el buque se hundió tras varias explosiones a bordo en aguas internacionales del Mediterráneo occidental y señaló que la cuestión ya no es únicamente conocer qué ocurrió, sino determinar qué se sabe actualmente y qué actuaciones se están desarrollando para descartar cualquier riesgo ambiental, económico o de seguridad.

La diputada criticó además la escasa información facilitada hasta ahora sobre la carga que transportaba el mercante, las evaluaciones realizadas o el seguimiento técnico del pecio. También reclamó el mismo nivel de transparencia que, según indicó, se exigió en otros episodios con impacto ambiental, como la crisis de los pellets en Galicia.

La iniciativa plantea igualmente la participación de organismos competentes en materia de seguridad nuclear, protección ambiental y seguridad marítima para despejar cualquier duda sobre las consecuencias futuras del siniestro.