La Tutoría del Mar Menor eleva la presión: rechazo a la reforma de PP y Vox y lupa sobre los cultivos junto a la Sierra Minera

La laguna encara un verano marcado por la presión turística, el uso recreativo de sus aguas y los desafíos ambientales aún pendientes y los órganos de participación creados tras el reconocimiento de su personalidad jurídica intensifican sus exigencias a las administraciones. La última reunión del Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor ha evidenciado tanto los consensos alcanzados en torno a la defensa del ecosistema como las discrepancias existentes con el Gobierno regional sobre algunas de las medidas planteadas.

El Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor acordó este lunes rechazar las modificaciones de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor impulsadas en la Asamblea Regional por PP y Vox, reclamar más información sobre los cultivos situados en zonas afectadas por contaminación por metales pesados en el Campo de Cartagena y abrir el debate sobre una posible revisión de la regulación de la navegación a motor en la laguna.

La reunión, celebrada en la Oficina Técnica del Mar Menor, en Murcia, reunió a los siete representantes vecinales y sociales que forman parte del órgano, junto a los representantes de las administraciones públicas. Según explicó el portavoz de Pacto por el Mar Menor y miembro del comité, Ramón Pagán, se abordaron cerca de una treintena de asuntos.

Uno de los acuerdos más relevantes fue el respaldo a la posición ya expresada por el Comité Científico y la Comisión de Seguimiento frente a las iniciativas parlamentarias de PP y Vox para modificar la Ley 3/2020. "No procede, no es conveniente y es rechazable", sentencia Pagán sobre la valoración realizada durante el encuentro. Según indicó, la Administración regional se abstuvo durante la votación, mientras que los representantes de la Administración General del Estado apoyaron el acuerdo.

Otro de los asuntos que ocupó el debate fue la preocupación por el polémico informe de la UPCT que alerta sobre la existencia de terrenos agrícolas próximos a la Sierra Minera con presencia de metales pesados. Ante esta situación, el comité solicitará al Comité Científico una evaluación de los estudios realizados por la Universidad Politécnica de Cartagena y preguntará a la Consejería de Agricultura qué medidas preventivas está aplicando para garantizar la seguridad de los productos agrícolas procedentes de estas zonas.

La navegación a motor en el interior del Mar Menor fue otro de los grandes focos de discusión. El Comité de Representantes expresó su preocupación por el incremento de motos acuáticas y por el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos para embarcaciones y vehículos náuticos.

Como consecuencia, se acordó solicitar al Comité Científico otro estudio específico que cuantifique el impacto ambiental de esta actividad sobre la laguna y sobre las zonas de baño. El objetivo es determinar si resulta necesario modificar la normativa vigente. Además, los representantes apoyaron reforzar la vigilancia durante la temporada estival, impulsar mecanismos de colaboración entre los cuatro municipios ribereños y reclamar una mayor coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local.

Entre las medidas planteadas figura también la petición para que no se concedan nuevas licencias a escuelas náuticas o actividades vinculadas al uso de motos de agua dentro del Mar Menor. Según relató Pagán, fue precisamente este punto uno de los que generó más diferencias con la Administración regional. "Hemos pedido estudiar si, como ocurre en otros espacios protegidos de España, debería limitarse la práctica de la motonáutica en la laguna", señaló.

El comité también acordó solicitar una inspección en la finca Garci Pérez-La Boquera, después de que varias organizaciones sociales y ecologistas trasladaran su preocupación por posibles actuaciones que estarían incrementando las escorrentías hacia el Mar Menor y afectando a poblaciones cercanas. Será la primera ocasión en que este órgano traslade formalmente una alerta ciudadana a la Dirección General de Aguas de la Comunidad Autónoma.

Reclaman el PORN del Mar Menor y jornadas jurídicas

En paralelo, los representantes reclamaron una actualización de diversos instrumentos considerados esenciales para la recuperación ambiental de la cuenca, entre ellos el Programa de Actuaciones para la Prevención de la Erosión y la Conservación del Suelo, el plan de actuación de las zonas vulnerables a nitratos, el plan hidrológico-forestal y las estrategias de renaturalización destinadas a frenar avenidas y arrastres de sedimentos.

La reunión sirvió igualmente para insistir en la necesidad de acelerar la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor y la actualización de los planes urbanísticos municipales. Pagán recordó que la ley de protección de la laguna fijó un plazo de tres años para tener el PORN. "Estamos en 2026 y aún no sabemos nada", lamentó.

Por último, el comité valoró positivamente la participación de la Tutoría del Mar Menor en procedimientos judiciales relacionados con la defensa de la laguna gracias a la personalidad jurídica reconocida por la Ley 19/2022. Los representantes también respaldaron la organización de jornadas jurídicas destinadas a aclarar el alcance de esta figura pionera y su aplicación práctica en los tribunales.

La sesión concluyó con una reivindicación compartida por los representantes sociales: aumentar la transparencia sobre el trabajo desarrollado por los órganos de la Tutoría y trasladar con mayor rapidez a la ciudadanía los acuerdos adoptados en defensa del Mar Menor.