Exigen arranques e indemnizaciones para frenar la clorosis nervial amarilla en los cítricos de la Región

La irrupción de la clorosis nervial amarilla en los cítricos murcianos amenaza con abrir un nuevo frente para el sector agrario regional. La gestión de esta enfermedad vegetal será, además, una de las primeras cuestiones a las que tendrá que dar respuesta el nuevo consejero de Agricultura, Joaquín Buendía, que toma posesión de su cargo este sábado en un contexto marcado por la preocupación de agricultores y organizaciones profesionales.

La publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de la resolución que declara oficialmente la presencia de la clorosis nervial amarilla de los cítricos y establece medidas urgentes para su control ha provocado una reacción inmediata de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA Murcia), que considera insuficiente el contenido de la norma y reclama cambios urgentes.

La organización agraria valora que la Administración regional haya dado el paso de reconocer oficialmente la enfermedad y activar medidas fitosanitarias para contener su expansión. Sin embargo, sostiene que la resolución deja fuera un aspecto que considera decisivo para frenar el avance del virus: la eliminación de las plantaciones infectadas acompañada de un sistema de indemnizaciones para los agricultores afectados.

Según recuerda UPA, la experiencia de otros países donde ya se ha detectado esta enfermedad demuestra que puede provocar malformaciones en los frutos, pérdidas de calibre, debilitamiento de los árboles y descensos de producción de entre el 20 y el 40 por ciento. Por ello, insiste en que la actuación debe ser contundente desde los primeros focos para evitar una propagación generalizada. Cabe recordar que, según fuentes autonómicas, de momento se han detectado cinco casos en explotaciones de Blanca y Mula.

El secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno, lamentó que la resolución se haya publicado sin que las organizaciones profesionales agrarias hayan podido conocer previamente su contenido. "Llevamos semanas transmitiendo a la Consejería de Agricultura la necesidad de actuar con urgencia ante la confirmación de la presencia de la enfermedad y nos ha sorprendido ver la publicación de la resolución sin que haya habido consultas sobre su contenido", afirmó.

Moreno reconoció que muchas de las medidas incluidas son adecuadas, entre ellas el refuerzo del control sobre los insectos vectores, la desinfección de herramientas o la vigilancia del material vegetal susceptible de infección. No obstante, defendió que la fase inicial de la enfermedad exige ir más allá. "Es imprescindible eliminar las plantaciones infectadas para evitar su transmisión a otras sanas, pero debe hacerse basándose en indemnizaciones a los agricultores afectados", señaló.

Desde la organización agraria se sospecha que la ausencia de este mecanismo pueda estar relacionada con las dificultades para dotar presupuestariamente las compensaciones. UPA recuerda que la Ley de Sanidad Vegetal contempla el derecho de los productores a recibir indemnizaciones cuando las autoridades ordenan el arranque y destrucción de cultivos para combatir una plaga o enfermedad.

Mientras tanto, el Gobierno regional ha defendido que la decisión sobre posibles arranques se ha pospuesto siguiendo el criterio acordado en el Comité Fitosanitario Nacional y a la espera de contar con una imagen más precisa de la situación. Para ello se realizarán 700 prospecciones durante los próximos dos meses, además de intensificar la vigilancia en explotaciones, viveros, parques y jardines.

UPA considera, sin embargo, que la incertidumbre sobre el alcance real del problema no puede retrasar actuaciones inmediatas en los casos ya confirmados. La organización propone recurrir inicialmente a fondos de contingencia y advierte de que una respuesta insuficiente podría poner en riesgo la continuidad económica de numerosos municipios donde la citricultura constituye uno de los principales motores de actividad y empleo.