El abogado Javier Arauz, en Murcia, tras la histórica sentencia del Supremo: "La temporalidad abusiva de los interinos puede costarle ahora millones a ayuntamientos y comunidades"

¿Qué cambia realmente para los interinos y temporales tras esta sentencia del Supremo que dicta que solo se convertirán en fijos si han superado una oposición?

Cambia mucho. Para empezar, por primera vez tenemos ya una sentencia europea que determina que todas las medidas adoptadas en nuestro país son contrarias al Derecho de la Unión Europea y que, por tanto, esta sentencia aboga por la fijeza como solución. Hasta ahora los interinos no tenían nada: se les cesaba sin fijeza y sin indemnización. Ahora ya tienen un ‘suelo’ mínimo. Lo que dice la Sala de lo Social tras la sentencia del TJUE es que tienen derecho a la fijeza aquellos que ya han superado un proceso selectivo sin plaza, y son muchos. Pero además, quienes no hayan superado un proceso selectivo con plaza tienen derecho a una indemnización por despido, igual que cualquier otro trabajador, y también a una indemnización específica por abuso. Las indemnizaciones pueden alcanzar cifras importantes. De hecho, acabamos de ganar un caso en Madrid donde a un interino le han pagado 90.000 euros simplemente por el despido, a lo que habría que añadir la indemnización derivada del abuso, que podría ser una cantidad similar. Con lo cual, ahora mismo los interinos tienen algo que antes no tenían: o bien fijeza o bien una indemnización disuasoria y proporcionada a los años que han estado en abuso.

Eso abre la puerta a indemnizaciones millonarias a la que tendrían que hacer frente ayuntamientos y administraciones, ¿no?

Exactamente:estas indemnizaciones tienen que ser muy elevadas para disuadir a las administraciones públicas de seguir abusando de sus trabajadores temporales, o bien fijeza o bien una indemnización cuantitativamente muy elevada. Hay que tener en cuenta que las indemnizaciones deben ser disuasorias y lo que puede ser disuasorio para un pequeño empresario no lo es para una administración pública que maneja fondos millonarios y que además paga con dinero de los contribuyentes. Por eso las indemnizaciones tienen que ser tan elevadas que impidan que en el futuro ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o el propio Estado sigan abusando de sus trabajadores temporales.

Por lo que dice, el impacto presupuestario para las administraciones puede ser muy serio entonces...

Así es. Por eso consideramos dos cosas. La primera es que la estabilización y la fijeza son la solución más barata para todos, incluida la Administración, porque estos trabajadores llevan años demostrando capacidad y mérito en sus puestos. La segunda es que la Comisión Europea ya ha retenido a España 620 millones de euros de fondos estructurales precisamente por no haber cumplido la directiva europea en materia de temporalidad pública. Además, la Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses —que vence el 29 de junio— para que España legisle. Si no lo hace, podría presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Reino de España. Por tanto, creemos que el Estado debe legislar ya, aunque las comunidades autónomas también pueden actuar si el Estado no lo hace. Y los tribunales deben empezar a aplicar directamente la doctrina europea.

En la Región de Murcia, según los últimos datos de la EPA, hay unos 37.500 empleados públicos temporales, superando el 33% de tasa.

A nivel estatal estamos en un 32,32%, incluyendo ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones y el Estado. Prácticamente ninguna comunidad autónoma está por debajo de ese porcentaje. Además, hay sectores donde la temporalidad es muchísimo mayor, como la sanidad, donde alcanza el 41%. Incluso existen centros de trabajo y oficinas donde la temporalidad llega al 100%. Y otro dato importante: el 75% de las personas afectadas son mujeres.

Antes mencionaba el caso de los 90.000 euros de un funcionario de Madrid. ¿Cómo funcionan esas indemnizaciones?

Aquí hay que distinguir varios grupos. Por un lado, están quienes están o han estado en abuso. Estas personas tienen derecho a fijeza si cumplen los requisitos o, en su defecto, a una indemnización. Y la indemnización es doble: Una indemnización por despido o cese, que puede ser de 33 días por año trabajado o de 20 días si el despido deriva de la Ley 20/2021 de estabilización. Y además, una indemnización específica por abuso. Las cantidades dependerán de factores como los años en situación de abuso, el número de contratos, las funciones desempeñadas, las retribuciones percibidas o los daños morales derivados de tantos años de precariedad laboral. Estamos hablando de una horquilla muy amplia de conceptos indemnizatorios. Además, la sentencia también establece que tienen derecho a indemnización los funcionarios interinos afectados por procesos de estabilización, los jubilados que hayan sufrido abuso, quienes ya no trabajan en el sector público o incluso quienes no quisieron participar en los procesos de estabilización. Es decir, la indemnización se extiende a todas las víctimas del abuso de temporalidad.

¿La nueva sentencia supone un cambio histórico o ante una solución parcial que todavía deja a muchos trabajadores fuera?

Son las dos cosas. Es un cambio histórico porque pasamos de una situación en la que en el sector público no se aplicaba ninguna medida sancionadora frente al abuso, a otra en la que sí empieza a haber consecuencias. Pero también es insuficiente. Creemos que la Sala de lo Social del Supremo no ha sabido interpretar correctamente la sentencia europea. Nosotros entendemos que la solución debe ser la fijeza para todos aquellos que han superado un proceso selectivo, porque todos los interinos, por mandato legal y constitucional, han tenido que superar un proceso sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia. Si una persona es funcionario interino es precisamente porque ha superado un proceso selectivo sometido a esos principios. No se puede decir ahora lo contrario para negarles la fijeza. O los han superado o no los han superado. Y si los han superado, todos ellos deben ser fijos. Además, la Comisión Europea parece estar en esta línea y considera que la fijeza es la única medida que cumple realmente la directiva europea. Porque el abuso no deriva de la forma de acceso, sino de la prolongación indebida de la temporalidad.

¿Qué debe hacer ahora un empleado público que haya estado en esta situación de abuso?

Reclamar ya y presentar demandas cuanto antes. Y no solo los temporales actuales: también, como he mencionado, los jubilados, los que ya son funcionarios de carrera, los cesados, y, en definitiva, todos aquellos que hayan sufrido abuso en cualquier momento. Lo que hemos conseguido después de 14 años de lucha ha sido doblegar al Estado español mediante la actuación de la Unión Europea. Ahora hay que aprovechar este momento para acabar con una precariedad laboral que prácticamente solo existe ya en España dentro del sector público.

Hay muchos que encadenan contratos durante décadas...

Sí, tengo clientes sanitarios que prácticamente firman un contrato diario: 365 contratos al año durante 10, 15 o incluso 35 años. Hay personas que se jubilan en precariedad laboral y esto tiene consecuencias personales, familiares y sociales muy graves. Un interino, por ejemplo, muchas veces no puede acceder a una hipoteca porque no tiene estabilidad laboral. Además, la precariedad implica abuso. Las administraciones mantienen a muchos trabajadores bajo presión permanente con la amenaza del despido. Hasta ahora, despedir a un interino era prácticamente gratis: podían echarlo tras 30 años de servicio sin fijeza y sin indemnización. Eso generaba situaciones de enorme presión y vulnerabilidad.

¿Qué es lo que espera que se hayan llevado en claro los funcionarios murcianos con los que mantuvo estos encuentros?

El objetivo ha sido el de ‘pincharles’ e impulsarles a actuar. Si se hubieran quedado callados, hoy seguirían exactamente igual: con despidos libres y gratuitos. Tienen que perder el miedo y reclamar sus derechos. Estamos ante una oportunidad única para cambiar la realidad laboral del sector público. Hay que hacerlo por ellos mismos, por todo lo que han sufrido y porque merecen ser compensados tras tantos años de precariedad.