El Scrats amenaza con movilizaciones si el Gobierno reforma el trasvase sin pasar por el Congreso

Crece la tensión y la incertidumbre vuelve a instalarse sobre el futuro inmediato del Trasvase Tajo-Segura. El movimiento del Ministerio para la Transición Ecológica para activar la reforma de las reglas de explotación del acueducto ha encendido todas las alarmas entre los regantes del Levante, que temen que los recortes de recursos hídricos lleguen antes de lo esperado y denuncian falta de información por parte del Gobierno. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, advirtió este miércoles de que el sector se mantendrá “expectante” ante los próximos pasos del Ejecutivo y no descartó movilizaciones si la modificación se realiza sin pasar por el Congreso.

El dirigente de los regantes aseguró que, pese a la información adelantada por La Opinión sobre el inicio oficial del procedimiento, el Ministerio todavía no les ha trasladado ninguna comunicación directa. "Como siempre, nos solemos enterar de estas cosas los últimos", lamentó, antes de recordar que son precisamente los usuarios del trasvase quienes financian “todo el cotarro que hay montado en torno al agua” a través de sus tarifas.

Las declaraciones llegan después de que fuentes del Ministerio confirmaran que ya está en marcha la reforma de las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura, un proceso que podría desembocar en un recorte superior a los 100 hectómetros cúbicos anuales para los regantes de Murcia, Alicante y Almería. El departamento que dirige Sara Aagesen ha iniciado así el itinerario técnico y administrativo que culminaría con la aprobación definitiva de las nuevas normas por parte del Consejo de Ministros y su posterior publicación en el BOE.

Desde el Scrats sostienen, sin embargo, que todavía existen numerosas incógnitas sobre el alcance real de la reforma y, sobre todo, sobre la vía jurídica que pretende utilizar el Ejecutivo. El presidente del sindicato recordó que las nuevas reglas debían haberse aprobado en 2025 y afirmó que la información de la que disponían hasta ahora apuntaba a que el Ministerio esperaría a la última sentencia pendiente del Tribunal Supremo, la relacionada con el Campo de Cartagena.

A su juicio, la información difundida por el Ministerio no aclara si el Gobierno pretende apoyarse en el informe elaborado en su día por el CEDEX, un escenario que, según defienden los regantes, obligaría a modificar la Ley 21/2015 y, por tanto, a llevar el debate al Congreso de los Diputados. “Nos parece descabellado que el Ministerio se plantee, a diez meses de unas elecciones, meterse en un tinglado de esa magnitud”, afirmó.

El Ministerio, no obstante, ha evitado pronunciarse explícitamente sobre una eventual tramitación parlamentaria. En la respuesta trasladada a este periódico, las fuentes ministeriales describen únicamente un procedimiento técnico y administrativo: trabajos previos del CEDEX y la Dirección General del Agua, debate en la Comisión Central de Explotación del ATS, informe del Consejo Nacional del Agua, aprobación en Consejo de Ministros y publicación en el BOE. Ninguna referencia expresa al paso por las Cortes Generales.

Ese silencio alimenta esa idea de que el Ejecutivo buscará alguna forma de tramitar los cambios sin debate parlamentario previo. Sin embargo, desde el Scrats insisten en que cualquier modificación que afecte al núcleo legal del sistema —como los niveles o los volúmenes estructurales trasvasables— exigiría necesariamente una reforma legal.

El presidente del sindicato avanzó que el sector permanecerá vigilante ante cualquier decisión del Ministerio y avisó de que también observarán el comportamiento de los representantes políticos de Murcia, Alicante y Almería si finalmente el asunto llega al Congreso. "Estaremos atentísimos a lo que van a hacer los políticos de estas regiones cuando llegue el momento", señaló.

La advertencia fue todavía más lejos en el caso de que el Gobierno opte por modificar las reglas de explotación sin cambiar la ley. En ese supuesto, anunció que los regantes prepararán un calendario de protestas y movilizaciones. "Lo que haremos seguro será preparar un plan de movilizaciones y visitar todas las dependencias del Gobierno en nuestras regiones y, por supuesto, en Madrid", afirmó.

Mientras tanto, el procedimiento abierto por el Ministerio inaugura una nueva etapa, de la que todavía se desconocen los plazos, de mucha tensión política y territorial en torno al trasvase. Cada movimiento, declaración o gesto técnico, jurídico o parlamentario será analizado por regantes, comunidades autónomas y partidos políticos.

El Gobierno regional eleva el tono

La consejera de Agricultura de la Región de Murcia, Sara Rubira, respaldó el discurso de los regantes e interpreta la reforma de las reglas de explotación como parte de una "·hoja de ruta" diseñada para acabar con el acueducto. "Están utilizando la planificación como coartada para seguir la hoja de ruta que tiene Pedro Sánchez de cerrar el Trasvase Tajo-Segura", afirmó, en referencia al acto electoral al celebrado por el líder socialista en Albacete hace ocho años.

La consejera advirtió además de que el horizonte de 2027 representa una amenaza directa para el futuro del regadío levantino y pidió implicación al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, para intentar frenar la reforma. A su juicio, el conflicto ya ha dejado de ser técnico para convertirse plenamente en político. "Esto es una decisión política y solamente la política la para", sostuvo, alineándose así con el diagnóstico expresado por el Sindicato Central de Regantes.

Rubira reclamó que el Ejecutivo central "paralice" unas nuevas reglas de explotación que, según dijo, "van a hacer mucho daño" a los agricultores y defendió nuevamente la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional "con sentido de Estado". La consejera insistió en la necesidad de impulsar infraestructuras hidráulicas que permitan transportar recursos "de donde sobra a donde falta", especialmente en un contexto en el que, recordó, la cabecera del Tajo atraviesa niveles históricamente altos.

"El objetivo es que los regantes puedan seguir trabajando y desarrollando su actividad como lo están haciendo hasta ahora", zanjó