Isla Grosa y El Farallón estrenan vigilancia estival

En la costa murciana, donde la línea entre el turismo estival y la fragilidad ecológica es especialmente delgada, Isla Grosa y El Farallón vuelven a situarse bajo un dispositivo específico de protección. El arranque del verano no solo marca la llegada de visitantes, sino también la reactivación de un sistema de vigilancia que busca ordenar usos, reducir impactos y evitar que la presión humana comprometa uno de los enclaves más sensibles del litoral mediterráneo.

El Gobierno regional ha puesto en marcha, desde este lunes 1 de junio, el Servicio de Vigilancia y Control de visitantes en el Paisaje Protegido de Isla Grosa y El Farallón, integrado en el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea. El objetivo es evitar impactos sobre la biodiversidad terrestre y marina en los meses de mayor afluencia.

El dispositivo combina guardas rurales, buzos, patrones de embarcación y medios técnicos que supervisan navegación, fondeo, pesca o desembarcos no autorizados. A ello se suma una labor menos visible pero relevante, la sensibilización de quienes llegan hasta este entorno. También se encargarán del mantenimiento de boyas y sistemas de fondeo, extendiendo su actuación a zonas cercanas como Cabo de Palos y áreas de protección de especies sensibles.

La regulación establece restricciones especialmente estrictas hasta el 1 de septiembre. La navegación queda prohibida en una zona de conservación prioritaria de 300 metros alrededor de las islas, salvo autorizaciones concretas para buceo, turismo activo o investigación científica. Los barcos recreativos deberán utilizar boyas de fondeo público para evitar daños en praderas submarinas de Posidonia oceanica, clave para la salud del ecosistema.

"La protección de estos enclaves debe ser una responsabilidad compartida"

Desde la Administración regional, la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó el enfoque de corresponsabilidad al afirmar que "la protección de Isla Grosa y El Farallón es una responsabilidad compartida", defendiendo una gestión que permita compatibilizar uso público y conservación.

Críticas en 2025

El dispositivo llega tras un año marcado por críticas del sector del buceo y colectivos ecologistas. En 2025 denunciaban la ausencia de vigilancia efectiva y los daños derivados de la presión náutica. El miembro de la Asociación de Centros de Buceo de la Región, Ignacio Larrea, describía entonces una situación realmente problemática y cuestionaba el mantenimiento de tasas sin un servicio activo, lo que alimentó el malestar del sector. A ello se sumaban incidentes de pesca furtiva y situaciones de riesgo para buceadores en un espacio catalogado como ZEPA. En 2024, última dato conocido, llegaron a registrarse 25 denuncias por infracciones que afectaban a los valores naturales de la zona.

El refuerzo actual del servicio se presenta, al menos en parte, como una respuesta a ese contexto, con la intención de consolidar un modelo de control continuado en uno de los espacios más sensibles del litoral murciano y con mayor valor ecológico del Mediterráneo occidental.